Argentina y los fondos "buitre" que exigen el cobro de bonos en default se enfrentaron con dureza el miércoles en una audiencia ante la justicia estadounidense.
La audiencia en el Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva York duró dos horas y veinte minutos y ambas partes asestaron golpes a su adversario y recibieron incisivas preguntas de parte del panel de tres jueces, cuya sentencia definitiva demoraría hasta algunos meses.
Muestra de la importancia de la cita, el vicepresidente argentino, Amado Boudou, y al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, estuvieron presentes en la audiencia, que atrajo a unas 200 personas (más de 50 en la sala principal y otras 150 en otra sala que siguieron los debates a través de una pantalla).
"Argentina no va a ir más allá de sus políticas. Los gobiernos no pueden ser forzados a hacer algo que viola de manera fundamental sus principios", dijo el abogado Jonathan Blackman al advertir a los jueces que la administración de Cristina Kirchner no aceptará un fallo que beneficie a los fondos de riesgo pero que está dispuesta a reabrir un canje como los de 2005 y 2010.
De su lado, el letrado de NML Capital y Aurelius Capital, Theodore Olson, afirmó que Argentina "nunca" buscó negociar y recordó las palabras de Kirchner del año pasado "A los fondos buitre, ni un dólar", a la hora de justificar la necesidad de mantener la orden para que sus defendidos cobren lo adeudado.
Los bonistas que canjearon sus títulos, agrupados en el Exchange Bondholders Group (EBG), y el Bank of New York Mellon (BoNY), encargado de los pagos de Argentina, participaron en la audiencia como "interesados no parte", instando a los jueces a no afectarlos con el fallo que provoque un segundo default del país.
NML Capital y Aurelius Capital esperan que el tribunal ratifique la sentencia actualmente en suspenso del juez federal Thomas Griesa que obliga a Argentina a pagar 1330 millones de dólares de capital e intereses adeudados desde 2001.
Griesa les reconoció el pari passu (tratamiento equitativo), por el cual deben recibir el mismo trato que los tenedores de bonos canjeados a la hora de cobrar lo que se les debe.
Este fallo, avalado por el tribunal de Apelaciones, puso en peligro de default técnico a Argentina, que apeló y logró la suspensión de la orden hasta que se dicte sentencia definitiva.
