Admitió errores, pero la última cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera fue un recuento de sus logros económicos, que no han sido menores, y una reafirmación de ciertos principios.
Usó las números para comparar favorablemente su gestión con la de su predecesora, Michelle Bachelet, quien pese a estar invitada no asistió a la ceremonia.
"Gobernar no es una tarea fácil —dijo—, hemos cometido errores, pero hemos entregado nuestro mejor esfuerzo para cumplir a los chilenos".
Fue enfático en que "Chile hoy es un mejor país que el que era tres años atrás". "Chile está creciendo con fuerza, casi alcanzamos el pleno empleo; la pobreza y desigualdad han bajado; los salarios están aumentando con vigor. Todos coinciden que la educación es mejor y la delincuencia bajó".
En esta línea, aseguró que si el país mantiene el actual rumbo, antes de que finalice la década se convertirá en el primero de América Latina en salir de la pobreza. Con una renta per capita de "casi 20.000 dólares", Chile está avanzando con pie firme hacia el desarrollo, aseguró el Presidente, quien agregó que "la pobreza, la indigencia y desigualdad han recuperado su tendencia a la baja".
Pese a que todavía faltan diez meses para que entregue el poder, Piñera señaló que es hora de hacer un balance para "que hablen los hechos con toda su fuerza".
Destacó que Chile ha crecido un 5,8 % en promedio en los tres años de su gobierno, frente al 3,3 % de la Presidencia de Bachelet (2006-2010), y que se han creado 800.000 puestos de trabajo, casi el doble que en los cuatro años anteriores.
Su discurso también le sirvió para reafirmar ciertos principios de su administración: su rechazo a la gratuidad universal en educación "porque no es justo financiar al 10 % más rico".
Piñera defendió la reforma educativa de su gobierno, dotada este año con 14.000 millones de dólares de inversión, "casi un 50 % más que en 2009", y un fondo adicional de 4.000 millones.
En materia social aseguró que 148.000 personas superaron la pobreza extrema y defendió la entrega de bonos a las familias más vulnerables para atenuar las consecuencias de la miseria, una medida muy criticada por la oposición, que la considera populista.
