El titular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, ha sido cauto al enfrentar las críticas y acusaciones de Julio Ponce Lerou, su círculo y, recientemente, del presidente de Larrain Vial S.A., Leonidas Vial.
Ellos son los más connotados acusados por la autoridad en el caso Cascadas, por haber participado en operaciones que habrían buscado generarles ganancias que a su vez provocaron millonarias pérdidas a las sociedades a través de las cuales Ponce controla SQM.
Aunque el equipo de abogados de Ponce ha sido duro en atacar el rol de Coloma, éste ha evitado entrar en detalles para defenderse. El caso que investiga es delicado, implica reservas y el superintendente sabe que se mueve en terreno fangoso.
Por eso, la aparición de sus abogados –Paula Vial y Mario Vargas–, que lo defienden de las querellas por prevaricación y abuso contra particulares que interpuso Ponce en tribunales, mostró un ataque frontal y sin ambigüedades contra Ponce, presentando por primera vez públicamente la posición de Coloma, sin que palabra alguna salga de su boca.
En entrevista con La Tercera, Vial y Vargas acusaron a la defensa de Ponce de intentar amedrentar a la SVS, sus funcionarios, incluido el superintendente, dañando la credibilidad de dicho servicio.
Ellos entienden que el caso es emblemático y que la presencia de Julio Ponce y Leonidas Vial, en particular, pero también el que haya acusaciones contra las corredoras LarrainVial y Banchile y su principal ejecutivo Manuel Bulnes, han motivado la virulencia de las defensas.
Consultada sobre si consideran que se trata de un caso emblemático, Vial dijo que “en lo económico, sí”, reconociendo que tiene “miles de aristas”, entre las cuales están los personajes acusados. “Pero en el fondo hay un mundo de mucho poder pendiente de lo que vaya a ocurrir acá. También este caso tiene un componente político”, agregó.
La abogada Vial prevé, además, que el caso se “abrirá” judicialmente con los equipos de abogados de las defensas accionando por distintos lados –administrativamente ante la SVS, ante Contraloría y ante tribunales–, como lo han hecho Jorge Bofill y Raimundo Labarca.
Los abogados de Coloma, asimismo, aseguran que Ponce no ha aportado ningún antecedente concreto ante la Fiscalia para demostrar sus acusaciones, y que sólo se han remitido a hacer especulaciones.
Una de ellas es la de la filtración de las formulaciones de cargo a la prensa. Y, a diferencia de Coloma, sus abogados esta vez abren la versión de la SVS al respecto: la información no salió de la SVS, sino de Ponce.
“Da la casualidad que la filtración de la formulación de cargos se produjo una vez que los formulados de cargos y terceros tuvieron acceso. Se entregó la información y justamente se filtró y apareció la querella por filtración o violación de secreto”, dice la abogada.
De paso, adelantan que esta semana Julio Ponce debería acudir al Ministerio Público a declarar ante el fiscal José Morales, en una de las últimas diligencias que, estiman, le quedaría para luego zanjar el caso, no innovando, sobreseyendo y, en un escenario impensado para ellos, formalizando.
Pero el compromiso de Paula Vial –integrante de comando de Bachelet y de quien se rumoreaba entraría al gabinete en marzo– es tal con Coloma, que en la entrevista abre la puerta a que éste siga en su cargo tras el 11 de marzo, pese a que el escenario base es que salga.
“Siempre es una opción que él siguiera, pero no sé si tendrá esa intención o si la Presidenta querrá algo así. Pero como es él quien lleva el caso y ha trabajado muy bien, es una opción, pero lo que debiera ocurrir es que el 11 de marzo deje el cargo”, afirma.
Los abogados también dieron pelea a las duras acusaciones de Leonidas Vial, quien acusó falta de debido proceso y –a través de su abogado– una desmesura brutal de la SVS y Coloma.
“Uno entiende que una persona a la cual se le han formulado cargos, tenga una reacción defensiva. En su estrategia tiene un sinfín de posibilidades y este arremeter comunicacional respecto de quien lo está fiscalizando está dentro de lo esperable, aunque el ataque a la persona o a la institución parece inadecuado y una estrategia que no atiende al fondo. Además, cuando alguien va en contra del fiscalizador se puede sospechar que es porque no tiene muchos argumentos respecto de sus acusaciones”, dijo la abogada.
Vargas apuntó además el daño que provoca el ataque del vicepresidente de la Bolsa a la institucionalidad. “El problema de eso es que nuevamente se está afectando la figura no de Coloma, sino que de la SVS. El mensaje que se entrega es que cualquier órgano que fiscalice está expuesto a las embestidas de los fiscalizados y ese es un mensaje intimidatorio, pero la institucionalidad tiene que estar por sobre eso”, sostuvo.
