La investigación que lleva a cabo la SEC en Estados Unidos contra el ex presidente de Consorcio, Juan Bilbao, por eventual uso de información privilegiada en la compra de acciones de CFR, no necesariamente bloquearía la que lleva en paralelo la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en Chile.
Cabe recordar que, en su presentación al regulador estadounidense, la defensa de Bilbao sostuvo que no correspondía el proceso, dado que en Chile la autoridad local ya había iniciado un procedimiento similar. Sin embargo, ante la SVS su defensa sostuvo una tesis similar para desvirtuar la fiscalización de la entidad liderada por Carlos Pavez por el proceso que hay en Estados Unidos.
Ayer, el superintendente Pavez afirmó que eventualmente podrían iniciar un proceso de fiscalización con formulación de cargos relativos a información privilegiada, independientemente de que aún no concluya el juicio ante el tribunal de Nueva York.
Pavez explicó que están revisando todas las posibles violaciones a regulaciones locales respecto a información privilegiada y que aún no concluyen la evaluación de si corresponde o no acusar a Juan Bilbao por el uso de dicha información al momento de la compra de acciones que hizo entre marzo y mayo de 2014, cuando ya sabía de la oferta de Abbott por CFR para integrar el directorio de la cadena que en ese momento controlaba Alejandro Weinstein.
Según dijo el regulador, existe total coordinación con la SEC para efectos de evitar una doble incriminación en respeto a los convenios firmados por ambas entidades. Pese a ello, sostuvo que la investigación ha avanzado y que, cuando corresponda, darán a conocer la definición de la SVS.
Explicó, además, que el caso es complejo, pues involucra ADS (como se transan las acciones chilenas en el mercado secundario en Estados Unidos), pero también transacción de acciones en Chile, lo que corresponde fiscalizar a la SVS, recordando que además podría haber otras operaciones a considerar.
Junto con ello, recordó que existen regulaciones para proteger el interés de accionistas minoritarios que podrían haberse visto afectados por las operaciones de Bilbao. De hecho, hace algunas semanas la AFP Provida pidió a la autoridad que investigue las operaciones del ex presidente de Consorcio.
Provida y otras dos AFP tenían casi el 1% de CFR a principios de 2014, pero bajaron dicha participación en marzo. Provida terminó vendiendo sus papeles y otras dos administradoras compraron en mayo de ese año.
Bilbao se había enterado de la oferta de Abbott en forma reservada al menos en el directorio de CFR dos días antes de que el 12 de marzo de ese año iniciara la compra de papeles, a través de operaciones ordenadas por el entonces gerente de inversiones de Consorcio, Tomás Hurtado Rourke, las que concluyeron el 7 de mayo de 2014, poco antes de que se hiciera pública la oferta de Abbott del 16 de mayo.
La SVS, dijo Pavez, podría formular cargos por distintas violaciones a normas locales y serían finalmente los tribunales locales los que deberían zanjar si corresponde que la autoridad local sancione, dado que la SEC también lo está haciendo.
“Teóricamente podemos iniciar (un proceso) así como la SEC inicia un proceso sin tener necesariamente resultados de procesos de investigación de la SVS en Chile. En teoría se pueden hacer”, detalló Pavez.
En todo caso, el objetivo de la coordinación con la SEC apunta también a determinar las operaciones que investigó, si quedan transacciones por investigar acá y qué parte de las regulaciones locales quedan cubiertas con el trabajo del regulador estadounidense.
“Estamos evaluando y haciendo análisis de operaciones y conductas tipificadas en Ley de Valores y en la medida que tengamos evaluación lo daremos a conocer”, afirmó.
En marzo pasado, Diario Financiero publicó que la SVS había formulado cargos a Bilbao por violación a la Ley del Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas. Sin embargo, sólo especificó un cargo referido al deber de entrega de información de las acciones adquiridas, las que Bilbao no reveló al mercado. Pavez señaló que nunca han informado de cargos a Bilbao y que lo que se conoció sólo son “pronunciamientos de terceras personas”.
Bilbao enfrenta el próximo 26 de junio la audiencia con la SEC ante el Juez Sullivan en Estados Unidos. Arriesga una multa que podría ascender al triple de los US$ 10 millones que habría ganado, según el regulador estadounidense, con la compra de las acciones (como ADS) de CFR y la venta de ellas en la OPA de agosto de 2014 realizada por Abbott.
