Opinión
El Gobierno y sectores del empresariado hacen mal en responsabilizar del debilitamiento económico y de la pérdida de competitividad a las reformas que llevó a cabo la Presidenta Bachelet. Enardece a la oposición y, además, es una visión equivocada.
La suerte no acompaña al Presidente Piñera. Una tormenta en la Región del Biobío, con inéditas trombas marinas, lo obligó a viajar a la zona a pocas horas de su segunda cuenta ante el Parlamento. Con ello, intentó un nuevo esfuerzo por recuperar popularidad, la que muestra una aguda caída en todas las encuestas de opinión. Lamentablemente, el principal activo del Mandatario, donde había cifrado sus esperanzas, no le está ayudando.
Aunque hubo un razonable crecimiento durante el 2018, la actividad económica ya anuncia su disminución para el año en curso, con apenas un crecimiento del 1.6%, en el trimestre pasado. Se agrega a ello un aumento del desempleo y la disminución de las inversiones. Paralelamente, la pérdida de competitividad de nuestro país, junto a la manipulación de las cifras del INE, anuncian incertidumbre, especialmente para una economía exportadora y que además busca atraer inversionistas extranjeros.
Las dos principales reformas económicas del Gobierno, en las que ha colocado gran esfuerzo, no ayudan a mejorar las expectativas. Han ampliado las disputas en el ámbito político porque la reintegración impositiva devuelve dineros al gran empresariado, en momentos en que el bajo precio del cobre empobrece las arcas fiscales. Y la reforma laboral debilita al sindicalismo, al obligar al trabajador a negociar individualmente con el patrón su jornada de trabajo. Así las cosas, ha resultado imposible avanzar con estas iniciativas en el Congreso.
Por si esto fuera poco, el ministro de Economía, José Valente, además de no leer novelas, comete demasiados errores, que afectan las expectativas económicas. Hace algunos meses le dijo al empresariado que, para reducir riesgos, debieran invertir no solo en Chile, sino también en los mercados externos. Además, se equivocó cuando publicó una ley, que ayuda a las pymes, obligando a los acreedores al pago en 30 días, pero omitió el derecho a demandar a los morosos.
El Gobierno y sectores del empresariado hacen mal en responsabilizar del debilitamiento económico y de la pérdida de competitividad a las reformas que llevó a cabo la Presidenta Bachelet. Enardece a la oposición y, además, es una visión equivocada.
En efecto, la economía chilena se encuentra hoy día en medio de una guerra comercial, que hace caer los precios del cobre y otras exportaciones de materias primas, con efecto traumático en la actividad económica. Si hay que echarle la culpa a alguien, entonces es al presidente Trump.
Así las cosas, no habrá recuperación a corto plazo de nuestra economía si no se doblega la agresividad comercial de Estados Unidos y para ello el Gobierno tiene que actuar de forma multilateral. La guerra comercial del Trump viene golpeando a China y ahora ataca a México. Sus efectos inciden seriamente en nuestras exportaciones, en particular con la caída del precio del cobre y el correspondiente deterioro del peso.
Por tanto, es imperativo que la diplomacia chilena retome el multilateralismo, y no solo por el injusto accionar de Trump con China y la solidaridad que le debemos a México. Están en juego nuestros intereses comerciales.
Lo que corresponde es reunir esfuerzos con los países de la Alianza del Pacífico y, si es posible, con los de Mercosur para reclamar formalmente ante la Organización Mundial de Comercio sobre la elevación de los aranceles que impuso Estados Unidos a México. Al mismo tiempo, en el marco de las reuniones preparatorias de la próxima reunión de la APEC, a realizarse en nuestro país, tenemos la obligación de colocar como prioridad el proteccionismo que ha desatado Trump contra China.
Por otra parte, está la caída de la competitividad. Esta no es responsabilidad de un Gobierno, sino de todos los gobiernos y, por cierto, del modelo económico. Y, por tanto, no tiene un carácter coyuntural, sino estructural. La caída de la competitividad es consecuencia del estancamiento de la productividad, la que se ha mantenido estancada por más de una década, lo que se explica por una pobre innovación y escasa calificación de la fuerza de trabajo.
El modelo económico no ayuda a innovar y tampoco favorece una mayor calificación de la fuerza de trabajo. En efecto, con una matriz productiva estrecha, escasamente diversificada, a los empresarios les resulta más fácil conseguir beneficios en la acumulación de rentas de la producción de cobre no procesado, exportando astillas de madera o productos del mar. Y, como la acumulación de ganancias allí son elevadas, esos mismos empresarios han extendido sus actividades a la banca, las AFP y las Isapres.
Al gran empresariado le resulta cómodo el rentismo, antes que involucrarse en actividades que exijan innovar, crear tecnologías y agregar valor a los bienes y servicios. Al mismo tiempo, dadas nuestras condiciones productivas, el presupuesto público ha sido escaso para la inversión en ciencia y tecnología y, al mismo tiempo, el Estado ha tenido resistencia para enfrentar las desigualdades de calidad en la educación. Transformar bienes y servicios exige superiores capacidades tecnológicas y de la fuerza de trabajo.
Para potenciar la economía a mediano y largo plazo, se precisa mejorar la productividad y caminar más allá de la producción de recursos naturales. Para ello es requisito terminar con la pasividad del Estado y convertirlo en un agente activo de la transformación del modelo económico.
En primer lugar, no se puede continuar con la concesión generosa de los recursos naturales. Se precisa de royalties efectivos en el cobre, litio, pesca y recursos forestales y, paralelamente, el sector público debiera desplegar claros incentivos en favor de aquellos agentes económicos dispuestos a invertir en actividades de transformación.
En segundo lugar, se requiere un decidido impulso en ciencia y tecnología, que se proponga elevar el magro 0.38 del PIB destinado a este propósito y alcanzar la media de los países de la OCDE, vale decir, el 2.5% sobre el PIB. Paralelamente, generar incentivos de innovación a la empresa privada.
En tercer lugar, hay que terminar con las vacilaciones sobre la educación gratuita y mejoramiento de su calidad para todos los niños y jóvenes, así como avanzar sustancialmente en la formación técnica de los trabajadores. Es lo que permitirá a la fuerza de trabajo manejar nuevas tecnologías y procesos productivos modernos.
En suma, en la coyuntura actual es preciso impulsar iniciativas multilaterales para desafiar el proteccionismo del presidente Trump. Y, para potenciar la economía a mediano y largo plazo, se necesita modificar la matriz productiva de recursos naturales, porque no favorece la innovación, no ayuda a generar encadenamientos hacia el conjunto de la economía y entrega un empleo precario.
Además, la matriz productiva actual concentra un elevado poder económico en una reducida elite empresarial, que le ha permitido también capturar a parte de la clase política. Aquí radica la base material de las desigualdades, la baja productividad, la caída de la competitividad y la dificultad estructural para convertirnos en país desarrollado.
