Ante la propuesta del Ministro de Educación, Harald Beyer, para reformar el sistema de financiamiento de la educación superior, que unifica becas y créditos bajo un ente estatal, puede surgir la pregunta de si tras ello, lo que hay es una pérdida de fe en la capacidad de los privados de administrar procesos socialmente complejos como los estudios superiores y su financiamiento. Hay varios puntos que se pueden hacer al respecto.
Primero, esta reforma tiene la virtud de poner el acento en que los privados son capaces de entregar educación superior de calidad de la misma manera que las universidades estatales. De hecho, en el sistema nuevo todos las instituciones están en igualdad de condiciones para acceder a apoyo fiscal para sus estudiantes, situación que hoy no se da. Cumpliendo un mínimo de puntaje y la condición socioeconómica exigida, los estudiantes podrán optar libremente entre instituciones, sin que el sesgo estatal las premie en términos financieros más por ir a unas que a otras. El poder competir en igualdad de condiciones por el financiamiento de sus alumnos será beneficioso tanto para las universidades estatales como para las privadas en términos de calidad y cobertura.
Segundo, esta reforma pone correctamente el acento en los créditos y becas y no en la gratuidad. Esto reconoce el hecho de que hay una retribución personal para el estudiante de cursar estudios, que se traducirá en mayores ingresos futuros, de manera que debe asumir parte del costo de su carrera mediante un crédito. En el caso de aquellos segmentos muy vulnerables, parece adecuado focalizar recursos para apoyarlos en su paso por la universidad. En ambos casos, se ve que hay un énfasis en la persona y su capacidad para salir adelante, por sobre el Estado que no es el llamado, en esta reforma al menos, a hacerse cargo de todo el financiamiento del futuro académico de las personas.
Tercero, sí hay un punto de duda sobre el sesgo «estatal» de esta reforma al decidir que será el Estado y no los bancos los que otorguen los créditos. Este aspecto deberá dar pie a un debate en las semanas que vienen. Uno de los puntos que deben ponerse sobre la mesa es la necesidad de una agencia independiente, que manejando un monto importante de recursos, no pueda ser en el futuro usada con fines políticos distintos a los que la originaron.
Como conclusión, la iniciativa como un todo es un avance en ordenar y dar respuesta a las necesidades de las familias que tienen dificultades para pagar los estudios superiores de sus hijos, pero algunos puntos deberán ser afinados en la discusión pública y parlamentaria.
