En este mes de septiembre se cumplen cuatro años desde la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers, hecho que marca el estallido de la más grande crisis financiera desde los años 30. Un reciente estudio de Better Markets, sobre la base de las pérdidas entre el PIB potencial y el PIB real, cifra el costo de la crisis para los EE.UU. en cerca de US$ 12,8 trillones, cerca de un PIB anual. Esta pérdida de producto implica altos niveles de desempleo, sustantivas pérdidas patrimoniales en los hogares y 46 millones de americanos bajo la línea de pobreza, el número más alto de los últimos 50 años.
Parafraseando el título en español de la película “Margin Call”, en estos días en cartelera en cines de Santiago, tal sería el precio de la codicia.
No es de extrañar, ante tamaño impacto, que políticos, economistas y reguladores se hayan embarcado en una intensa búsqueda de explicaciones para el mal comportamiento de los mercados financieros y la falta de capacidad anticipatoria de los sistemas de regulación.
En Gran Bretaña se reformuló la estructura del sistema de regulación como respuesta a que el organismo supervisor bancario, la FSA, se demostrara totalmente incapaz de prevenir la primera corrida de depósitos en Gran Bretaña en más de un siglo. Esa agencia reflejaba la desconfianza de la época en la capacidad del Estado para regular y supervisar un mercado complejo como el financiero, y se había constituido en los 90’ como compañía limitada, financiada por la industria, y en su consejo directivo participaban las propias entidades fiscalizadas. Tan candoroso enfoque no podía funcionar.
Tanto en EE.UU. como en el Reino Unido se asignó a nuevos órganos liderados por la banca central la responsabilidad por el monitoreo del riesgo sistémico, ignorado por los criterios de Basilea centrados en el riesgo individual de los bancos.
Para una mayor protección del consumidor financiero, se creó en EE.UU. una agencia autónoma especializada, con amplias facultades normativas, fiscalizadoras y sancionadoras. Su sola existencia ha operado como señal y los bancos empiezan a revisar sus prácticas comerciales. Es así que 5 de los 12 principales bancos que ofrecen cuentas corrientes han adoptado un estándar propuesto por The Pew Charitable Trusts en el marco de un programa de promoción del trato justo a los consumidores financieros.
Aunque sin exigibilidad inmediata, si no que diferidos en un holgado calendario, nuevas y mayores exigencias de capital y de liquidez están siendo impulsadas por el comité de supervisión bancaria de Basilea. Para combatir el efecto del ciclo económico, se permite que las mayores reservas de capital exigidas en los tiempos buenos sean “gastadas” en los momentos duros, desafiando la inconsistencia temporal de los reguladores.
Las reformas descritas pueden ser necesarias, pero son insuficientes para resolver los problemas de mal funcionamiento de la industria financiera. Tampoco son eficaces para cubrir, si algo sale mal, los costos de un nuevo rescate de la banca, con su enorme impacto fiscal y económico.
Por lo mismo, el debate sobre reformas que ofrezcan mayores seguridades de reducir la probabilidad de crisis bancarias continúa. Por ejemplo, se discute la posibilidad de separar la banca comercial de la banca de inversiones, al estilo de la legislación Glass-Steagall derogada en 1999 en medio del entusiasmo desregulador. En ese esquema, sólo los bancos de crédito tendrían acceso a la garantía estatal por sus depósitos con el público. Otra opción menos radical es la Regla de Volcker, que limita la toma de riesgos en instrumentos financieros, distintos de préstamos. El sustrato es que no tiene sentido económico que la sociedad cargue con la contingencia de los malos resultados de apuestas especulativas mientras las utilidades son capturadas por los accionistas.
Otros expertos debaten acerca del riesgo sistémico que representa la mecánica de funcionamiento de los “Dealer Banks”, aquellos bancos que intermedian valores o derivados y que amenazan la estabilidad financiera por su interconexión a través de los sistemas de liquidación y compensación. Simon Weill, ex ejecutivo máximo de Citibank e impulsor de la estrategia de crecimiento inorgánico que lo convirtió en un megabanco, ha planteado la fragmentación de los grandes bancos para reducir el riesgo sistémico que representan los “Too big to fail”.
Después de 4 años de la quiebra de Lehman Brothers, en medio de este profuso e inconcluso debate, con reformas que no muestran avances significativos, los bancos centrales se fueron a Jackson Hole.
Allí discutieron una interesante ponencia acerca de cómo es que los perros son tan hábiles para atrapar un “frisbee”, sin contar con sofisticados modelos que predigan la trayectoria del veleidoso instrumento, mientras que los reguladores no pueden anticipar las megacrisis a pesar de los complejos sistemas de medición de riesgos de Basilea. Sus conclusiones preliminares son que la complejidad de esos modelos no agrega capacidad predictiva, sino que, al contrario, la disminuye. Reglas complejas son manipulables y pocos las entienden realmente, así que es mejor tener reglas simples. Menos es más, dicen.
Invitado a comentar el “paper” en el mismísimo Jackson Hole, José de Gregorio advierte que no es fácil desandar el camino y volver hacia reglas simples, porque el negocio financiero es muy complejo, no es sencillo entender de buenas a primeras las implicancias de riesgo de las constantes innovaciones y los reguladores, como los médicos, prefieren contar con muchos exámenes antes de diagnosticar. Para ellos, más es más.
En ese caso, habría que prestar atención a la propuesta del destacado economista inglés John Kay, quien promueve una reformulación del negocio bancario a un concepto que él llama “narrow banking”, que en esencia significa separar las actividades de utilidad pública como el sistema de pagos y la captación de depósitos de las transacciones especulativas.
Quizás entonces no sea necesario pasar por otro Lehman ni regresar a Jackson Hole.
¿Y cómo va este debate en Chile? Honestamente, está casi ausente. Después de un prometedor informe Desormeaux, sólo ha habido tímidas y discutibles reformas en materia de riesgo sistémico, bases de deudores y protección del consumidor financiero. Muy poco que destacar. Hace falta un Jackson Hole criollo para eso.
