La polémica entre la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y la superintendencia que los regula (SBIF) por la norma del cobro de comisiones había sido ya advertida por un informe en derecho, el cual encargó la propia entidad fiscalizadora en septiembre del año pasado.
Hace tres semanas el presidente de los bancos, Jorge Awad, acusó la irresponsabilidad del titular de la SBIF, Raphael Bergoeing, por haber eliminado la norma sin proponer alternativa, dejando un vacío legal.
Bergoeing alega que no tiene las facultades. Los bancos no están de acuerdo y dicen que el artículo 12 de la Ley de Bancos da las facultades a la superintendencia.
La decisión de la SBIF se tomó luego de recibir el informe jurídico y lo irónico es que éste fue elaborado por un ex ejecutivo de la industria.
Enrique Navarro Beltrán, abogado de la Universidad de Chile, cobró $ 7,9 millones a la SBIF —cuyo presupuesto es pagado por los bancos— por preparar el informe, el cual inclinó a la superintendencia a ceder completamente la vigilancia de los derechos de los consumidores al Sernac.
Navarro Beltrán es un ilustre del mundo de las leyes. A mediados de 2012 dejó sus funciones como integrante del Tribunal Constitucional (TC), cargo que ocupó desde 2006. Es profesor de derecho constitucional y jurisprudencia constitucional económica de la Universidad Finis Terrae.
Antes fue secretario de estudios de la Corte Suprema y tiempo antes de eso trabajó en la fiscalía del Banco A. Edwards, el banco que hasta fines de la década pasada estaba en manos del dueño de diario El Mercurio y los Ergas, y que ahora es parte del Banco Chile, controlado por el grupo Luksic.
Navarro no es ajeno el mundo bancario. Su hermano, Adolfo fue hasta diciembre del año pasado gerente general de Deutsche Bank. Otro hermano, Eduardo, es el actual gerente general del holding Empresas Copec, de la familia Angelini y otro, Roberto, fue subsecretario de Justicia (S) del régimen militar y luego el Conservador de Bienes Raíces de Quillota.
Fue el trabajo de Navarro Beltrán el que determinó que “frente a una solicitud de un cliente de un banco o institución financiera que reclame el incumplimiento de la legislación que regula y resguarda sus derechos, el órgano competente será siempre el SF (Sernac Financiero)”.
Y fue el mismo Navarro quien indicó en su trabajo que “en el caso que la denuncia se refiera más bien al incumplimiento de la normativa legal y reglamentaria sobre protección del consumidor, ella deberá ser derivada al órgano técnico competente, como es el SF”.
