La asamblea de accionistas de YPF aprobó ayer reinvertir casi la totalidad de las ganancias del año pasado y recortó drásticamente el pago de dividendos. La empresa decidió abonar $ 303 millones a los accionistas (a razón de $ 0,77 por acción) y reservar $ 5751 millones para un fondo de futuras inversiones.
La junta fue presidida por Miguel Galuccio, CEO de la petrolera, y con el voto mayoritario del Estado descartó de plano la propuesta original que había votado el anterior directorio, y que consistía en destinar $ 5789 millones a recapitalizar la sociedad.
El punto que despertó más controversias entre los asistentes a la asamblea fue la votación sobre los estados contables de 2011 y el desempeño de la gestión corporativa. Los representantes del Estado, como los del Repsol, aprobaron los balances del ejercicio anterior -cuya gestión estaba en manos de la empresa española-, pero la polémica llegó en el momento de evaluar el desempeño ejecutivo de aquel directorio.
El Estado nacional impuso su mayoría del 51% de los votos para desaprobar el balance de gestión empresarial, aunque hizo una salvedad por el desempeño del entonces director estatal, Roberto Baratta, dado que consideró que actuó «correctamente», a diferencia de los directores puestos por Repsol y por la familia Eskenazi.
La asamblea se extendió por más de cinco horas en la sede central de la petrolera en Puerto Madero. Las actuales autoridades de la firma quisieron asegurarse de no incurrir en ningún vicio legal y, para cada uno de los puntos de la orden del día, hicieron votar a viva voz a cada uno de los asistentes. Antes de comenzar, Galuccio se tomó unos minutos para exhibir un video institucional con un resumen de sus primeros días de gestión.
La cita contó con la participación de los representantes de Repsol, dado que la petrolera española mantiene aún el 12 por ciento de las acciones; también hubo una representación del banco brasileño Itaú, que tiene el 3,6 por ciento de las acciones, y de Inbursa, del grupo de empresas del magnate mexicano Carlos Slim, que tiene el 8,3 por ciento.
También participó el gremialista Guillermo Pereyra, que posee un asiento en el nuevo directorio de YPF como representante de los trabajadores del sector y que el jueves pasado fue elegido secretario adjunto de la CGT de Hugo Moyano.
El primer roce por el reparto de los dividendos ocurrió antes de la expropiación de la petrolera. El 8 de marzo pasado, cuando la firma todavía estaba bajo la conducción del binomio Repsol-Eskenazi, el Estado reclamó que se aplicara una reinversión total de las utilidades.
El director por el Estado, Roberto Baratta, votó en contra del balance 2011 y de la propuesta del directorio de repartir $ 5789 millones en utilidades (de los cuales $ 5296 millones eran ganancias generadas durante el año pasado). Repsol y Eskenazi impusieron la propuesta de destinar esos fondos a emitir más acciones para ser tratada en la junta de accionistas.
Hasta el momento del cambio de gestión, Baratta, secundado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, reclamó que los resultados no asignados del último ejercicio se constituyeran en una reserva para desarrollar inversiones. Por su parte, los accionistas privados habían respondido al Gobierno mostrando que durante 2011 la inversión de YPF en la Argentina había crecido 50 por ciento, hasta los 13.300 millones de pesos.
A partir de 1992, se incorporó el capital privado a la petrolera, y hasta 1998 su política fue destinar el 44 por ciento de las ganancias al pago a los accionistas y el resto a inversión. En 1999 Repsol se alzó con el control mayoritario de la compañía, y a partir de ese momento la tasa de distribución fue del 105% de las ganancias.
Esta política, que consistió en repartir más utilidades que las ganancias generadas, se consolidó en 2007 con la llegada del grupo Eskenazi: entre 2008 y 2010 ese guarismo fue superior al 110%. Vale recordar: los directores por el Estado, todos los años, siempre votaron a favor de la iniciativa de repartir más de lo que la empresa efectivamente había ganado.
