Bachelet anuncia comisión de pensiones con 9 expertos internacionales y critica a las AFP

Como parte de las 56 medidas comprometidas para los 100 primeros días de gobierno, ayer en el Patio de las Camelias de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet junto a los ministros del Trabajo, Javiera Blanco, y de Hacienda, Alberto Arenas, firmaron el decreto que crea la comisión asesora presidencial para el sistema de pensiones.

Esta comisión, tal como lo adelantó PULSO en su edición del 21 de abril, estará liderada por el economista de la Universidad Católica David Bravo. Este, junto a Mario Marcel (presidente de la Comisión Marcel de 2006), Martín Costabal, Andras Uthoff y Regina Clark, que integrarán esta instancia, pertenecieron a la comisión que dio origen a la reforma previsional de 2008.

Además, este comité, que ya es denominado como la Comisión Bravo, cuenta con 9 miembros internacionales, entre los que destacan Nicholas Barr, que es profesor de Economía Pública de la London School of Economics; Carmelo Mesa-Lago, académico emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh; Leokadia Oreziak, economista polaca; y Joakim Palme, profesor de la Universidad de Uppsala de Suecia.

Entre los 16 expertos locales, alrededor de 7 son asociados a sectores de la oposición, entre ellos destacan  Ricardo Paredes, Carlos Díaz y Sergio Urzúa (ver recuadro).

Según explicó la Presidenta durante la ceremonia del decreto, la idea es que esta comisión permita hacerse cargo de “las claras insuficiencias de nuestro sistema previsional”.

En este contexto, la mandataria reflexionó sobre el escenario actual de las pensiones en Chile. “Hoy, a más de 30 años de ese momento, es un deber revisar si este sistema ha cumplido o no la promesa con la que se puso fin al régimen público de reparto”, dijo, agregando que “para nadie es un secreto que las pensiones no están a la altura de lo que esperarían los trabajadores y trabajadoras”. 

En esta línea, la mandataria lanzó una dura crítica a las AFP, señalando que “las administradoras de fondos de pensiones han perdido credibilidad en la ciudadanía, y su modo de funcionamiento merece ser analizado en detalle”.

Al respecto y tras la ceremonia, donde estuvieron invitados gremios de los trabajadores, de empresarios y parlamentarios, el presidente de la Asociación de AFP, Guillermo Arthur, respondió a las críticas respecto de la pérdida de confianza, asegurando que no le parecen estas afirmaciones.

“No tienen mucho asidero. Yo por lo menos durante todo el tiempo que ejercí en mi cargo y que lo sigo haciendo, he tenido una relación con todos los sectores políticos. Nunca vi falta de credibilidad respecto de nuestro actuar”, dijo.

Y agregó que “las AFP han administrado los recursos de los trabajadores de una manera extraordinariamente eficiente, con una rentabilidad superior al 8%. De manera que ese es el cumplimiento. Ahora, si no se han alcanzado mejores pensiones, como lo reconocen todos los técnicos, no se debe al funcionamiento del sistema de pensiones”. Al mismo tiempo Arthur valoró el nivel técnico y profesional de la Comisión Bravo.

FUNCIONAMIENTOS Y TEMAS DE LA COMISIÓN
Una vez finalizada la ceremonia ayer en La Moneda, Bravo se dirigió rápidamente a Teatinos 120, donde tuvo su primera reunión con el ministro de Hacienda, con la idea de ir delineando el trabajo de la instancia asesora.

La Comisión Bravo comenzará a operar el próximo martes a las 11 horas. Según el presidente del comité, “lo primero que esperamos hacer es abrir una ronda de audiencias y, por lo tanto, lo que queremos hacer como comisión, en primer lugar, es escuchar. Vamos a informar sobre cómo vamos a proceder para esos efectos y para facilitar el que la sociedad civil, representantes de los trabajadores, de los empresarios, de las AFP, de las compañías de seguros, académicos, expertos nacionales e internacionales, puedan interactuar y participar con la comisión”. 

Los tiempos con que deberán trabajar los 25 expertos convocados por la Presidenta -lista que fue cerrada ayer horas antes de la ceremonia- deberán entregar un informe preliminar en octubre, y ya para enero de 2015 deberán presentar los resultados finales.

El objetivo de esta instancia, más allá de potenciar el rol del Estado en el sistema previsional, será realizar un análisis y levantar propuestas para mejorar las pensiones; en ningún caso, según aclararon las autoridades, es una nueva reforma previsional. 

En esta línea, Bravo señaló que el encargo de la comisión es “examinar el sistema de pensiones, hacer un diagnóstico, ver sus atributos, limitaciones, deficiencias y desafíos”. En ese contexto, se analizará la edad de retiro de hombres y mujeres, la tasa de cotización, las lagunas previsionales, la calendarización de las cotizaciones de los trabajadores independientes, los sistemas de ahorro previsional APV y APVC, entre otras materias.

Además, se hará una revisión del pilar solidario y las formas de ampliar su cobertura. De hecho, la propia Presidenta dijo que “hoy nuestro sistema de pensiones solidarias beneficia a 1 millón 237 mil personas. Pues, ahora, seis años después, ha llegado la hora de profundizar este proceso”.

Al respecto, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, dijo que esperaba poder debatir un posible cambio de sistema. “Ojalá podamos abrirnos incluso a un sistema distinto al de AFP. Si la Presidenta ha dicho que no hay temas vetados, entonces hay posibilidades ciertas de avanzar en este debate tan profundo para nosotros. Esperamos que se pueda construir un sistema de reparto solidario, y que el ejercicio de la comisión sea ver de qué manera se haga ese tránsito”.

Para Arthur, el gran tema que se debe abordar es cómo se aumenta el ahorro previsional de las personas dado el aumento de las expectativas de vida. Además dijo debiera abordarse y profundizar el Ahorro Previsional Voluntario (APV): “Para los sectores que no pagan impuestos, me parece muy, muy mezquino el 15% (de incentivo tributario anual que otorga el Estado) con un tope de $300 mil”.

Tras la creación de la Comisión Bravo, queda pendiente el ingreso del proyecto de AFP estatal al Congreso, que se concretaría durante los primeros días de junio.