El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, transparentó la crítica, que no pocos hacen en privado, respecto a la relación que existe entre la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y las entidades que están bajo su fiscalización.
“La SBIF sigue siendo financiada parcialmente por los balances de los bancos. A ver, a la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras la financian los bancos. Tiene olor a conflicto de interés”, dijo ayer el contralor, quien participó en la Tercera Edición del Congreso Nacional de Auditoría Interna Conai-2014.
Según la legislación vigente, los recursos para el funcionamiento de esta superintendencia serán de cargo de las instituciones fiscalizadas. La cuota que corresponda a cada institución será de un sexto de uno por mil semestral del término medio del activo de ellas en el semestre anterior, según aparezca de los balances y estados de situación que esos organismos presenten, y el superintendente recaudará los fondos de las instituciones sometidas a su fiscalización y los depositará en el Banco del Estado.
“Esta es una ley muy antigua, creo que no está bien eso. La superintendencia debe tener (fijados sus recursos) en la ley de presupuesto pura y duramente. Esa es una cosa que hay que ver”, sostuvo el contralor.
En la actividad, que se realizó en Espacio Riesco, Mendoza hizo alusión a la relación entre la SBIF y los bancos al referirse a la necesidad de “recuperar la confianza en las entidades de control externo de la administración respecto de las actividades”. En este punto, cuestionó la cantidad de superintendencias que se han creado.
“¿Se han fijado que las cosas en Chile se arreglan con control? Si hay problemas en educación, tres superintendencias. Tenemos problemas financieros: dos superintendencias. Tenemos problemas de salud, tres superintendencias: de salud; de Servicios Sanitarios y de Medio Ambiente. Y asociado a cada una de ellas como herramienta de control un nuevo régimen potestativo, y a cada régimen potestativo, un nuevo régimen sancionatorio. Y a cada régimen potestativo sancionatorio, un régimen potestativo sancionatorio e impugnativo distinto. No hay ni una lógica”, dijo Mendoza.
A continuación, el contralor dijo: “No sé si han pensado por qué hay tanto abogado en las universidades, y todos tienen trabajo. Hay 2.600 abogados que se reciben al año, todos con trabajo. Es una locura, si el derecho no constituye riqueza. El derecho mantiene órdenes jurídicas, y para eso se necesitan pocos, no muchos abogados”.
Los auditores
Mendoza apuntó en su exposición hacia el rol del auditor de las empresas. “¿Hacia quién reporta el auditor interno?, ¿nos vamos a asociar con la gerencia general, o en realidad nuestra relación esencial con la sociedad anónima es con el comité de directores que está encargado del control de la sociedad?. ¿Nos acercamos tanto que nos confundimos con la administración, o nos alejamos tanto que parecemos visita?”, dijo el contralor, y agregó: “Desde luego, la autonomía del auditado es un problema esencial”.
Frente a todo, dice que hoy hay “nuevos desafíos al control interno” de las compañías. “La empresa se ha complejizado al igual que el Estado. Y cuando digo que el Estado es complejo, estoy diciendo que la sociedad también lo ha hecho”.
Con todo, sostuvo que los auditores tienen que “tener una preparación distinta” para enfrentar desafíos en materia de medio ambiente y la responsabilidad social. Sobre el primer punto, dijo: “¿Qué hace un auditor interno en la vigilancia de las políticas verdes de una compañía?. Eso también hay que auditarlo y es muy complejo”.
Y frente a la Responsabilidad Social Empresarial, dijo: “Hay un riesgo que es evidente de generar complicidades y hallazgo de faltas a la probidad en el sector privado, que se llamarán estafa o corrupción. Esto es bien complejo”.
