El centro de esquí, de quien Leonidas Vial es dueño del 80%, tendría que pagar un millonaria multa de más de 5 mil millones de pesos por la filtración de aproximadamente 15 mil litros de kerosene desde uno de sus tanques, que fueron vertidos al afluente del río. Multas también incluyen una serie de cargos por no haber realizado manutención por casi una década y no haber informado el hecho a los responsables. [Actualizada]
Un duro castigo caerá sobre el exclusivo centro de esquí La Parva. Este miércoles la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), formuló cargos contra sus representantes por una serie de faltas a las normativas, luego de que se filtraran aproximadamente 15 mil litros de kerosene desde uno de sus tanques al río Mapocho, provocando el corte de agua potable de más de 9 mil familias del sector oriente de la Región Metropolitana a comienzos de la semana pasada.
El regulador anunció además que entregó detalles a la Fiscalía por la falsificación de los registros correspondientes a las instalaciones de combustibles líquidos para calefaccionar el exclusivo centro, que tiene como principal dueño a Leonidas Vial, controlador del exclusivo con un 80%, mientras que el resto está en manos de Eliodoro Matte (CMPC) y Pedro Donoso (IM Trust).
La SEC indicó que La Parva tiene 15 días hábiles para presentar sus descargos, los cuales serán analizados y evaluados para determinar si es que corresponde o no la aplicación de multas para los responsables, que podrían llegar hasta las 10 mil UTA (Unidades Tributarias Anuales, cercana a 560 mil pesos), por lo que la multa ascendería hasta los 5 mil 600 millones de pesos.
La información fue confirmada por el superintendente Luis Ávila Bravo, quien añadió que la fiscalización realizada al recinto invernal, el miércoles 24, permitió detectar una serie de infracciones, entre las que se cuentan la falta de pruebas de hermeticidad de los tanques, las que no fueron realizadas en ocho años desde la instalación de dichos recipientes; la falta de un registro diario de los volúmenes del combustible; el no contar con personal debidamente capacitado para la operación de combustibles líquidos ni con un prevencionista de riesgos; y por problemas con los tableros eléctricos del recinto; entre otras falencias encontradas.
Respecto a la falsificación, se trata de registros irregulares de inscripción de las instalaciones, ya que los códigos de dicho documento fueron duplicados de una propiedad existente en la comuna de Padre Hurtado.
Dicha investigación ya está en manos del Ministerio Público, pues el delito de falsificación de instrumento público es de competencia de dicho organismo, señalan desde la SEC.
