Comercio ilícito y crimen organizado: cómo redefinir nuestras estrategias y recursos disponibles

En el marco del 2° Día contra el comercio ilícito y el crimen organizado, desarrollado conjuntamente por la CNC, la OCDE, ICAIE y el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, tuve la oportunidad de participar como moderador en una mesa de trabajo que congregó a representantes de instituciones del Estado, empresas, gremios, municipios, academia y organismos internacionales, con quienes, desde sus respectivas áreas de conocimiento, realizamos un análisis de la actual situación del país y se propusieron acciones concretas para enfrentar el desafío de las economías ilícitas. 

Me tocó liderar la mesa sobre las brechas existentes de nuestro ordenamiento jurídico, instancia en la que surgieron provechosas conversaciones. Junto con los expertos, entre quienes se encontraba Gonzalo Mardones, del Departamento de Defensa Jurídica Penal del Servicio de Impuestos Internos; Sergio Morales, coordinador del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) de la CNC, y Juan Peribonio, expresidente del Consejo de Defensa del Estado,  identificamos tres puntos centrales, que se reflejaron en las 12 propuestas finales entregadas al ministro Luis Cordero y a las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Carolina Tohá durante el seminario. 

En primer lugar, más allá de generar nuevas leyes, surgió la necesidad de revisar la efectividad del marco legal actual y actualizar las normativas ya vigentes para alinearlas a los desafíos del comercio ilícito, crimen organizado y economías ilícitas, por ejemplo, con mayores desincentivos de cara al consumidor del producto de contrabando o falsificado. Además, también se consideró relevante destrabar la aprobación de proyectos estancados en el Parlamento, punto donde destaca la aprobación de la Ley que crea el Ministerio de Seguridad, que estuvo en discusión desde 2021. 

Segundo, se evidenció la enorme carencia en materia de inteligencia, tema que fue transversal en todas las mesas de trabajo. La necesidad de crear un sistema nacional de información, que sea interinstitucional, para intercambiar información con gobernanza pública y privada, debería ser primera prioridad. Actualmente hay una brecha importante en los distintos sistemas que utilizan las instituciones públicas, que no conversan entre sí. Más que homologarlas -pues es un trabajo titánico que tomaría mucho tiempo-, es importante crear un sistema nuevo donde se pueda compartir información de manera segura.

Por último, destacó la necesidad de solucionar el enorme problema que existe al momento de incautar la mercancía ilícita. Uno de los problemas que surgió es el poco presupuesto y la incapacidad de las instituciones actuales para almacenar y destruir los productos de contrabando, por ejemplo, las máquinas ilegales de apuesta, que finalmente caen en responsabilidad de los privados. Ante este frente, se podría realizar un apartado en la Ley de Presupuestos para asegurar recursos en esta materia. 

Todas estas medidas, para ser efectivas, deben estar acompañadas por políticas de anticorrupción. En ese sentido, he insistido en la necesidad de levantar el secreto bancario: si no interferimos en los activos de los grupos organizados, ¿cómo vamos a enfrentarlos?