Defensora del Pueblo pide respeto para la jueza que condenó al expresidente Álvaro Uribe

La defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, hizo este sábado un llamado a respetar la independencia judicial y a no estigmatizar a la jueza Sandra Heredia, quien condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión en régimen domiciliario por fraude procesal y soborno en actuación penal.

“Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial y su legitimidad institucional”, advirtió Marín, al referirse a las reacciones políticas que han surgido tras la sentencia contra Uribe, quien fue presidente entre 2002 y 2010.

La funcionaria subrayó que “las decisiones judiciales se pueden debatir, pero por la vía del Estado de derecho”, y rechazó que se intente convertir el fallo en un “debate político o electoral”.

Violencia contra jueces

La defensora del Pueblo recordó que la historia judicial de Colombia ha estado marcada por la violencia contra jueces y fiscales.

“Como lo documentó la Comisión de la Verdad, los funcionarios de la Justicia han sufrido violencia y muchos fueron acallados o resultaron exiliados”, afirmó, por lo que consideró este caso como “una oportunidad de oro para dar paso a la voz de la Justicia”.

En su declaración, Marín también advirtió que los señalamientos sin fundamento contra jueces pueden “llevar a ataques violentos” contra servidores públicos, como ha ocurrido en el pasado.

“El país observa con atención un proceso judicial de gran trascendencia que involucra al expresidente de la República Álvaro Uribe. La Justicia se honra con respeto a las formas del proceso y a quienes tienen el mandato constitucional de tomar estas decisiones”, insistió.

Por último, la defensora reiteró: “Este no es un debate político ni electoral. Démosle paso a la Justicia”.

Juicio del siglo

El ‘juicio del siglo’ en Colombia partió en dos este viernes la historia judicial del país al imponer en primera instancia una condena a 12 años de prisión y otras sanciones al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien consideró “sesgado” el proceso y la sentencia de la jueza Sandra Heredia.

La jueza, que el pasado lunes leyó partes de un extenso fallo de 1.114 páginas que convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, dio hoy el golpe en la mesa con el martillo de la Justicia al anunciar una pena superior a la esperada, que era de entre cuatro y ocho años de cárcel.

Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, dictó contra Uribe la pena de 12 años de prisión, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y además lo inhabilitó por más de ocho años para el ejercicio de funciones públicas, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

“Dios quiera, Dios me dé fuerzas (…) para que yo resista todas estas dificultades para seguir en lo que quiero, en la lucha por Colombia”, manifestó el expresidente en una larga intervención después de conocer la sentencia en su contra.

La jueza lo absolvió de un tercer delito, de soborno simple, y le concedió al expresidente de 73 años el beneficio de cumplir la condena en régimen domiciliario, aunque de inmediato ordenó su detención, un extremo que usualmente se hace en instancias posteriores, cuando la condena queda en firme.

Con ese propósito, la jueza notificó al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, el municipio del departamento de Antioquia (noroeste) donde reside el expresidente, para que expida “la correspondiente boleta de encarcelación” y proceda al “traslado inmediato” de Uribe a su domicilio, donde ya estaba el hoy condenado para asistir de manera virtual a la lectura de la sentencia.

“Y me niegan el derecho a permanecer en libertad. Una de las razones para negarme el derecho a permanecer en libertad es que es para evitar violencia”, reclamó Uribe en su intervención.

El expresidente, en tono indignado, explicó que “en el ejercicio de libertad” recorre el país y participa en foros en los que expresa “con franqueza” lo que su corazón “siente sobre Colombia”.

“Doy las razones de oposición a este gobierno, pero jamás, jamás mi partido, los afines, mis compañeros dirigentes de la política, han sido incitadores de la violencia. Eso es, señalarnos de incitadores de la violencia”, indicó sobre la restricción de su libertad.

Críticas a una condena “sin pruebas”

Uribe, fundador del partido de derecha Centro Democrático, criticó la actuación de la jueza no solo por la dureza de la sentencia sino porque considera que no hay pruebas para condenarlo en este proceso que lo enfrenta al senador de izquierdas Iván Cepeda, quien desde hace años denuncia los supuestos vínculos del expresidente con los grupos paramilitares.

“Esos desvíos temperamentales, esas intemperancias contra la defensa, contra mi familia, contra mí, muestran que aquí hubo sesgo y eso lo tiene que considerar la Justicia nacional, los órganos competentes y la Justicia internacional”, manifestó el exmandatario.

Uribe, un referente de la derecha en América Latina por su lucha de toda la vida contra la antigua guerrilla de las FARC y en años más recientes contra el “castrochavismo”, enfatizó que la condena en su contra tiene tinte político y se tomó sin pruebas.

“Este es un fallo que abusa, este es un fallo que excede lo jurídico, un fallo que va contra las normas jurídicas, contra la ética, contra la moral”, dijo, y añadió que, en su opinión, se tomó “con determinadores políticos, sesgados”.

La sentencia hace parte de un proceso que el mismo Uribe inició en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares.

Sin embargo, el magistrado del caso no solo desestimó esa denuncia sino que ordenó investigar al expresidente por intentar “comprar” falsos testigos en cárceles, por medio del abogado Diego Cadena, con quien mantenía contacto, para que declararan en contra de Cepeda.

“No hay una sola prueba que sustente este fallo político que me condena”, subrayó Uribe, quien contestó el argumento de la acusación, acogido por la jueza, de que fue él quien mandó a Cadena buscar testigos contra Cepeda entre exparamilitares presos.

Contra esta condena cabe el recurso de apelación, que la defensa confirmó que presentará ante el Tribunal Superior de Bogotá el próximo 13 de agosto, acogiéndose a una ampliación en dos días del plazo que determina la ley y que inicialmente terminaba el lunes 11 de agosto.

Al incidir en su denuncia del componente político de su condena, Uribe se definió a sí mismo como “un batallador político” y señaló que su único título es el de “batallador de la democracia”.