Estupor ha causado la reciente renuncia del Comandante en Jefe de la Armada para postular a una senaturía, en la lista de la oposición y en un cupo de la UDI. Es evidente que una decisión semejante ha debido ser cuidadosamente meditada y precedida de formales ofrecimientos por parte de la cúpula de ese partido, análisis de posibilidades, garantías financieras para afrontar el gasto, diseño de estrategias electorales y, en general, el planeamiento de la campaña.
Toda esta labor previa, de envergadura, naturalmente se realizó mientras ese alto oficial estaba en servicio activo, lo que por una parte demuestra el flagrante quebrantamiento de su deber profesional de prescindencia política, y por la otra hace patente las cercanías y afinidades de ese partido con un alto mando. Los dos aspectos referidos son de una enorme trascendencia.
La señalada prescindencia política es la indispensable limitación frente a la circunstancia que las Fuerzas Armadas son, dentro del país, las únicas detentadoras del poder de fuego. Son garantes de la institucionalidad de la República, sus máximas jerarquías son inamovibles, a través de ex altos oficiales que integran por derecho propio el Senado, con plenitud de potestades, y tienen una presencia gravitante en el Consejo de Seguridad Nacional, que a su vez designa dos de los siete integrantes del Tribunal Constitucional.
De esta manera, violar la abstención política por parte de un alto mando de una de las ramas de las FFAA hace necesario revisar toda la estructura jurídico-institucional. ¿Será necesario plantearnos la necesidad de milicias republicanas o la experiencia suiza de un ejército ciudadano? Pero a parte de esta hipótesis se hace ya intolerable que se les arrogue el papel de garantes de la institucionalidad, que se mantenga la inamovilidad de sus comandantes en jefe, que exista una bancada castrense en el Senado, y que el Consejo de Seguridad Nacional subsista con sus actuales atribuciones.
Pero lo que causa particular alarma es que este paso es demostrativo de una coincidencia de un alto mando, con posiciones político-partidistas ultramontanas y fundamentalistas. Ya se percibían preocupantes signos en esa dirección. Anotemos el constante ensalzamiento de José Toribio Merino y el seguimiento de su línea de acción, olvidando que ese discutido personaje tomó por asalto la comandancia en jefe de la Armada traicionando a su legítimo titular.
También logró convertir en criminal el aborto terapéutico, prohibió que los oficiales de marina pertenecieran a la masonería, integrando la lista de los proscriptores que encabezan Hitler, Stalin, Franco y Fidel Castro, y calificó de «humanoides» a los de pensamiento marxista, buscando por esta vía un alivio psicológico frente al exterminio físico que muchos de ellos sufrieron y que él no quiso evitar.
Tengamos presente que el anterior Comandante en Jefe, como senador designado, se alineó de inmediato con la oposición y se ha convertido en voto duro de la ultraderecha. Recordemos los cursillos que imparte la Armada para convertir en oficiales de reserva a destacados componentes del mundo empresarial, y la conformación de fundaciones y otras instancias de encuentro que fortalecen los vínculos de aquella rama con el mundo de la derecha y del gran capital.
Este panorama no puede ser más preocupante y hace indispensable profundas rectificaciones. La ideologización castrense es una amenaza cierta a la democracia. Debe lograrse que las FFAA en su conjunto y cada una de sus ramas en particular adhieran irrestrictamente al ideario democrático, y tengan una clara conciencia del respeto a los derechos humanos. Ello sólo será posible cuando sea éste el mensaje pedagógico en todas sus instancias de formación. Ello permitirá, después de algunas décadas, una real comunión entre el país y sus FFAA.
Es de desear que el grave traspié del almirante y el remezón que ha causado alerte a la conciencia ciudadana y se inicien, sin demora, las indispensables y urgentes transformaciones.
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