La privatización de los recursos pesqueros

La inexistencia de derechos de propiedad sobre los stock de peces genera, de acuerdo a la teoría económica, problemas de insustentabilidad, ineficiencia e inequidad. Esta situación estimula en la práctica una racionalidad perversa que opera haciendo que cada empresa capture la mayor cantidad de recursos en el mínimo tiempo, porque si no lo hace otra empresa lo hará.



En el caso de Chile la aseveración es cierta solo en cuanto a los problemas mencionados. Respecto de la propiedad de los recursos, habría que decir que ésta corresponde al común, a todos los chilenos, y el problema de fondo es que el Estado nunca ha hecho efectiva esta potestad. Por el contrario, la ha cedido al empresariado local, generando una tensión permanente entre éstos, los pescadores artesanales y los ambientalistas. Y estamos en un punto en que estas tensiones se pueden agudizar.



Recientemente hemos sido testigos de una gran publicidad en torno al protocolo de acuerdo entre Chile y la Unión Europea para una asociación política, económica y de cooperación entre ambas partes. En ese acuerdo, el tema pesquero ha suscitado la mayor controversia.



El acuerdo con la UE relativo a la pesca se plantea en dos ámbitos principales. Primero establece un protocolo de inversiones, que crea excepciones al articulo 11 de la Ley de Navegación en cuanto a que elimina la restricción de capital nacional mayoritario y, de paso, acaba con la condicionante del control de chilenos en la administración de las empresas como requisitos para inscribir naves pesqueras en Chile.



Con este acuerdo queda abierta la posibilidad para que cualquier empresa europea que quiera explotar recursos pesqueros en las costas chilenas logre constituirse en Chile y, por consiguiente, sus barcos podrían navegar bajo pabellón nacional. Este punto, eso sí, establece que el acceso a los recursos y su regulación se hará de acuerdo a lo que establezca la legislación chilena.



Además, el protocolo acordado confirma la regla de origen de productos pesqueros, según la cual todo producto que provenga de una captura realizada dentro de las 200 millas tiene origen chileno.



En un principio, ante estas nuevas posibilidades de acción sobre los recursos pesqueros, los empresarios agrupados en la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) sacaron a relucir un discurso renovado que en nada se distanció de los grupos ambientalistas, y advirtieron sobre el peligro que implica para Chile y sus recursos naturales el permitir la entrada de naves pesqueras europeas dentro del territorio nacional.



Pero pronto esos resquemores se apaciguaron, eventualmente por los potenciales beneficios que los empresarios pesqueros lograron vislumbrar en el acuerdo. En efecto, este pacto abre un camino a la inversión proveniente de la UE, particularmente la excepción al articulo 11 de la Ley de Navegación. Además, el proyecto de reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura, que ingresó al Congreso el 7 de junio recién pasado, garantiza en las actuales condiciones a los empresarios pesqueros la propiedad sobre los principales recursos que pueden extraerse del mar de Chile, última garantía para constituir a este privilegiado grupo como beneficiario del valor de los recursos naturales de todos los chilenos.



Un ejemplo muy simple expone esta situación: sin la ley, una nave inscrita en Chile con una capacidad de pesca de 50 mil toneladas anuales tiene un valor de, supongamos, 200 mil dólares. Con la ley, la misma nave tendrá como valor esos 200 mil dólares más el valor actualizado de la renta total del recurso, es decir, el valor equivalente a lo que podría pescar en 15 años, aproximadamente 13 millones de dólares.



Es la propiedad de ese valor actualizado de la renta, el del recurso en su estado natural, el que será traspasado al empresariado y que en total asciende a aproximadamente mil millones de dólares.



Se entiende, entonces, el cambio de opinión de los empresarios, pero no se puede comprender la pasividad de las autoridades encargadas de asegurar un patrimonio tan valioso. La privatización de los recursos pesqueros está en ciernes, pero al contrario de las privatizaciones de empresas públicas, en este caso el Estado no recibirá nada a cambio por ceder toda la riqueza marina de manera gratuita a los empresarios chilenos. Estos, según sus intereses, podrán vender dicha riqueza a los inversionistas de la UE.



Aún es tiempo de establecer una legislación que persiga los objetivos de eficiencia, equidad y sustentabilidad para todos los chilenos. Para cumplir con estas características, el nuevo texto legislativo debería establecer la propiedad pública sobre los recursos pesqueros dentro de las aguas bajo jurisdicción chilena, permitiendo que el Estado chileno sea garante de la protección y estimación de los niveles de <i-stock explotables.



Esto es una condición necesaria para la sustentabilidad en el uso de los recursos pesqueros y, además, permitiría abrir un camino para capturar la renta de un recurso de propiedad pública, de cuyo valor actualmente se apropian agentes privados que no entregan prácticamente nada a la sociedad.



Un segundo punto que se debe establecer es el libre acceso a las pesquerías por parte de los pescadores artesanales. Ello bajo el criterio de equidad, porque de lo contrario se restringiría el acceso a los recursos a un sector que no ejerce una presión significativa en las biomasas y aporta un porcentaje mayoritario del empleo pesquero.



En tercer lugar, se debe establecer un área de reserva pesquera, pues sabemos que los espacios reproductivos de los peces se encuentran en lugares delimitados que al ser objeto de pesca afectarían la sustentabilidad futura de los recursos marinos.



Un cuarto y muy importante punto es que se deben contemplar medidas que tiendan a ajustar la flota pesquera industrial a los niveles de stock explotables en el mediano plazo. Para conseguir este objetivo se podría incorporar un sistema de cuotas individuales transferibles, pero que sean asignadas bajo licitación internacional, abierta y por plazos adecuados a la proyección de los niveles de biomasa. Con esto se garantizaría el funcionamiento de una industria eficiente.



El quinto y último elemento a considerar reside en establecer mecanismos de control social sobre los recursos, de manera de asegurar el respeto de la legalidad y de velar por la transparencia de lo obrado en materia de regulación. Así se evitarán posibles capturas de regulación por parte de actores interesados, y se presionará para que las instituciones cumplan con su cometido social.



En ese sentido las instancias como el Consejo Nacional de Pesca (CNP) y Consejo Zonal de Pesca (CZP) pueden ser de gran utilidad, pues ellas mismas se pueden convertir en una de las instancias de control social.



En estos momentos el país enfrenta decisiones de las que depende el futuro de su patrimonio pesquero. Las opciones aún están abiertas: veremos si los encargados de decidir irán por el camino de la sustentabilidad o, definitivamente, consagrarán la privatización de los recursos del mar de Chile.



* Economista de la Fundación Terram.



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