La dictadura militar creó una herida que no tiene cicatrización. Siempre la derecha chilena será responsable de su cómplice silencio y nunca tendrá autoridad moral para hablar de ese tema en igualdad de condiciones con las víctimas.
La UDI parece ser víctima de la amnesia. Hago este diagnóstico porque es demasiado joven para que se trate del mal de Alzheimer. Pero alguna enfermedad de la memoria tiene porque se ha convertido, de la noche a la noche, en la intercesora de los familiares de las víctimas de los derechos humanos.
Nada debería sorprendernos, dado el giro surrealista que ha tomado la política en estos tiempos. Señalemos unos pocos ejemplos, para que no se crea que exageramos. A Bush se le pone entre ceja y ceja exportar la democracia mediante el uso de bombas de grueso calibre y a través de la ocupación de un país independiente y soberano. Luego consigue la ratificación de Naciones Unidos para reconstruirlo, lógicamente, después de haberlo destruido. En Chile, la Concertación apoya eufórica la subida del IVA, la cual, aun siendo marginal, es absolutamente injusta. La UDI toma la defensa de los consumidores pobres.
Quizás el ejemplo ratifique el hecho que la organización política de Longueira es propensa a políticas inesperadas. Pero con el tema de los detenidos desaparecidos se le pasó la mano. Se le puede aceptar que juegue al populismo en el asunto de la impuestos. Pero es imperdonable que meta sus narices en un tema en el cual esa organización fue cómplice, aunque solo sea por omisión.
Hasta por lo menos 1990, esa organización ni siquiera reconocía la existencia de detenidos desaparecidos. Sus militantes, entre los cuales figuran Sergio Fernández y Jovino Novoa, eran funcionarios del gobierno militar cuando las torturas y los asesinatos se realizaban. No conozco ningún caso en el cual el primero de los nombrados haya proporcionado antecedentes fidedignos a los tribunales para la tramitación de recursos de amparo o de causas judiciales.
Y, ahora, toman la iniciativa para paliar las enormes injusticias realizadas, sin ahorrarle criticas a la Concertación por su falta de sensibilidad. Ä„No puede ser!. Ese partido -como institución, y ninguno de sus dirigentes- tiene autoridad moral para proponer soluciones respecto a un tema que negaron, cuya investigación entorpecieron, en colusión abierta o implícita con los militares.
Si quieren aportar algo a la solución del problema deberían hacer lobby con las Fuerzas Armadas y con los militares en retiro implicados, muchos de los cuales votan por su candidatos, para que de una vez por todas revelen la verdad sobre el paradero de los múltiples desaparecidos sin encontrar.
Pero donde el surrealismo de la política chilena alcanza su culminación es con la actitud del Presidente Lagos. Este, en vez de rechazar con un gesto despectivo, las pretensiones de estos advenedizos los recibe y les otorga un inmerecido papel de interlocutores. Debió haberlos conminado a que permanecieran mudos. Pero parece ser que las exigencias de la política de Estado exigen olvidar que, en este caso, la UDI tiene las manos y la conciencia sucia. ¿Cómo se puede aceptar que esa organización, muchos de cuyos militantes tuvieron responsabilidades morales graves en las violaciones de los derechos humanos, sean aceptados por el Presidente socialista para dialogar soluciones?
Parecería un chiste, sino fuera para muchos familiares de las víctimas simplemente un insulto. ¿Cómo no va a tener ese significado? ¿Es posible olvidar la actitud política de la UDI en tiempos de la dictadura, en especial la de Jaime Guzmán, el gran arquitecto de la Constitución del 80 y del alargamiento del régimen? Condenar su abyecto asesinato no puedo hacernos olvidar que Guzmán sabía desde el principio que se aplicaban atroces torturas porque participó muy de cerca en las gestiones para la entrega del cadáver destruido de Eugenio Ruiz Tagle a sus familiares.
Además, la UDI pretende canjear indemnizaciones económicas por términos de los juicios, creando las condiciones para la aplicación de la amnistía. Una propuesta de ese tipo no merece siquiera ser oída por el Presidente Lagos. Pero tampoco debería oír ninguna otra, por muy sensata que apareciera.
La dictadura militar creó una herida que no tiene cicatrización. Siempre la derecha chilena será responsable de su cómplice silencio y nunca tendrá autoridad moral para hablar de ese tema en igualdad de condiciones con las víctimas.
En Chile, la represión alcanzó las dimensiones del horror. Los que guardaron silencio, los que justificaron, los que mintieron diciendo que los desaparecidos estaban en Europa, los que hasta hace poco negaban el término agregándole a los asesinados el eufemismo de presuntos, no tienen derecho a hablar y menos a tratar de aprovechar políticamente la situación de un conjunto de familiares que, con razón, exige reparaciones monetarias. Hacerlo es un desvergüenza política.
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