La tardía iluminación de Trivelli con respecto al cierre de Santa Marta y su interés de propiciar una ley que regule el manejo y disposición final de la basura, constituyen una buena señal, después de los constantes desaciertos del gobierno sobre el tema, en los cuales el intendente ha sido un actor protagónico.
El empecinamiento del intendente Trivelli para habilitar Santa Marta hace más de un año y su «iluminación» respecto a los evidentes y reiterados problemas ambientales del vertedero que obligan a su cierre y a la necesidad de crear un proyecto de ley para el manejo y depósito de la basura, confirman lo que las organizaciones ecologistas hemos dicho durante mucho tiempo: Santa Marta jamás constituyó una opción viable y bien planificada en el tema de la basura.
Además de la pésima gestión administrativa, ingenieril y logística, el relleno hasta ahora ha recibido 15 amonestaciones y obligó -en una nueva emergencia sanitaria- a que los residuos sean redestinados a los rellenos Santiago Poniente y Lomas Los Colorados.
Esta crisis evidencia la falta de una política nacional para los residuos sólidos y los enormes costos para los municipios y sus habitantes de continuar botando el 100% de los desechos.
Por un lado las comunas de Maipú y Quilicura que deben recibir los desperdicios del gran Santiago no desean ser comunas basurero y por otro, municipios más pobres como La Granja, declaran no tener los recursos para pagar el alza de US$ 8 extra por tonelada que significa el envío de la basura al relleno Lomas Los Colorados.
La tardía iluminación de Trivelli con respecto al cierre de Santa Marta y su interés de propiciar una ley que regule el manejo y disposición final de la basura, constituyen una buena señal, después de los constantes desaciertos del gobierno sobre el tema, en los cuales el intendente ha sido un actor protagónico.
Asumir ambiental y políticamente el tema de la basura implica para el gobierno establecer una política nacional sobre residuos sólidos, que incluya la reducción de residuos a través de normas de embalaje y reciclaje, la recolección diferenciada a cargo de los municipios y la disposición final establecida por los gobiernos regionales sobre la base del ordenamiento territorial y las características físicas de los territorios.
Esta política nacional permitirá disminuir los desechos que van al relleno sanitario en casi un 50% además de establecer beneficios para las comunas en donde, de acuerdo a la planificación territorial, se construyan los futuros vertederos. La política gubernamental no puede seguir siendo sólo una multiplicación de vertederos.
El negocio de la basura tampoco puede seguir siendo una improvisada asociación municipal, una emergencia regional o una irresponsable empresa privada. El gobierno debe orientar y normar este ámbito desde el origen hasta la disposición final. Las iniciativas de reducción de embalaje de algunos supermercados, las de reciclaje de beneficencia tales como Coaniquén/Cristalerías Chile, empresariales como recolectores/Sorepa o municipales como La Reina y Ñuñoa, son buenos ejemplos que se requieren institucionalizar y masificar.
En tal sentido, ojalá que el intendente Trivelli y el presidente Lagos aprendan las lecciones de Santa Marta.
(*) Ex candidata presidencial, directora del Programa Chile Sustentable.
