Recién en la última década empezamos a asumir en Chile que los derechos en general, pero especialmente los derechos específicos de cada cual, son parte de una responsabilidad social que requiere, además de voluntad política, instituciones, normas y una nueva cultura nacional. Asimismo, que exigen una alerta permanente para su cumplimiento y para la revisión y transformación de tales instituciones y normas que suelen quedar rezagadas en relación a los constantes cambios que sufre una sociedad cada vez más compleja.
Y lo que ha estado y sigue estando detrás de todas las polémicas y escándalos recientes es, precisamente, de lo que menos se habla, de la concepción, fundamentos y reglas que resguardan los derechos de la niñez en la compleja realidad chilena contemporánea.
Las imágenes televisivas de bebés que son acunados y de niños sonrientes que corren a los brazos de mamás y papás amorosos, son parte de una imagen edulcorada de la realidad infantil que esconde violencia intrafamiliar, abusos y maltratos físicos, sexuales y sicológicos dentro del hogar y fuera, en las calles y también en las escuelas, así como trabajo infantil para muchos menores en hogares pobres o internación de niños en centros de acogida, porque sus hogares no pueden sostenerlos o porque están desestructurados, rompiéndose los lazos de afecto que un menor requiere en su proceso de socialización.
La indefensión y vulnerabilidad de un menor, así como las secuelas que en su vida adulta dejarán las experiencias vividas en la infancia, exigen con gran urgencia actualizar la vigencia de los derechos de los niños y niñas, desde hoy y en todos los planos. La desatención en tal etapa inicial de la vida, no sólo genera parte de las enfermedades sociales que se exhiben por estos días, sino que son las causales más estructurales de las desigualdades que nos acompañan.
Educación y trabajo infantil
Tal vez el paso más significativo en esa dirección y del que se ha hablado muy poco, es el que resulta del reciente proyecto que sanciona la enseñanza media obligatoria y que extiende la obligatoriedad de permanecer en el sistema educacional más allá de la enseñanza básica, como era hasta hace poco tiempo atrás. Con ello se está diciendo que la sociedad se obliga a crear las condiciones para que los niños de hasta 18 años de edad estudien y ejerzan así el derecho inalienable de todo niño y niña del país a tener educación completa. En otras palabras, la sociedad ha señalado de esta manera que concibe como derecho y responsabilidad de los menores de hasta 18 años de edad la de sólo estudiar.
Lo anterior norma, a su vez, indirectamente, la visión que una sociedad tiene sobre el trabajo infantil, pues si la educación debe ser el derecho de todos los niños, ellos deben estar eximidos de la necesidad de trabajar antes de culminar sus estudios o, en el peor de los casos, el trabajo ejercido no debe ser obstáculo para que se continúe estudiando e impedir, así, la interrupción prematura de los estudios. En estas materias, el Código laboral chileno, adaptándose a las exigencias de la organización Internacional del Trabajo, OIT, elevó de 14 años a 15 años la edad mínima legal para que un menor pueda trabajar. Seamos realistas, la decisión de poner como límite 15 años de edad responde al sólo hecho de que ella es una norma posible de cumplir en la actual realidad, pero no porque a esa edad un menor haya dejado de ser niño y lo deseable es que postergara su ingreso a la vida laboral hasta culminar todos sus estudios, incluidos los post secundarios. Sobre todo, cuando la esperanza de vida se prolonga cada vez más y le espera una muy larga vida llena de responsabilidades, esfuerzo y trabajo.
Sexualidad
Como Freud nos enseñó, por sobre todo los seres humanos somos sexuados. Y lo somos desde el nacimiento. Por más que el silencio ha tratado por años de ocultarlo en nuestro país, esta pulsión humana, la más potente de todas, irrumpe de todas maneras. Para bien y para mal. Ignorarla hará que sea para peor, de modo que también en estas materias es imprescindible crear instituciones y normas que permitan el mejor, más libre y sano despliegue de la sexualidad humana. Desde la infancia, por cierto. Y proteger a niños y niñas de los abusos a la que puede llevar su práctica desregulada o mal regulada, como lo han sido la prostitución infantil, la pedofilia y la pornografía con menores, es una tarea muy importante cuya urgencia se logró gracias a la visibilidad que le dieron los escándalos de las últimas semanas.
En estas materias, algunos recientes cambios legales apuntan a aumentar las penas y los límites de edad de consentimiento en estas actividades. En el caso de la pornografía infantil se ha elevado de 12 años a 13 años la edad mínima para consentir la participación en ésta y, en el ejercicio de la actividad sexual, el límite de edad de consentimiento se ha elevado desde los 11 años a los 14 años de edad. La primera duda que surge es la disparidad con la que ambas legislaciones tratan el límite de edad de consentimiento. Por otra parte, habría que preguntarse si las edades límites que se están proponiendo en las respectivas legislaciones responde a criterios de expertos en salud y sicólogos, si se han contemplado legislaciones comparadas y si hay opiniones de otras disciplinas, incluidas las opiniones de los propios involucrados, que mejor pudieran enseñar hasta qué edades los menores requieren ser protegidos, incluso de sus propias decisiones, sin por ello conculcarles derechos y espacios crecientes de libertad.
Familia
Buena parte de los problemas que afronta la infancia se desarrolla dentro del hogar y, desde allí, irradia al exterior y se prolonga en la vida adulta. La violencia como forma de dirimir los conflictos se aprende dentro de las casas y se practica luego fuera de ellas, así como la expresión o ausencia de afectos. Las convivencias dentro de los hogares entre los padres y de éstos con los hijos son marcadoras. Sin duda, esto supera los marcos de las instituciones o de las normas, pues tiene que ver con la esfera sicológica y de formación de la personalidad. Pero, el contexto ayuda o perjudica y, en tal sentido, las instituciones y algunas normas pueden promover buenas prácticas, proteger los derechos y defenderse de la trasgresión.
La pobreza y la falta de oportunidades, la cesantía o el empleo desprotegido, la sobrecarga laboral y las extensas jornadas de trabajo, la falta de descanso dominical y las distancias entre el lugar de residencia y de trabajo, mala calidad de las viviendas y con reducidos espacios de habitabilidad, falta de espacios colectivos y mala calidad de vida, en fin, presiones permanentes sobre el núcleo familiar, atentan contra éste y sus principales víctimas son los niños. Políticas sociales para erradicar la pobreza y ampliar oportunidades, reformas para mejorar la equidad y calidad de la educación, de la salud y la seguridad social son tan cruciales como políticas habitacionales y urbanas, reformas laborales, salas cunas para los hijos de trabajadores (hombres y mujeres) y, si fuéramos audaces, educación preescolar obligatoria para los grupos de 3 a 5 años de edad, entre otros.
Asimismo, reformas en la legislación familiar. Si, como se está proponiendo, se eleva de 12 años en las mujeres y de 14 años en los varones a 16 años en ambos casos la edad mínima para casarse, lo que con realismo permite prever que muchos no podrán mantenerse casados para toda la vida con una decisión adoptada tan tempranamente, lo que lleva aún más a justificar la necesidad de contar con la alternativa del divorcio vincular, éste debe cautelar no sólo la mayor protección económica para los hijos, sino también emocional: el derecho de los hijos a decidir con quien quedar (madre o padre) desde los 12 años de edad, así como a no ser expuestos a causales de divorcio que impliquen estigmatizar a uno de los padres con el consiguiente daño emocional para los hijos.
Derechos políticos
Pero, no sólo estudiantes, trabajadores potenciales y seres sexuados son los niños. También son personas que viven en sociedad y que tienen que decir algo sobre ella y pronunciarse sobre cómo quieren que esta sociedad sea. Los derechos cívicos y políticos de los niños están claramente subestimados en nuestra sociedad y no será hasta la mayoría de edad de 18 años que puedan participar electoralmente y, asimismo, inscribirse en los registros electorales. En una incomprensible e inaceptable decisión del senado, acaba de perderse la posibilidad de que el sólo hecho de nacer en el país otorgue ciudadanía con plenos derechos y se ha negado la inscripción automática en los registros electorales. Curioso, al nacer en Chile se es chileno, pero un chileno incompleto. No será hasta los 18 años que un joven cuente con derecho político alguno, ni podrá ser representante, ni elegir a quienes lo representen.
Sin embargo, antes de tener mayoría de edad, un menor puede manejar un vehículo, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, dar pruebas complejas de admisión a la universidad, iniciar una carrera profesional que determinará decisivamente su futuro, disponer de su cuerpo para fotografiarse o exhibirse públicamente vestido o desnudo, ejercer su sexualidad, tener hijos y casarse, decisión que una vez adoptada, a juicio de varios de los mismos senadores que le niegan su ejercicio político, debe ser de una vez y para siempre, aún si tal decisión la tomó a la temprana edad de 16 años. Actividades todas, como vemos, que requieren menos años que estar considerado en los registros electorales del país como ciudadano con derechos políticos.
Parece ser que la patente de madurez política requiere más años que la patente para ser profesional, para escoger pareja y casarse, o para convertirse en padre o madre de nuevos seres humanos a los que hay que criar. Debe ser por eso que la política se caracteriza hoy en día por su calidad.
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Clarisa Hardy
Directora Ejecutiva
Fundación Chile 21
