La deficiente gestión de la CONAMA

Cuando a principios de este año Paulina Saball asumió la dirección de la CONAMA, hubo cautela por parte de las organizaciones ambientales, quienes nos mantuvimos a la espera de un pronunciamiento respecto a las políticas que llevaría a cabo el gobierno en esta materia. Sin embargo, el reciente anuncio de la Nueva Estrategia Nacional para la Protección de la Biodiversidad demuestra una vez más el desinterés por parte del Ejecutivo y la falta de visión de la CONAMA para dictar políticas coherentes en beneficio del medioambiente.



Esta nueva propuesta no es más que una declaración de buenas intenciones. Primero, porque las medidas cortoplacistas en esta materia no son otra cosa que soluciones «parche», ya que la protección de la biodiversidad requiere políticas estructurales a largo plazo y segundo, porque no existe el piso, ni legislativo ni económico, para que dicha propuesta sea viable.



Mientras la institucionalidad ambiental no cuente con la independencia necesaria para fijar sus objetivos seguirá siendo débil, como lo ha demostrado hasta ahora. Esta clase de problemáticas tiene, por definición, soluciones que trasciendan los gobiernos, porque los resultados de medidas para conservar bosques o disminuir la contaminación se perciben muchos años después, incluso décadas.



Al revés, hoy se privilegian iniciativas de corto plazo que tengan un fuerte impacto mediático y que se ajusten a las necesidades e intereses de los distintos ministerios. La política ambiental constantemente ha sido mutilada y confinada para que no se transforme en uno de los «lomos de toros» para la inversión, como señaló el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, lo que se puede ejemplificar también con las medidas que promoviera Jaime Ravinet como ministro de Vivienda, eliminando los límites urbanos de Santiago para asegurar al mercado como regulador final en la gestión del territorio.



Remitiéndose a esta iniciativa, las acciones contempladas, como por ejemplo lograr la protección del 10% de los ecosistemas más relevantes del país, aunque cuenten con el apoyo de los ministros del Consejo y dispongan de financiamiento, dependen para su concreción de los principales temas legislativos ambientales que aún se encuentran pendientes, como es la Ley del Bosque Nativo, que ha estado 12 años en trámite legislativo en el Congreso, y el Reglamento para las Áreas Protegidas privadas. Por tanto, este nuevo grupo de «Políticas Nacionales» no tiene ningún poder administrativo y sólo corresponden a declaraciones de buenas intenciones.



El modelo de institucionalidad ambiental implementada por los gobiernos de la Concertación se encuentra agotado. Durante la campaña presidencial del entonces candidato Lagos, uno de los 10 puntos para «Crecer con Igualdad» era el tema medioambiental, propuesta bastante novedosa, ya que ni su contrincante Joaquín Lavín ni sus antecesores concertacionistas le habían dado relevancia a este tema. Se prometió, entre otras coas, proteger «nuestros recursos naturales» por medio de la creación de una «Autoridad Nacional de los Recursos Naturales». Sin embargo, estas promesas se han visto opacadas por iniciativas como la promulgación del decreto 525 del Ministerio de Agricultura, que precisamente autoriza la tala de bosques de especies declaradas monumentos naturales, como el alerce.



Los publicitados anuncios de una nueva normativa no son más que un maquillaje a la política ambiental chilena. Quizás algún día , cuando la voluntad política no sea verso para los responsables de la política ambiental, se realicen los cambios que requiere nuestra institucionalidad y gran parte de nuestro marco jurídico.





Cristóbal Zolezzi. Economista, Fundación Terram.