En septiembre de 1999, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se enajenó, a través de una licitación pública, la sanitaria EMOS a un consorcio catalán-francés -Aguas Andinas-, que tomó su control accionario de acuerdo al siguiente detalle, en números redondos y considerando la actual paridad UF/US$ para los cálculos :
– 1.380.000.000 acciones de la serie A por un precio de UF 17.270.235, equivalentes a $ 257.877.075.696 de la época y que son US$ 535 millones.
– 560.000.000 acciones «adicionales» de la serie A por un precio de UF 5.606.569, equivalentes a $ 83.716.612.533 de la época y que son US$ 174 millones.
– 1.193.053.126 acciones de nueva emisión de la serie A por un precio de UF 14.930.658, equivalentes a $ 222.942.790.785 de la época y que son US$ 463 millones.
– 52.000.000 acciones de la serie A o comunes, mediante remate en Bolsa, por un precio de $ 7.800.000.000 de la época a un valor unitario de la acción de $150.
– La CORFO se quedó con acciones serie B, que le dan el 35% de la totalidad del capital accionario.
Posteriormente Aguas Andinas ha adquirido casi todas las sanitarias pequeñas que operaban en la Región Metropolitana, y hoy en día desarrolla su actividad productiva con ciertos sobresaltos, siendo los más conocidos:
1) el problema de los hedores que produce su planta de aguas servidas La Farfana.
2) el intríngulis ocasionado por el intento de cobrar a los agricultores de la comuna de Maipú por las aguas ya tratadas que deben volver a los cauces naturales.
3) el conflicto que tuvo con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a raíz de su oportunista decisión de no considerar en las tarifas a los usuarios de sus compañías Cordillera, Manquehue y Los Dominicos las sinergias (economías de escala) que naturalmente se producen por operar todas en conjunto.
Por otro lado, debemos tener presente que hace 3 años se formó una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, con el propósito de revisar el proceso de la licitación internacional, ya que, en opinión de muchos, existieron algunas «desinteligencias», las que finalmente no fueron dilucidadas, pues dicha Comisión, por motivos incomprensibles e inaceptables, no evacuó su informe.
Ahora bien, y entrando en materia, dicha empresa sanitaria, aprovechando el boom inmobiliario, ha iniciado conversaciones con la Municipalidad de Providencia, con el propósito de llevar a cabo un proyecto de construcción de 12 torres habitacionales, en el 50% de la superficie de 7,7 hectáreas de su predio área verde, en donde se almacenan sus estanques, situado en la esquina nor-oriente de las calles Pocuro y Antonio Varas. Ingresó la documentación respectiva en las oficinas técnicas municipales y el alcalde expresó en la prensa (12/06/05) que «la obra está en estudio y que no hay pronunciamiento».
La sanitaria funda su pretensión comercial en el hecho de que ese porcentaje del inmueble «tiene el carácter de prescindible», según lo expresó Ricardo Fornesa, presidente de la casa matriz, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., en carta dirigida a una vecina que no aceptaba el cambio de uso de suelo, repitiendo una opinión del Superintendente de Servicios Sanitarios.
Cuando los controladores de Aguas Andinas ganaron la licitación de EMOS en 1999 sabían que ese predio área verde tenía restricciones en su uso, derivadas de la afectación establecida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994. Es más, si se observa la expresión gráfica del terreno en el plano oficial RM-PRM-92/1A (escala 1 : 50.000), se aprecia que esa área verde actualmente privada es la continuación natural del área verde pública denominada Parque Intercomunal Inés de Suárez.
Los vecinos de la comuna y tres concejales han rechazado el intento de levantar las torres por razones de orden ambiental y de equilibrios urbanos. En un intercambio epistolar que sostuvimos con el enérgico alcalde Cristián Labbé, nos aseguró que el predio en cuestión «está gravado como futura área verde en ambos Planos Reguladores…», refiriéndose al Plan Regulador de su comuna y al PRMS, en circunstancias que, la propia Dirección de Obras Municipales, ha reconocido en «Certificado de Informaciones Previas» que dicho predio sí es área verde. (sic)
En nuestra interpelación formal a Labbé le dijimos que, aparte de la contradicción anterior, las autoridades que conocen las legislaciones urbanas y ambientales y más aún, los marcos de referencia de la «Actualización y Reformulación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica» de nuestra región y el nuevo artículo 5.2.1.1. del PRMS saben que mientras Santiago tenga niveles de contaminación que excedan las normas vigentes de calidad del aire es inviable la materialización del negocio inmobiliario propuesto por esa empresa sanitaria extranjera.
También le manifestamos al alcalde que la ley de concesiones de los servicios sanitarios le impide a esas empresas incursionar en actividades lucrativas, por no decir especulativas, no complementarias al giro de su finalidad comercial. Por ello lo instamos a que le exija a Aguas Andinas que retire del municipio su muy rentable proyecto de inversión inmobiliaria, ya que el marco regulatorio sanitario es muy claro.
Finalmente, las organizaciones ciudadanas «Comité de Defensa de las Áreas Verdes de Providencia», «Comité de Calidad de Vida de Providencia», «Ciudad Viva» y la nuestra, le propusimos al alcalde que, en aras de lograr decisiones orientadas al bien común de la ciudad, llevara a su Concejo Municipal el proyecto de adquisición de ese 50% del predio área verde, a objeto de materializar la anhelada continuación del referido Parque Intercomunal, con lo cual se iba a beneficiar efectivamente a sus mandantes y vecinos.
Somos acérrimos partidarios que la sanitaria continúe disponiendo de sus instalaciones físicas de la mejor forma posible para que cumpla a cabalidad con el servicio de entrega de agua potable a sus clientes y que el municipio recupere para la comunidad esa área verde que brinda significativas externalidades positivas a la población.
Y en este sentido, estamos ciertos que dicha sanitaria honrará sus criterios sobre «Responsabilidad Corporativa» (www.agbar.es) en lo que dice relación a su misión, visión, valores, ética, transparencia y su decidido impulso del desarrollo sostenible en todos los países en donde tiene presencia.
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Patricio Herman es director de la agrupación Defendamos la Ciudad
