En estos días de emergencia electoral el tema de la seguridad ciudadana ha sido llevado por el extremismo delirante del populismo penal a un manoseo de sus soluciones y causas que se expresan en «mano dura», «mano acogedora», «mano justa e inteligente», etc., en contra del delito.
De no actuarse de manera justa e inteligente con las causas del delito con la actual impronta del populismo penal, simplemente convertiremos la «puerta giratoria» en una «ruleta rusa» para los delincuentes más débiles, donde el azar escoge a los jóvenes y las mujeres como chivos expiatorios de un sistema penal inútil, ya que no existe ninguna posibilidad real de capturar y sancionar a una porción significativa de los delincuentes. La primera característica de cualquier sistema penal, por eficiente que sea, es la impunidad para los delincuentes más avezados y la selección sancionatoria de los inculpados más débiles.
Se ha dado por demostrado que la delincuencia es una de las fuentes más importantes de tensión y deterioro de las relaciones sociales, pero esa tesis es equívoca y contradictoria ya que la delincuencia no es una de las causas sino que el resultado más grave del deterioro de las relaciones sociales y es una de las expresiones de aquellas tensiones.
Si bien la comunidad no tiene porque comprometerse en la lucha contra la delincuencia ni en la reducción del crimen, ya que esa es una función policial y de los tribunales de justicia, no obstante la participación social es el principal instrumento, es el capital social, para prevenir las conductas inaceptables y el delito, de acuerdo con las tesis de la Concertación referidas a aplicar la mano justa e inteligente con las causas del delito.
Las causas del delito son económicas, sociales, culturales y políticas, las cuales demandan principios socialmente solidarios, culturalmente tolerantes, políticamente democráticas y científicamente seculares – es decir, que pertenezcan al mundo y no a la ideología – para su comprensión, prevención y gestión. Este nuevo enfoque de la delincuencia no es solamente un asunto de principios, además, es un asunto de eficacia en el logro de los resultados y eficiencia en el uso de los recursos.
La exposición que sigue consta de tres partes: los temas de la seguridad ciudadana instalados, el diagnóstico situacional y las estrategias de intervención, así como los instrumentos de acción para intervenirlos.
1. Los Temas de la Seguridad Ciudadana
Los principales temas sobre la delincuencia y la seguridad ciudadana (1) que ha instalado la actual campaña electoral son los siguientes: «la puerta giratoria», la delincuencia juvenil así como las drogas y el delito.
«La puerta giratoria» y el pequeño delito
La idea de «puerta giratoria» que se refiere a la supuesta impunidad de la cual disfrutan los delincuentes reincidentes, es el resultado de la aplicación de las medidas alternativas a la privación de libertad establecidas en Chile desde el año 1944, ampliadas en 1972 y consolidadas el año 1983 por la Dictadura Militar (2), que promulgó la Ley 18.216 la cual dispuso la remisión condicional de la pena, la reclusión nocturna y la libertad vigilada para las penas menores a tres y cinco años de privación de libertad.
Se define operacionalmente como pequeño delito toda conducta penalmente sancionada que reciba una pena inferior a tres años de privación de libertad, ya que así tienen derecho a medidas alternativas a la prisión. En el año 2000 el 97% de los sancionados por hurto, el 93% de quienes lo fueron por lesiones, el 54% por robo y el 17% de los sancionados por robo con violencia recibieron penas inferiores a tres años.
Esto evidentemente genera frustración y zozobra entre la población afectada, sobre el tratamiento mediático y electoral de este asunto está montado el actual debate político sobre la impunidad y la puerta giratoria para los delincuentes. Debate que ha distorsionado por el efecto del populismo penal tanto la aprobación la ley penal juvenil como la aplicación de la reforma procesal penal. La aplicación ya en todo el país de la reforma procesal penal agudiza esa situación frustración y temor a nivel popular.
La delincuencia juvenil
En 2000 el 17% de la población tenía entre 15 y 25 años, 2.5 millones de habitantes; asimismo, el 73% de los aprehendidos por robo, el 55% por hurto el 60% por drogas y el 25% de los que usaron drogas eran menores de 25 años, no obstante ese año sólo el 0.2% -5.000- de los jóvenes fueron detenidos por robo con violencia y solamente el 0.03% -880- de esos 2.5 millones de jóvenes fueron sancionados por robo con violencia. Los jóvenes en el proceso de aprendizaje de sus relaciones con su entorno social y medio ambiente asumen variadas conductas de riesgo que pueden ser delictivas, las cuales desaparecen con el paso de los años.
Drogas y delito
La relación entre drogas y delitos se restringe a dos tipos de usos: por una parte i) quienes son delincuentes habituales y usan drogas como parte de su subcultura, de la misma manera como acontece con otras actividades o profesiones estresantes y ansiógenas – ejecutivos, creativos, artistas de la farándula, profesiones de la salud, trabajadores del transporte o la minería, fuerzas armadas y policiales, etc.; por otra, ii) quienes carenciados delinquen para recabar los recursos necesarios para proveerse de drogas. Lo anterior en ningún caso permite inferir – predecir- que los usuarios de drogas terminan delinquiendo, de la misma manera que los usuarios de alcohol no se convierten en alcohólicos y delincuentes, ni los tenedores de cuentas corrientes en delincuente de cuello y corbata. Los que delinquen para adquirir drogas lo hacen por que carecen de recursos, por eso que en Europa a los carenciados se les permite acceder a ellas de manera flexible y controlada por la autoridad sanitaria.
2. Diagnóstico Situacional y Estrategias de Intervención.
La exclusión social
El eje transversal explicativo del tema de la delincuencia es la exclusión social y cultural y no la pobreza económica. Ya que una parte importante de la sociedad sobre todo jóvenes y mujeres son crecientemente excluidas del mercado y la sociedad de consumo, mientras que disminuye constantemente el segmento social que no logra satisfacer sus necesidades básicas vía ingresos y asistencia social – del 39% en 1990 al 19% en 2003. En términos cuantitativos tenemos una de las diez peores distribuciones del ingreso del planeta – el 20 % de la población de mayores ingresos recibe 60 veces más que el 20% de menores ingresos.
Entonces, resulta sorprendente que en el reciente Programa de Gobierno de Michelle Bachelet, hecho público el 18 de octubre, sólo se reconozca como causas del delito al consumo de alcohol y drogas, a la violencia intrafamiliar y a la deserción escolar, cuando estos hechos son las otras expresiones del grave del deterioro de las relaciones sociales y sus correspondientes tensiones resultado de la pésima redistribución del ingreso nacional antes referida.
La participación social
Si bien los componentes fundamentales de cualquier estrategia de intervención social -políticas públicas- son la institucionalización, las normas y la comunicación. El eje transversal de la voluntad política para la intervención del tema de la seguridad ciudadana es la participación. Esta participación no debe ser solo informativa o consultiva, para ser efectiva, es decir, convertirse en capital social necesariamente debe ser deliberativa y vinculante. Sólo la deliberación y la vinculación entre las partes puede establecer un pacto -joint venture (asociación de riesgos compartidos) – entre la sociedad civil y el Estado.
La innovación en seguridad ciudadana
El concepto de innovación se centra en la idea de utilizar los mismos recursos -reparticiones del sistema público – y habilidades – recursos humanos – disponibles para obtener un mejor resultado, es tanto una nueva disposición de recursos como un original uso de habilidades: la innovación es una estrategia.
Según la teoría económica (3) la innovación consiste en una nueva manera de usar y recombinar los factores de producción. La innovación aplicada a la seguridad ciudadana implica i) [nuevos productos y servicios] un nuevo concepto de seguridad que universaliza los derechos a proteger es garantista, pragmática y humanista – derechos humanos de tercera generación; ii) [nuevas tecnologías] nuevas maneras de producirla con participación ciudadana y del sector privado, además de la función estatal de seguridad pública y de las nuevas medidas alternativas a la privación de libertad; iii) [nuevos mercados] amplia el universo de los beneficiarios de la seguridad ciudadana, esta es de todos, no excluyente ni económica, ni social, ni cultural, ni políticamente; iv) [nuevos objetos de trabajo] prevención social y situacional, además del control represivo del delito, y; v) [nuevos usos del trabajo] habilitación y competencia de las comunidades para hacer prevención primaria y segundaria del delito- capital social.
3. Instrumentos de Acción.
La institucionalidad
Las cárceles. No es necesario construir más cárceles, porque ya tenemos una de las más altas tasas mundiales de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Necesitamos institucionalizar las medidas alternativas al proceso penal y a la sanción privativa de libertad por pequeños delitos -justicia local, mediación, reparación, restauración, conciliación, etc., y sobre todo reparación a las víctimas.
La gestión de drogas. Es necesario institucionalizar un sistema de prevención de drogas entre quienes las usan y tienen problemas que no condicionen los tratamientos y el acceso a otras prestaciones de salud y sociales a la abstinencia de su consumo, asimismo se debe flexibilizar el acceso a las drogas a quienes las usan y no tienen problemas, de igual manera a como se hace en la Unión Europea, Canadá y otros países desarrollados -esto evita la criminalización para acceder a las drogas. En Chile hay una probada experiencia del Hogar de Cristo sobre no condicionalidad a la abstinencia para las prestaciones de salud y sociales entre usuarios de drogas.
Prevención social del delito. Es necesario institucionalizar la prevención social del delito a nivel local empleando el capital social de las comunidades para que estas asuman, procesen y resuelvan los conflictos intracomunitarios – conflictos de género, etáreo, de origen, etc.- cuyas malas resoluciones que tienen consecuencias criminógenas – violencia intrafamiliar, violencia juvenil, violencia callejera, etc. El interlocutor local de las comunidades debe ser la institucionalidad municipal. Lo anterior requiere habilitar a las comunidades y darles competencias para cumplir ese cometido, además, recursos claro está.
La prevención persuasiva del delito. Otro componente a formalizar es la prevención de la delincuencia entre quienes están delinquiendo en la actualidad y no están institucionalizados en el sistema penal. Esto que algunos llaman la prevención segundaria del delito, debe plantearse una oferta alternativa de vida a los delincuentes creíble y viable tanto para ellos como para la sociedad.
La rehabilitación y reinserción social del delincuente. Esta tarea esencial del sistema penitenciario se viene proclamando en nuestra cultura occidental desde la Revolución Francesa con un constante fracaso efectivo: hay acuerdo en que de igual manera a como «la calle» es la escuela del delito la cárcel es la universidad del crimen.
Atención y reparación a las víctimas. La novísima justicia reparatoria y restaurativa debe hacerse cargo de manera práctica y concreta de recompensar los hechos injustos, pérdidas y lesiones que ha padecido la víctima, sea con cargo al victimario o, en su defecto, a cuenta la sociedad toda representada por el Estado.
El sistema penal juvenil. Es necesario institucionalizar el sistema penal juvenil, que no puede restringirse a la mera aplicación del derecho penal a los menores de edad, como ha resultando del actual proceso legislativo de emergencia electoral., que siempre recae en el populismo penal.
Las Normas
Normas penales. Las normas para el tratamiento del pequeño delito deben ser perfeccionadas manteniéndose en la doctrina garantista -pragmática- y no volviendo al populismo penal represivo, que ha puesto en el debate electoral la derecha.
En el control penal de las drogas es pertinente suprimir el tipo penal del porte de drogas, que es una forma encubierta de penalizar el consumo -art. 4 de la ley 20.000-, así como flexibilizar el tratamiento penal al pequeño tráfico, como se hace en Europa con la aplicación del principio de oportunidad.
Normas sanitarias. En lo sanitario es necesario no condicionar a la abstinencia las prestaciones en salud a los usuarios de drogas, sean estos problemáticos o no. Como se hace en Europa con la aplicación de las prácticas de gestión de riesgo y reducción de daño.
La comunicación social
El temor. El asunto de la comunicación es la percepción subjetiva, el temor y el miedo a padecer el delito o sus consecuencias, aquí la lucha en contra de la exclusión, la instauración de la tolerancia -a los jóvenes, a los carenciados, a las minorías, etc.- y la participación social son los grandes antídotos contra el temor. Sólo la tolerancia acaba con el temor.
Del tema al lema. Es necesario destacar el carácter no discriminador ni excluyente de un nuevo Programa de Seguridad Ciudadana del próximo Gobierno, así como la convocatoria participativa en su diseño y ejecución, por eso la imagen se sintetiza en el siguiente lema: «La seguridad ciudadana es de todos o no será de nadie: participa»
La imagen. El rigor veritativo y valorativo en la construcción de las imágenes sobre la delincuencia debe ser exigido permanentemente, como lo ha hecho el Presidente Lagos en relación a la sobre pauta de la delincuencia en los noticieros de TV. Una paradoja en la construcción de la imagen-temor es, por ejemplo, el uso abusivo de la imagen del hecho delictual que más zozobra y miedo causa entre la población como es el robo con violencia en el hogar, no obstante cuando Paz Ciudadana trata de recoger este dato en sus ya conocidas encuestas de victimización, no lo puede hacer debido a que es un hecho notablemente infrecuente en la realidad (Ver cuadro anexo).
Tenemos las mejores estadísticas delictuales de la región, en el caso de homicidio estas son comparables a las europeas, lo cual debe ser constantemente remarcado, así como el hecho de que la delincuencia está disminuyendo.
Visibilización local. La visibilidad de una nueva política de seguridad ciudadana debe ser directa y no mediática, en mismo el sentido y con la misma finalidad de la fuerza de venta en el campo de la mercadotecnia, esto quiere decir que sus actividades y resultados deber ser parte de las experiencias directas de los vecinos de tal manera de mejorar así su percepción sobre la seguridad ciudadana. Esa visibilización localizada en las comunidades es lo que les otorga una buena evaluación entre los vecinos a Carabineros de Chile
Además, la visibilización de una nueva política de seguridad ciudadana debe ser parte de la experiencia efectiva de las fuerzas policiales de Carabineros e Investigaciones tanto a nivel institucional como entre sus miembros, también debe ser parte del conocimiento y la experiencia de las autoridades locales municipales, de gobierno interior y otras.
El cumplimiento de la visibilización local de suyo generará la instalación de las actividades y resultados de una nueva política de seguridad ciudadana en la pauta de los medios de comunicación de masas, reforzando así la visibilización directa. Pero la sola visibilización mediática sobre las medidas de una nueva política de seguridad ciudadana no tiene ninguna posibilidad de mejorar la percepción sobre el problema para quienes padecen cotidianamente la amenaza o el hecho delictivo efectivo.
Notas:
(1)La seguridad ciudadana es un concepto distinto y más amplio que seguridad pública y política criminal.
(2) No se debe olvidar que ese año se produjo la más grave crisis económica de la historia de Chile, con una caída de 25% de PIB.
(3)Schumpeter, J.: Teoría del Desenvolvimiento Económico. FCE, México,1967.
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* Ibán de Rementería. Miembro de la Corporación Ciudadanía y Justicia.
