El 13 de diciembre, la comunidad mapuche pehuenche de Quinquén, ubicada en las nacientes del Bío-Bío, en la comuna de Lonquimay, Región de La Araucanía, recibirá finalmente del Estado de Chile el título propietario sobre sus tierras ancestrales.
Ello ocurre 15 años después de que el 2 de marzo de 1992, el gobierno de la época, encabezado por Patricio Aylwin, se comprometiera formalmente a dar solución a un conflicto que amenazaba con el desalojo de la comunidad, disponiendo para ello la compra por parte del estado para los pehuenche de un total de 26.510 hectáreas, compuesta por el fundo Quinquén de 7.015 hectáreas y el fundo Galletué, de aproximadamente 19.495 hectáreas.
Tal compromiso se concretó luego de varios años de litigio entre la comunidad pehuenche y la Sociedad Galletué, propietaria legal de los predios Quinquén y Galletué. La orden de desalojo de los tribunales obligó a las autoridades a dar una solución a un conflicto que se había iniciado a fines de la década de los 80, con la explotación, por parte de la forestal, de la araucaria, árbol que además de ser sagrado para los pehuenches, constituye su principal alimento y fuente de ingresos.
Dicho compromiso fue adquirido antes de la aprobación de la actual ley Indígena, en el contexto de las movilizaciones que los pueblos aborígenes desarrollaron con motivo de la conmemoración de los 500 años de la invasión hispana al continente americano y de la celebración en 1993 del Año Internacional de los Pueblos Indígenas. También estuvo motivado por el impacto que la situación de la comunidad de Quinquén provocó en la opinión pública nacional e internacional y por la solidaridad que recibió de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos de Chile y el extranjero.
Las autoridades de la época se comprometieron a que las tierras serían otorgadas a sus titulares en forma comunitaria. En el caso de Quinquén, además, estas debían ser otorgadas a la comunidad en un solo paño. En el caso del predio Galletué, este se repartió entre cuatro comunidades pehuenche y tituladas por el estado hacia finales de los 90, con excepción del paño de correspondiente a la comunidad de Quinquén. Paradojalmente, la comunidad de Quinquén, que fue aquella que lideró la lucha por la protección y el reconocimiento de sus tierras ancestrales, no recibió del estado la totalidad de los títulos propietarios sobre las mismas hasta ahora.
La larga espera de Quinquén tiene diversas explicaciones. Al poco tiempo de su adquisición por el estado, el predio Quinquén fue objeto de una demanda judicial por parte de la empresa Forestal Malleco, dueña del fundo colindante La Fusta. Dicha empresa demandaba la mitad de las tierras adquiridas, paralizando con ello su entrega a la comunidad.
No obstante, los compromisos antes señalados, en 1998, una parte de las tierras del fundo Quinquén no afectas a litigio fueron entregadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, institución a la que se le había encomendado la entrega de las tierras a la comunidad de Quinquén. Terminado el juicio con Forestal Malleco, las tierras quedaron a firme en poder del estado. Entonces el Ministerio de Bienes Nacionales debió haber completado el proceso como lo ordenaban los acuerdos. En vez de ello, los predios Quinquén y Galletué fueron transferidos a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Tal entidad comenzó a aplicar una política que, más que dar cumplimiento a los compromisos aludidos, provocó tensiones y contradicciones entre los miembros de la comunidad, dilatando con ello la titulación. Así, se impulsaron iniciativas financiadas por el estado a través de la Conadi, para la división de la comunidad en hijuelas particulares, o en otros casos discrecionalmente y al margen de la comunidad indígena constituida, se elaboraron listas inorgánicas para optar a la copropiedad. Una y otra vez, se tomaron acuerdos que finalmente no prosperaron.
Fue solo con la acción de organizaciones no gubernamentales -la WWF y el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas-, a petición de la comunidad de Quinquén, que en 2005 se logró un acuerdo interno de sus integrantes relativo a la forma en que la entrega de tierras debía realizarse, esto es en comunidad.
Posteriormente, el proceso de transferencia quedó en manos de Conadi, entidad que elaboró una fórmula que dispone la entrega de 4.340 hectáreas faltantes del predio Quinquén en copropiedad; en la que se incluye a la comunidad indígena, y el título sobre el predio Galletué, lote B1, de 4.292 hectáreas en comunidad. Así, hoy 13 de diciembre de 2007, asistimos finalmente a la entrega de las tierras a la comunidad indígena de Quinquén y a algunos copropietarios, que a la vez son parte de la misma comunidad. Queda, en consecuencia, un fragmento de este territorio ancestral indígena constituido en dos tipos de propiedad diferentes: uno en copropiedad y otro en comunidad.
Esperamos que los derechos de los ausentes estén debidamente resguardados y que esta fragmentación de propiedad no se constituya en una fractura de la comunidad pehuenche de Quinquén. Por ello, hacemos votos por la unidad de la comunidad, ya que su mancomunión ha sido la clave para lograr esta restitución territorial indígena.
Las dificultades vivenciadas en este proceso, así como las contradicciones de la política desarrollada por el estado en el caso de Quinquén requieren de un análisis con mayor profundidad, a fin de comprender los largos años de espera.
Consideramos que en este proceso el estado ha mostrado muchas ambigüedades, y no ha respetado a su tiempo dos derechos esenciales hoy reconocidos por la recientemente aprobada, con el voto a favor de Chile, Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entre estos derechos destaca el que tienen los pueblos indígenas a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados sin su consentimiento libre, previo e informado (artículo 28); y el derecho a que se reconozcan sus tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra (artículo 27).
Por otro lado, la actuación del Estado deja en evidencia lo que el Comité de Derechos Humanos planteó al Gobierno de Chile a comienzos de este año, al manifestar su preocupación por el hecho de que «las reivindicaciones de los pueblos indígenas, principalmente del pueblo mapuche, no han sido atendidas y ante la lentitud de la demarcación de las tierras indígenas, lo que ha provocado tensiones sociales». Por ello, dicha instancia recomendó a las autoridades realizar todos los esfuerzos posibles para «Â…agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales».
A pesar de lo anterior, celebramos en esta fecha la restitución en propiedad a la comunidad de Quinquén de sus tierras ancestrales. Brindamos por ella, porque ha demostrado con su perseverancia, como lo hacen muchas otras comunidades indígenas actualmente, la legitimidad de la defensa de sus derechos sobre sus tierras y recursos naturales.
Salud y larga vida a la comunidad pehuenche de Quinquén.
Raúl Molina y José Aylwin, Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas
