La decisión del PPD y el Partido Radical de ir en lista separada de concejales en las elecciones municipales de octubre cayó como un balde de agua fría en la Concertación. El cálculo de la tendencia díscola es que el aumento de candidatos le reportará un beneficio electoral neto al oficialismo, con aires de renovación política, más votos y mejor inserción social. El cálculo de los que se oponen es que es un paso hacia la disolución de la coalición gobernante.
La reacción de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista, con una cierta acidez burocrática, ha sido decididamente contraria a la iniciativa. Igual actitud tuvo la Presidenta de la República quien hizo un llamado explícito a conformar una sola lista electoral. Por su parte, el virtual candidato presidencial del PPD, Ricardo Lagos, ha desplegado toda su influencia para convencer a su partido de desistir. El tono usado por voceros socialistas y democratacristianos ha sido sombrío, señalando el hecho como la peor crisis que ha enfrentado la Concertación de Partidos por la Democracia.
Sin embargo, la decisión parece irrevocable. "Somos partidarios de abrir puertas y ventanas", dijo el Presidente del PPD, Pepe Auth, y "es una decisión tomada". A su vez, el Presidente (s) del PR, el diputado Fernando Meza, señaló que esta vez su partido no será la variable de ajuste electoral de la Concertación. Y que lo acordado le da más competitividad a la coalición.
La verdad es que el documento mediante el cual el PPD y el PR hacen su propuesta electoral a simple vista parece un análisis bastante racional de la realidad de la Concertación en el nivel de concejales. Centra su objetivo en la recuperación de la mayoría electoral global y en que la coalición gobernante haga una defensa unida de las alcaldías, incluso innovando candidatos en aquellas partes donde existe un claro riesgo de perderlas, y un pacto de omisión con la izquierda extraparlamentaria para quitarle alcaldías a la Alianza. Es decir, todos argumentos expuestos en múltiples oportunidades.
El problema parece ser que nadie pensaba seriamente en hacerlo, excepto el PPD. El documento deja implícita la necesidad de buscar competitividad electoral, como una manera de superar la crisis de credibilidad de los partidos y, en su caso, de enfrentar de la manera más cohesionada y extensiva la escisión de Chile Primero, al que no puede otorgar ningún tipo de ventaja.
En todo caso, el dramatismo con que ha reaccionado una parte del oficialismo parece en parte justificado, al menos para los actores con menos juego o con más expectativas, como Ricardo Lagos.
Es evidente que si la Concertación desea romper la inercia de un sistema que tiende a perpetuar la representación electoral burocrática, y ampliar su base electoral y su inserción social, las elecciones municipales son el espacio más apropiado para ensayar nuevos enfoques. Particularmente porque es el momento de la mayor dispersión del voto ciudadano.
Pero tal decisión puede tener efectos importantes en las elecciones presidenciales del 2009. Por primera vez se vulneraría un principio que parece sagrado en la Concertación, cual es su unidad electoral, bajo la convicción de que es posible ampliar la competición interna sin que ella se termine. Porque ir en dos listas es un paso franco a convertirla abiertamente en una alianza electoral, desdibujando las fronteras del actual centro político, y generando posibilidades de nuevos acuerdos entre fuerzas políticas. En todo caso, hay tiempo hasta el 28 de julio para saber si tal juego electoral se consolida.
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