Poco valdrán las reformas ya aprobadas respecto de la educación si, junto a su fortalecimiento general, no se resuelven de manera adecuada las actuales debilidades de la educación municipalizada.
Por Sergio Torres*
Apenas se logró un acuerdo entre profesores, alcaldes y el gobierno en torno al pago del bono SAE (Subvención Adicional Especial), surgieron nuevamente expresiones de descontento con la educación municipalizada. Esta vez se presentaron bajo la forma de “tomas culturales” que reflotaron una sentida demanda de los estudiantes: que la educación pública deje de ser municipalizada y pase a manos del Estado.
Para comenzar, es oportuno saber que esta petición concentra la percepción generalizada de una buena parte de la opinión pública que ve en la municipalización de la educación una de las principales causas de un sistema educativo público que no brinda oportunidades de calidad a los niños y adolescentes de nuestro país.
Las cifras parecen dar la razón a este punto de vista, pues se ha producido una baja tremenda de matrícula en la educación municipal. En efecto, entre 1981 y 2007 la participación del sector municipal disminuyó de 78% a 45% de la matrícula total.
Una mirada atenta a este sector permite afirmar que ya desde antes del cuestionamiento de los estudiantes se viene constatando una serie de dificultades sobre la provisión municipalizada, lo que no ha sido enfrentado adecuadamente. Existe una relación deficiente entre el Ministerio de Educación y el nivel local que no favorece la mutua colaboración y diluye los impactos de los programas tendientes a la mejora de la calidad; hay falta de atribuciones y competencias pedagógicas en el servicio que prestan las municipalidades y corporaciones municipales, agravada por las débiles atribuciones para administrar al personal docente; desigualdades en relación con la educación particular; un sistema de financiamiento que no rinde cuentas con los costos reales de una educación de calidad en sectores con menor capital cultural, y dispersión de la población escolar (el 45% de la matrícula nacional es municipal, pero en el sector rural ésta aumenta a 72%).
Este es el contexto en el cual hay que debatir el Proyecto de Ley sobre Fortalecimiento de la Educación Pública, presentado a fines del año pasado al Parlamento. Por el momento es difícil entender que una materia tan relevante como ésta no fuera contenida en la Ley General de Educación, pues una de las cuestiones más esenciales a resolver en todo sistema educativo es precisamente la que concierne a las diferentes formas de provisión, tanto pública como privada.
Todo indica que en esto hay un compromiso pendiente, y su no resolución puede hacer superflua cualquier aspiración de mayor calidad y equidad en el sistema educativo.
El problema de la educación municipalizada no está en la descentralización de la educación pública a nivel local, sino en la falta de atribuciones pedagógicas y en no contar con una mayor tuición sobre el personal docente, unida a la enorme diversidad y densidad poblacional que ésta representa. Por tanto, es urgente que como país se logre un amplio y sólido consenso dirigido al fortalecimiento de la educación pública. Nuestro país cuenta con una antigua tradición de provisión mixta en materia de educación.
La educación privada permite que exista diversidad de proyectos educativos. A su vez, una educación pública de calidad puede colaborar a cimentar un sistema democrático como ideal de país, en el que la diversidad contribuye al fortalecimiento de la unidad como nación y la valoración de lo local, permitiendo asegurar una efectiva igualdad de oportunidades, en independencia de los ingresos económicos de la familia.
Poco valdrán las reformas ya aprobadas respecto de la educación si, junto a su fortalecimiento general, no se resuelven de manera adecuada las actuales debilidades de la educación municipalizada. Generar una nueva institucionalidad local, más amplia que la administración municipal y con efectivas atribuciones, es uno de los retos de nuestro sistema educativo. Su rezago daña seriamente la equidad educativa.
*Sergio Torres Pinto es Rector de la Universidad Católica Silva Henríquez.
