Nuestro país es de los pocos en América del Sur que penaliza la interrupción de los embarazos en cualquier circunstancia, a pesar que las mujeres abortan en cifras alarmantes que ni siquiera podemos precisar, pues su práctica debe ser clandestina.
Por Lorena Fries*
Después de comparecer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Chile obtuvo como calificación una batería de 70 recomendaciones que dejan en evidencia algunos de los problemas que tiene Chile en el ámbito de los derechos humanos de los chilenos y chilenas.
Entre las recomendaciones para elevar nuestro estándar de protección de los DD.HH., el Consejo de la ONU le reprocha a Chile la penalización del aborto. Se trata de la única recriminación formulada por el organismo multilateral que fue rechazada de plano por el Gobierno. Es decir, se nos comunica a las chilenas que aún cuando la civilización universal se ha dotado de instrumentos jurídicos que protegen nuestros derechos -los que además han sido suscritos por nuestro Estado-, seguiremos expuestas al peligro de llevar a término nuestros embarazos, aunque fueren producto de una violación, aún si ponen en riesgo nuestras vidas e incluso si la sobrevida del feto es inviable.
Aquellas mujeres que reclamen su derecho a la maternidad voluntaria y se resistan a prolongar un embarazo de alto riesgo para su salud física y psíquica, tendrán que seguir acudiendo a procedimientos clandestinos y precarios, que además de arriesgar sus vidas las criminalizan ante la sociedad y el sistema judicial.
Nuestro país es de los pocos en América del Sur que penaliza la interrupción de los embarazos en cualquier circunstancia, a pesar que las mujeres abortan en cifras alarmantes que ni siquiera podemos precisar, pues su práctica debe ser clandestina. En aquellos pocos casos ventilados por los medios de comunicación, hemos sido testigos de los casos de mujeres violadas, mujeres con riesgo de muerte o mujeres cuyo feto es inviable, se enfrentan a verdaderos calvarios personales y familiares para acatar la ley chilena.
En estos días la prensa se ha encargado de recordarnos a todas las chilenas que nuestra autonomía sexual y reproductiva todavía es un asunto pendiente. Amplia difusión tuvo el allanamiento a una precaria consulta clandestina a la que había acudido Eliana Villa para interrumpir su embarazo. Ella enfrenta cargos y medidas cautelares. También hemos visto en diarios y televisión el caso de otra mujer desesperada que dio a luz en un baño para después deshacerse de la criatura. Todo ello habla de que algo anda mal, muy mal en nuestra sociedad. Taparlo, prohibirlo y/o negarlo sólo contribuye a poner en riesgo a más y más mujeres.
*Lorena Fries es Directora Corporación Humanas.
