Giovanni Sartori, uno de los mas reputados autores en materia de ciencia política, refiriéndose a las minorías étnicas o religiosas advierte sobre la negativa de algunos de sus miembros a integrase a la sociedad mayoritaria, señalando que ello finalmente constituye un riesgo para el pluralismo y…
Por Ricardo Manzi*
Las informaciones de prensa reiteran noticias alarmantes de lo que ocurre en la zona del denominado conflicto mapuche, el que se concentra esencialmente en la provincia de Arauco, en las inmediaciones del lago Lleu – Lleu y Tirúa; en la comuna de Ercilla y en sectores de la Provincia de Malleco, es decir, en una zona muy acotada y poco poblada del territorio nacional.
En esta zona se vienen produciendo desde hace largo tiempo incidentes que han tenido como protagonistas comprobados a integrantes de ese pueblo y la mayoría de esos hechos son constitutivos de delitos como el robo de madera, incendios (de bosques, pastizales, maquinaria, instalaciones agrícolas, aserraderos) y, en ocasiones, de lugares habitados y aún en predios que cuentan con medidas de protección ordenadas por la autoridad judicial; lesiones de diversa gravedad sobre fiscales del Ministerio Público y personal de Carabineros, trabajadores e incluso sobre miembros de su propio pueblo cuando han tenido la osadía de declarar como testigos en causas criminales que involucraban a miembros de comunidades indígenas radicalizadas.
Los hechos mencionados, que han sido debidamente constatados, no tienen por objeto demonizar al pueblo mapuche, puesto que se trata de ilícitos en los cuales se encuentran involucrados pequeños grupos exaltados que han optado por el camino de la violencia y la confrontación usando de paso las herramientas comunicacionales y abusando del arsenal de instrumentos que las organizaciones internacionales y multilaterales han puesto a disposición de las minorías, los migrantes, los desplazados y, en general, de grupos desfavorecidos y miserables del mundo.
Buena parte de estos delitos han quedado impunes, dado que no ha habido, en las autoridades políticas y administrativas la determinación de poner a disposición de la policía los medios materiales para investigar adecuadamente, temiendo una reacción aún más violenta de los exaltados, no obstante, los reiterados informes emitidos por el Ministerio Público sobre la materia.
A las dificultades anteriores, se agrega la circunstancia de tratarse de una zona caracterizada por estar alejada de los centros urbanos, de accidentada geografía esencialmente boscosa, con muy pocos y malos caminos que se hacen intransitables en invierno y por una marcada ruralidad con escasa infraestructura, que impide el establecimiento permanente o por períodos prolongados de tiempo de fuerzas policiales suficientes para enfrentar los cometidos judiciales o el resguardo del orden público. Estas circunstancias no son menores, dado que en ocasiones, las primeras diligencias apuntan a que los sospechosos son integrantes de comunidades mapuche, lo que supone indagaciones que deben realizarse en territorios de determinadas comunidades que no están dispuestas a franquearle el paso a los fiscales ni a la policía. Por lo mismo, los que hablan de la militarización de la zona lo hacen interesadamente para generar una sensación de reacción bélica por parte del Estado o porque desconocen que los operativos policiales en cumplimiento de órdenes judiciales deben realizarse con numeroso contingente policial, para evitar el grave riesgo personal que de otro modo enfrentarían.
Esta situación ha vuelto invivible la vida para algunos chilenos no mapuches, especialmente para aquellos propietarios de predios vecinos a comunidades que aspiran a la recuperación de territorios sobre los que alguna vez sus antepasados ejercieron señorío,aunque bien distinto al sentido jurídico que tiene en nuestra legislación el dominio sobre la propiedad raíz. Para el campesinado no mapuche a ratos esta realidad tampoco se le presenta como deseable, ya que éstos deben ganarse laboriosamente la vida, sin gozar de ninguna de las ventajas que el Estado ha diseñado para resolver el drama histórico del pueblo mapuche, generándose un sentimiento de frustración que ha ido creciendo producto de acciones afirmativas, que cualquiera sea su justificación, discrimina a favor del pueblo mapuche.
Pero este es el lado más visible del conflicto mapuche, que podríamos llamar el conflicto externo, y que es el que nos traen las noticias de prensa.
De otro lado, desde hace años, se han puesto en aplicación planes y programas del Estado de Chile destinados a hacer justicia a los pueblos originarios y especialmente al pueblo mapuche, reconociendo que fueron objeto de un tratamiento reprochable cuando no un despojo y, en consecuencia, impulsando políticas destinadas a reconocer sus peculiaridades, costumbres, lengua y otras singularidades con la finalidad de remover obstáculos para su plena incorporación a un país que se reconoce como multicultural. Así lo han hecho diversos gobiernos y se ha traducido más recientemente en documentos e informes como el de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato que dan cuenta de esa realidad estableciendo, como se señaló, políticas públicas destinadas a cumplir esos objetivos, creándose al efecto una institucionalidad donde sobresale la Corporación de Desarrollo Indígena -CONADI- que ha sido dotada de las facultades para establecer áreas de desarrollo indígena, donde se focaliza la acción del Estado en beneficio del desarrollo armónico de las comunidades considerando los territorios ancestrales de las etnias, la densidad de su población y la existencia de recursos naturales al servicio de esos territorios. Del mismo modo, se ha creado el Programa Orígenes cuyo sentido central es la integración y participación de las comunidades en su desarrollo social y su identidad fortaleciendo su capital humano, social y cultural, y acercar la oferta pública para mejorar la atención al pueblo indígena, considerando su realidad sociocultural. Lo anterior supone una mirada común de la sociedad chilena reconocida como multicultural y respeto por las peculiaridades de cada pueblo, a fin de que todos se sientan actores de su devenir.
A su vez, el sector privado también ha desarrollado acciones complementarias llamadas de «buena vecindad» en las que sobresalen las orientadas a dar trabajo a mapuches de la zona en explotaciones agrícolas y forestales.
A este esfuerzo se han sumado mayoritariamente las comunidades, manteniéndose en la periferia grupos muy minoritarios que recurren a la violencia y que se encuentran apoyados por organizaciones intransigentes financiadas desde el extranjero, siendo necesario destacar la participación de organizaciones vinculadas al movimiento violentista ETA. En buenas cuentas, se trata de grupos que se niegan a adaptarse y convivir con la nación chilena entendida como una sociedad multicultural, con la finalidad de mantener intocadas sus propiedades culturales originales, apoyados por organizaciones que a su turno mantienen los mismos postulados en sus propios países, pero que a falta de audiencia en ellos, han emprendido su exportación a otras naciones.
A esta posición pertenecen aquellos que no se conforman con los avances que reseñábamos más allá de la efectividad, aciertos o yerros de las políticas públicas-, sino que efectúan una valoración de la compleja realidad mapuche fundada en una desvirtuada antropología cultural donde ya no se busca erradicar el mito del «buen salvaje» y el derecho de los pueblos y etnias a conservar sus peculiaridades culturales relativas, sino que éstos pueblos deben mantenerse en un estado de purismo cultural o si se quiere en «estado de naturaleza» lo que haría inviable cualquier intento de encuentro entre el Chile multicultural al que aspiran las políticas públicas manteniéndose el pueblo mapuche en su pureza original, lo que nos parece desde ya improbable, puesto que la divergencia cultural es la única que hace posible la coexistencia pacífica entre pueblos distintos y finalmente, su propia sobrevivencia.
Estas formas de entender el fenómeno multicultural ha interesado a diversos intelectuales como Giovanni Sartori, uno de los mas reputados autores en materia de ciencia política, quién refiriéndose a las minorías étnicas o religiosas advierte sobre la negativa de algunos de sus miembros a integrase a la sociedad mayoritaria, señalando que ello finalmente constituye un riesgo para el pluralismo y la democracia.
Creemos que efectivamente constituye un riesgo cuando determinadas comunidades, se niegan a integrarse en la sociedad mayor o la receptora, en el caso de los migrantes, manteniéndose en una situación de segregación autoimpuesta, siendo intolerantes frente a las creencias, valores y formas de vida de esa sociedad mayoritaria. Si una minoría quiere ser tolerada con sus peculiaridades raciales, culturales y valores, debe aprender a aceptar recíprocamente las características raciales, la cultura y los valores de la otra. Así por ejemplo, el caso de los migrantes peruanos, si bien aún mantienen conductas propias de minoría cerrada, se han ido abriendo camino a través del desempeño de oficios y actividades que en Chile han comenzado a ser recibidas, entre otras, la actividad gastronómica, donde destaca su refinada y muy variada cocina, lo que ha permitido que esos desterrados económicos al saberse valorados comiencen a sentirse parte de la comunidad nacional que los acoge, aún cuando naturalmente podrán y hasta sería deseable que mantengan las singularidades que los distinguen.
Cualquier minoría y, por cierto, los mapuche, también tendrán que aprender que no se puede reconstruir el pasado como lo hace un paleontólogo con el esqueleto de un brontosaurio, puesto que a esa reconstrucción, siempre le faltará para ser perfecta la carne pegada al hueso y el ambiente natural existente cuando pacían en las infinitas praderas en que habitaban.
Lo mismo, el pueblo mapuche deberá saber que esos territorios ancestrales donde aún yacen sus mayores y donde se forjó su cultura y costumbres ha cambiado y tiene otros destinos que acoger a un pueblo manso que recolectaba y cazaba sólo lo que necesitaba para sobrevivir; deberá saber que justa o injustamente en ellos hoy habita otro pueblo, que se siente también poseedor de esa tierra y en esa certeza, ha impuesto métodos de explotación de los bienes ahí existentes a los que ellos deberán adaptarse, no solo para sobrevivir, sino que para conservar su cultura, pero mestizada.
A su vez, el Estado de Chile deberá revisar sus políticas en la materia, permitiendo una participación mayor de estas comunidades en la fijación de las mismas, quizá proporcionándoles una representación política en algún lugar de nuestra institucionalidad, pero siempre evitando la tentación de caer en la nostalgia del «revival populista,» cargando con todas las culpas de Occidente por haber defenestrado a un pueblo inocente y puro, que lo lleve a «tolerarlo todo.»
El pueblo mapuche deberá aceptar que no puede esgrimir ante la realidad material de la existencia del Estado de Chile con sus expresiones sociales, económicas, culturales y jurídicas, posiciones principistas como la prohibición de injerencia en esos territorios porque eso no podrá ser aceptado. Esto, aunque para algunos pueda parecer justo que la independencia e intangibilidad de los territorios ancestrales mapuches impida a la justicia chilena hacer su trabajo, o a otros chilenos explotar los bienes de la tierra, pues afincados en visiones extremas también hay quienes en resguardo del secreto bancario, podrían paradojalmente terminar aceptando que el terrorismo musulmán o cualquier terrorismo, mantenga e incremente sus recursos en la City de Londres o en la Banca Suiza, como ha señalado acertadamente Umberto Eco, en Retorno a las cruzadas.
*Ricardo Manzi es abogado.