Los operadores de cable, vinculados a grandes empresas de comunicaciones o a grupos económicos, ejercen un papel ideológico e informativo antojadizo. Ellos deciden arbitrariamente las emisiones, los horarios y los contenidos que ofrecen en mercados cerrados para otros competidores.
Salvador Muñoz K.*
Hace pocos días la Presidenta Bachelet anunció que el gobierno ha definido el uso de la norma japonesa de televisión digital, la cual ya es utilizada en Latinoamérica por países como Brasil, Perú y Argentina.
Esta norma presenta una gran oportunidad para el país. Escenario auspicioso que no significa sólo un avance tecnológico, sino que abre la posibilidad de democratizar el espacio radioeléctrico.
También marca un hito en los gobiernos de la Concertación. Es una de las pocas iniciativas del oficialismo que no torció la mano frente el lobby de los canales de televisión abierta y operadores de cable que preferían el sistema estadounidense, cerrado, que les permitía monopolizar las transmisiones y mantener las descomunales utilidades de los espacios publicitarios.
Pero no es suficiente para resolver uno de los problemas más profundos de nuestra democracia: la intensa regresión cultural provocada por la dictadura y el sistema neoliberal.
Junto al individualismo exacerbado y al éxito, asociados al dinero y al poder, se ha impuesto en el país una visión unilateral y conservadora en temas tan trascendentes como la familia y la sexualidad.
En este plano, los medios de comunicación, concentrados en manos del poder económico y de sectores ultramontanos, son utilizados no sólo como instrumento de defensa de los intereses fácticos, sino también para imponer al país un pensamiento único y conservador.
Los gobiernos de la Concertación comparten esta responsabilidad: han mantenido desde 1990 hasta ahora el criterio neoliberal de considerar las estaciones de televisión como empresas comerciales en lugar de servicios públicos.
Las frecuencias radioeléctricas se cotizan en millones de dólares y quedan por tanto sólo al alcance de los grandes grupos empresariales.
El grupo español Prisa, por ejemplo, dueño del diario El País, se ha hecho en Chile de más de cien radioemisoras con sus respectivas frecuencias, en los últimos dos años, controlando así un importante segmento informativo y de audiencias.
Los medios de comunicación comunitarios, nacen y se mantienen precariamente, operando en condiciones de ilegalidad, y sufriendo la represión de los organismos estatales y de seguridad.
Los operadores de cable, vinculados a grandes empresas de comunicaciones o a grupos económicos, ejercen un papel ideológico e informativo antojadizo. Ellos deciden arbitrariamente las emisiones, los horarios y los contenidos que ofrecen en mercados cerrados para otros competidores.
El anuncio del gobierno es sin duda un avance. Ahora, debemos fijar la mirada en el Parlamento, donde se decidirá si la nueva norma es sólo un buen negocio para las compañías de celulares o de una vez por todas los medios de comunicación serán un actor relevante en la necesaria profundización democrática que requiere nuestro país.
Lamentablemente no soy abogado, por eso, en política acostumbro partir de la presunción de culpabilidad. Espero equivocarme…
*Salvador Muñoz es coordinador de la candidatura presidencial de Jorge Arrate.
