La notoriedad pública del hecho por su vinculación con uno de los candidatos presidenciales y ser el primer magnicidio en la historia del país se ve atemperada por la confianza que los tribunales suscitan hoy en la ciudadanía y entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Uno de los aspectos más sensibles de la reinstitucionalización democrática de Chile ha sido instalar un sentido común sobre el significado y valor de los Derechos Humanos en el funcionamiento de los poderes y órganos superiores del Estado.
De ello deriva en gran medida que las investigaciones judiciales para establecer verdad y justicia se hayan prolongado más de lo deseado, hasta quedar planteadas como un punto relevante de cara al Segundo Centenario de la República.
Las razones para que ello ocurriera son complejas y profundas. Por una parte hubo un sometimiento institucional del Poder Jurisdiccional hacia la dictadura militar que provocó el inmovilismo y la denegación de justicia frente a las violaciones de derechos humanos.
Solo muy entrada la democracia y producida la renovación generacional en los tribunales superiores de justicia, tal situación cambió y mucho. Hoy son los tribunales la mejor garantía de que la verdad y la justicia son posibles como valores plenamente vigentes en nuestro Estado de Derecho. Y que ellos prevalezcan incluso frente a las presiones políticas que bajo argumentos de celeridad cada cierto tiempo tratan de influir la labor de jueces y tribunales.
En todo caso hay que hacer notar que tales retrasos se deben en gran medida a que en todos estos años las instituciones militares y de carabineros a las que pertenecían la mayoría de los responsables de los delitos nunca han cooperado de manera franca. Y en más de una oportunidad ocultaron información.
Más que una clara actitud de cooperación, las FF. AA. y Carabineros han adoptado una de acatamiento legal de las decisiones de los tribunales, en el tono que exactamente les exige la ley y nada más. Ello muchas veces ha significado retrasos de años en las investigaciones y ha sido una señal negativa que ha inhibido la colaboración de agentes que tenían información sobre muchos de los casos investigados.
Por lo mismo, no resulta fácil que se manipule o instrumentalice situaciones de derechos humanos sin que se sepa o quede en evidencia. Más aún cuando la confianza ciudadana es sólida en relación a que los jueces han alcanzado un conocimiento fino de las instituciones armadas y sus métodos de acción en dictadura, y pese a su renuencia a colaborar han logrado éxitos importantes para la justicia.
El escenario actual tiene una prueba sensible en tal sentido: la investigación de la muerte del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva que lleva adelante el juez Alejandro Madrid. Ello porque involucra a un ex ministro de Estado y cercano colaborador del presidente fallecido como eventual cómplice del asesinato; y en parte porque durante años, incluso entre miembros su familia más cercana, se negó la posibilidad que se tratara de un homicidio.
La notoriedad pública del hecho por su vinculación con uno de los candidatos presidenciales y ser el primer magnicidio en la historia del país se ve atemperada por la confianza que los tribunales suscitan hoy en la ciudadanía y entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Porque más allá de los ripios iniciales de la judicatura, y de que se trata de problemas lejanos y sin mucha información, han trabajado paciente y rigurosamente en un tiempo judicial prudentemente abstraído de los avatares políticos. Lo que por cierto debe continuar.
