Acreditación de carreras: el indicador clave

El bombardeo publicitario de las universidades e institutos que en estos días llena la prensa, habla indirectamente de la calidad educacional. ¿Acaso una institución de prestigio necesita invertir los 4 mil millones de pesos que gastan algunas para atraer a la mayor cantidad de estudiantes posibles?

Más relevante que lo anterior es reflexionar sobre el contenido de dicha publicidad, que escasamente releva lo importante al momento de escoger una carrera: la calidad de educación y oportunidades laborales que abren (o cierran) algunas carreras e instituciones. Pues cuando de educación superior se trata, no es suficiente escoger la carrera sino que también se debe escoger (para los afortunados que tienen esa posibilidad) la institución donde se estudiará.

Un indicador escasamente mencionado en la costosa publicidad es la acreditación, cuyo objetivo es certificar la calidad de los diversos programas que se ofrecen.

En Chile, existen 2 procesos de acreditación independientes entre sí: la institucional y la de carreras. La primera certifica el cumplimiento del proyecto institucional y la existencia de mecanismos de autorregulación y de aseguramiento de la calidad, la segunda, intenta certificar la calidad de los programas en función de los criterios establecidos por las mismas comunidades académicas. Pero lamentablemente el sistema de acreditación que tenemos está lejos de alcanzar sus objetivos.

Someterse a la acreditación es obligatorio para las carreras de pedagogía. Hasta la fecha un 40% de ellas ha resultado acreditada y el resto aún sigue en proceso. Llama la atención que sólo 8 (de las 181 que terminaron el proceso) no obtuvieran la certificación, pues esto significaría que: 1) debemos estar tranquilos porque la calidad de las escuelas de pedagogía es satisfactoria o 2) el proceso de acreditación está fallando. Sin pensar mucho y observando nuestra realidad educacional, la primera alternativa parece poco probable.

A lo anterior se suma que la no acreditación prácticamente no tiene consecuencias sobre las instituciones, la sanción más bien pareciera ser para los alumnos pues al inscribirse en una institución no acreditada quedan impedidos de optar a becas o créditos estatales. Lo mínimo sería que la no acreditación tuviese consecuencias tales como el cierre temporal de la carrera.

Otra aberración es que la misma institución bajo proceso es quien paga a la agencia acreditadora. Esto es similar a que un universitario tenga que pagarle a un profesor para que lo evalúe con un examen final en el que el mismo estudiante pone los términos de referencia. Esto es tan dudoso que incluso ha llamado la atención de la OCDE que declara que “está claro que las instituciones harán todo lo posible por conseguir la acreditación pero no está claro si esto está logrando un mejoramiento significativo de la calidad de la enseñanza en la sala de clases… Hay quejas con respecto a que los actuales criterios de acreditación son vagos y subjetivos y que dejan un amplio margen a la interpretación personal por parte de los pares evaluadores que pueden favorecer a instituciones similares a las propias y perjudicar a aquéllas que cumplen misiones distintas.”

Invitamos a los postulantes a informarse por la cantidad de años que la institución y carrera ha sido acreditada, pues esto es un indicador del nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación. El máximo de años de acreditación es 7 y en pedagogía tan sólo un 20%, de los 429 programas que existen, han sido acreditados por más de 4. Para hacerse una idea, el informe de una carrera de pedagogía acreditada por tres años señala que en esa carrera “La cantidad de docentes de planta es insuficiente para abordar los requerimientos de la dirección y desarrollo de la unidad, así como la labor de docencia indirecta” y agrega “el número de asignaturas incluidas en cada semestre resulta excesivo, redundando en una sobrecarga académica semestral, lo cual dificulta una adecuada progresión de los estudios”.

La acreditación es un tema no menor por varias razones, la educación superior es cara y lamentablemente no existe un SERNAC para reclamar posteriormente por la mala calidad de la enseñanza recibida, NO existe en Chile ningún tipo de indemnización para los perjudicados y las consecuencias podrían pesar por muchos años, incluso toda una vida. Además, la tendencia es tomarle cada vez más importancia a estos procesos y empezar a terminar con el libre mercado en el cual se encuentra la educación superior, por lo que existe la posibilidad de que si una institución o programa no cuenta con una acreditación sólida (por un mínimo de 4 años) corra riesgo de cerrar sus puertas o que sus egresados no sean posteriormente contratados.

Asegurarse que la acreditación cumpla con sus objetivos es una manera de romper con el circulo vicioso en el que se encuentra la educación de nuestro país, el valor de educar a aquellos que serán los futuros educadores debiese estar por encima de cualquier lucro.