El Museo de la Memoria y la UDI

La inauguración del Museo de la Memoria constituye un hito para la historia republicana de Chile. Este no está destinado exclusivamente a reconocer y condenar de manera pública y permanente la violencia del Estado en contra de las personas por razones de disidencia política en una época de nuestra historia, sino en lo esencial busca elevar los Derechos Humanos a la categoría de  valor  paradigmático de nuestra democracia.

La decisión de construir el Museo tiene fuertes fundamentos sociales y políticos. En Chile  no ha sido fácil recuperar y mantener viva la memoria de las victimas. No solo para que los poderes públicos reconocieran los hechos e hicieran justicia,  sino también para que su ejemplo doloroso evitara el mismo sufrimiento a las generaciones futuras.

La vida social de la memoria en nuestro país ha sido un logro de la voluntad y perseverancia de los familiares de los detenidos desaparecidos y de muchas víctimas que lograron sobrevivir, física y psicológicamente, a los horrores de la represión, y se movilizaron sin descanso en busca de verdad y justicia. Acogida esa acción, la construcción del Museo parece un justo reconocimiento, en un entorno de la vieja República como es el barrio Matucana.

Pero la inauguración de un edificio destinado a la memoria, con toda la carga simbólica y práctica que pueda tener para una pedagogía cívica acerca del valor intangible de los derechos humanos, resulta insuficiente si parte de la conciencia nacional mira de manera instrumental el proceso. Si aquellos de quienes se exige no un acto de arrepentimiento o de disculpa sino de acatamiento cívico ante la supremacía de estos derechos, se esfuerzan por relativizar las violaciones que en este caso se evocan, atribuyéndolas a meras circunstancias históricas.

Si las exculpaciones alegadas por ellos tuvieran incluso algún grado de verosimilitud, en absoluto justificarían la suspensión de todos los derechos civiles, la prisión indiscriminada, la tortura sistemática o el asesinato a mansalva de opositores políticos.

Es pertinente referirse a esta persistente contramemoria de la crueldad, si puede calificarse de alguna manera la tendencia a relativizar las violaciones de derechos humanos, pues cobra vida también en medio de la campaña presidencial de Sebastián Piñera, en torno a la cual se agrupa la mayoría de ex adherentes del gobierno militar.

La interpelación de un analista político a Piñera sobre la presencia en su eventual gobierno de ex funcionarios de la dictadura militar, generó respuestas ambiguas.

Ello endilga a la UDI la carga del pinochetismo duro en un eventual gobierno de la derecha, confirmando la tesis de que los derechos humanos son para la derecha la divisoria social que le impide al gremialismo acercarse sin complejos al ejecutivo. La UDI ha desplegado todo su poder social y político durante veinte años de democracia para validar lo actuado por la dictadura militar, postura que por decisión de sus aliados, les pasa la cuenta y les impediría hoy acercarse al gobierno político directo.

Lo anterior confirma el valor y relevancia que hoy tienen los derechos humanos en la sociedad chilena. Y resulta evidente que la derecha, especialmente la UDI, debiera hacer un esfuerzo colectivo por integrar esos valores de manera completa en su bagaje doctrinario, sin clivajes oportunistas o instrumentales; mirando de frente a una institucionalidad nueva para un moderno Estado democrático del Siglo XXI.

Si lo anterior ocurriera, daría un valor más pleno a la existencia de un memorial, pues este requiere no solo de un lugar público para conservar la memoria sino también de la voluntad general y efectiva de todos los actores políticos y sociales para recordar y generar actos conmemorativos de significación republicana.