Estos mismos dirigentes, nada dicen sobre la brutalmente injusta situación que aqueja a innumerables trabajadores del sector público, como son aquellos contratados a honorarios, que por muchos años se desempeñan en diversas reparticiones del aparato estatal sin que a su respecto se cumplan los más elementales derechos laborales.
En días pasados fuimos testigos, una vez más, de las expresiones más indignas de un sindicalismo extraviado, a saber:
La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada – Confusam-, en un acto de supuesta defensa gremial llamó a un paro nacional en represalia por el anuncio gubernamental de la eliminación del programa de pasantías en Cuba destinado a trabajadores de la salud.
Un lector inadvertido podría pensar que se trata de la defensa de un derecho laboral de carácter irrenunciable, fundamental, sin cuya realización la actividad sanitaria se vería seriamente afectada, decayendo irremisiblemente la calidad de la salud municipal; o, privar a esos trabajadores de un derecho laboral de alta significancia; algo así como el derecho de las trabajadoras al descanso maternal, o el derecho a alimentar a sus hijos menores de dos años. No, no es eso, sino que se trata de una pasantía en el Caribe, que permite que algunos funcionarios puedan viajar a Cuba a realizar una supuesta experiencia profesional en el área de la salud, de discutible utilidad y alto precio sufragado con los recursos del erario nacional, que bajo el rótulo de oportuno acopio de conocimientos técnicos, encubre el ocio pagado del funcionariado afín, en el paraíso caribeño de Cuba.
[cita]Estos mismos dirigentes, nada dicen sobre la brutalmente injusta situación que aqueja a innumerables trabajadores del sector público, como son aquellos contratados a honorarios, que por muchos años se desempeñan en diversas reparticiones del aparato estatal sin que a su respecto se cumplan los más elementales derechos laborales.[/cita]
Tan impresentable era el motivo del paro señalado, que el día 5 de septiembre la directiva de esta organización publicó en su propio medio de difusión electrónico una nota de su directorio nacional destinado a incorporar al petitorio compuesto de esta única reclamación, “ex post”,otras reivindicaciones que podrían representar un interés de significación para los trabajadores afiliados a ella, relativos a incentivos para jubilar, complemento de zona y otros beneficios que justifican la existencia de la misma en cuanto representan intereses legítimos o dignos de protección que podrían autorizar movilizaciones y quizá paralizaciones en un sector tan sensible para la población, particularmente para los más pobres.
Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, -ANEF- junto con prestar su solidaridad a tal huelga ilegal, llamó a un paro nacional para los días 8 y 9 de septiembre en atención a despidos verificados en el sector público por las nuevas autoridades gubernamentales, como si un cambio político como el operado a partir del 11 de marzo del presente año o, incluso un cambio de gobierno al interno de una misma coalición -como ocurrió en tiempos de la Concertación -, no pudieren dar lugar a reacomodos en los equipos de gobierno y de muchos servicios públicos que autorizasen la verificación de despidos, máxime cuando algunos de ellos se encuentran claramente sobre dotados o cuando la permanencia de ciertas especialidades profesionales u oficios no obedecen a ninguna justificación racional, que no sea el proporcionarle “pega” a amigos, parientes o conmilitones.
Estos mismos dirigentes, en estos mismos días, han expresado a todos los vientos su solidaridad con los presos mapuches en huelga de hambre, varios de ellos condenados por la justicia y otros procesados, por actos terroristas cometidos por ellos bajo el alero de la Coordinadora de Comunidades Arauco – Malleco, grupo subversivo muy minoritario, de escaso arraigo nacional y regional, cuyos designios nada o muy poco tienen que ver con la realidad y causa del pueblo mapuche, que aparte de no seguirlos ni simpatizar con ellos, no comparte sus métodos de acción.
Sin embargo estos mismos dirigentes, nada dicen sobre la brutalmente injusta situación que aqueja a innumerables trabajadores del sector público, como son aquellos contratados a honorarios, que por muchos años se desempeñan en diversas reparticiones del aparato estatal sin que a su respecto se cumplan los más elementales derechos laborales, como son: las cotizaciones previsionales, el derecho a feriado de vacaciones con remuneración íntegra, la compensación por trabajo extraordinario, capacitación; y qué decir de las mujeres, que no gozan de descanso pre y post natal, ni derecho a sala cuna y a alimentar a sus hijos menores, sin fuero maternal; y, aún más grave, sin cobertura frente a un accidente del trabajo o enfermedad profesional y, un largo etcétera.
Hasta hace poco, el número de este segmento de trabajadores que como todos los demás dependientes del sector público cumplen horarios de trabajo, reciben instrucciones y sus obligaciones son enjuiciadas y controladas por sus superiores en forma inmediata y directa -lo que se contrapone al contenido y naturaleza del contrato civil a honorarios o a suma alzada -, se contaban en aproximadamente 30 mil y si se piensa en que muchos (as) son jefes de hogar, las personas dependientes de ellos (as) pueden ser potencialmente otras 60 o 90 mil almas más, que se ven afectadas por la precariedad del tipo de empleo de sus sostenedores. Con toda probabilidad estos dependientes de continuar trabajando en esas condiciones por largos años, no estarán en condiciones de jubilar o, al menos hacerlo, con una pensión digna. Cabe preguntarse además, por qué la contratación a honorarios en el sector público que tiene por única finalidad acometer tareas temporales o suplir necesidades transitorias y que requieren especiales calificaciones con las que no cuenta la dependencia pública respectiva se prolongan por largo tiempo, sin que esos trabajadores que han pasado a ser parte del plantel estable de esas organizaciones no han sido incorporados a las plantas de trabajadores de las mismas.
No lo fueron y no lo serán porque poco les importan a los representantes gremiales, que están más ocupados de la pequeña ventaja política, del ínfimo asueto caribeño, de la ilegítima presión de unos violentos, que de la abierta hostilidad con que el sistema público regentado por la propia Concertación en la que la mayoría de ellos milita, trató a estos trabajadores precarios.
Para el que no crea, le recomiendo revisar “Michelle.cl” y la pregunta ¿Para cuándo la igualdad en el servicio público? Ahí verán el quejido y el llanto de tantos y tantas trabajadoras que no ocupan ni por un momento la atención, frente a sus altas responsabilidades, de estos dirigentes nacionales.
¿Y todo esto saben por qué?
Porque cuando la mínima prebenda, la vergonzosa canoningia o el rédito de la militancia política fuerzan la chapa de la sede sindical, los intereses gremiales saltan por la ventana.
