Los desafíos para mejorar el sistema penal adolescente en Chile son muchos y de diversa complejidad. Por ello es que resulta una buena noticia el que se comiencen a adoptar medidas concretas en el sector justicia por reformular dicho sistema.
Los sucesos acontecidos en Ecuador en días recientes, constituyen otra demostración que la estabilidad democrática es todavía frágil en nuestra región. Ya en el 2008 Bolivia experimentó una grave crisis política, y en el 2009 como sabemos, tuvo lugar un golpe de Estado en Honduras que removió al entonces Presidente de ese país.
En el caso de Ecuador, y más allá del debate académico sobre si constituyó o no un intento de golpe de Estado, lo cierto es que así fue calificado por todos los Presidentes de los países de la UNASUR, y también por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. Y es que si se mira la historia pasada de América Latina, muchos golpes comenzaron como revueltas sociales, o con la sublevación de sectores militares aislados, que posteriormente recibieron la adhesión de los altos mandos u otros sectores de la oficialidad de las fuerzas armadas. Pero hoy el problema no son los golpes “clásicos” de Estado, donde las instituciones armadas toman el poder y lo ejercen por la fuerza.
El descrédito de lo que fueron las antiguas dictaduras militares de los años ochenta, la falta de apoyo norteamericano a este tipo de aventuras (lo que implica un quiebre con las pasadas prácticas de Estados Unidos en esta materia, aunque el caso de Honduras demuestra que hay y pueden haber hacia el futuro, excepciones a la regla) y las perspectivas de un aislamiento internacional prolongado, hacen hoy inviable la posibilidad del golpismo tradicional en América Latina. Sin embargo, existe el riesgo que en países con crisis política, haya sectores que busquen transformar nuevamente a las FF.AA en un actor que dirime conflictos sociales o constitucionales, llevando así a una nueva forma de “politización” de éstas, lo que contraviene de manera grave los principios esenciales de funcionamiento democráticos.
Así, en países con una institucionalidad débil, las fuerzas de orden y seguridad pueden inclinar “la balanza” hacia uno u otro sector en pugna, lo que además les permitiría acceder a prerrogativas excesivas a cambio de tal apoyo, o tener espacios para hacer demandas que serían impropias en cualquier democracia avanzada de occidente. Y lo pueden hacer con la amenaza o posibilidad latente de intervención para remover autoridades civiles, y después “blanquear” tal procedimiento con la convocatoria a nuevas elecciones, tal como sucedió en Honduras (lo que el propio Insulza llamó hace algún tiempo atrás, “los golpes correctivos”).
[cita]Existe el riesgo que en países con crisis política, haya sectores que busquen transformar nuevamente a las FF.AA en un actor que dirime conflictos sociales o constitucionales, llevando así a una nueva forma de “politización” de éstas.[/cita]
Por eso es tan importante el acuerdo adoptado por los Presidentes en la reciente reunión de la UNASUR en Buenos Aires, de incorporar una cláusula democrática al tratado constitutivo, que sirva como un disuasivo importante para aquellos sectores que quieran usar a las instituciones armadas para avanzar en sus intereses particulares. Esta cláusula debe tener como principio rector, el no reconocimiento a ningún gobierno surgido de una intervención o acción militar previa, aún si posteriormente se convoca a elecciones, o se transfiere el mando de la nación, a alguna autoridad de los otros poderes del Estado. La consolidación de la democracia requiere (entre otras cosas) que se puedan decidir cursos de acción y políticas, sin la amenaza de fuerzas fácticas que condicionen las decisiones adoptadas por autoridades democráticas legítimamente constituidas.
Una cláusula democrática que a partir del no-reconocimiento conlleve a un aislamiento y ha sanciones importantes (en las horas más tensas en Ecuador, los demás Presidentes cerraron las fronteras, suspendieron el comercio, y toda otra actividad) hará pensar “dos veces” a aquellos que puedan tener la tentación de ir a golpear nuevamente la puerta de los cuarteles. Los problemas de la democracia se deben solucionar dentro de los marcos institucionales de la democracia. Ahora, tan importante como la amenaza de sanciones colectivas, es la capacidad que tengan organismos como la OEA y la UNASUR de actuar “preventivamente” para apoyar a gobiernos acosados por sectores que buscan medios “extra-institucionales” para avanzar en sus intereses.
Como dijo el Secretario General de la OEA en las primeras horas de la crisis ecuatoriana, “debemos impedir que se reedite lo sucedido en Honduras”. La rápida y eficaz respuesta en los casos de Bolivia y ahora Ecuador, demuestran que hoy la “defensa colectiva de la democracia” es posible, en la medida que los países de la región actúen como “una sola voz” ante graves crisis institucionales que amenazan la convivencia interna en diversos países. Es de esperar entonces, que este consenso se materialice en los próximos meses, en una cláusula que de cuerpo legal a lo ya avanzado en esta materia.
