El nombramiento de los nuevos miembros del Consejo para la Transparencia no puede abstraerse de este desafío y por ello, así como no debiera ser requisito ser abogado, tampoco basta con conseguir sólo la aprobación parlamentaria, se requiere tener credibilidad y legitimidad en estas materias, para lo cual es imprescindible contar también con el respaldo y la legitimidad de la sociedad civil, para lo cual el Ejecutivo debiera generar mecanismos de diálogo y consulta.
No extrañan las reacciones que se ha visto en los últimos días a propósito de la renovación de dos de los miembros del Consejo para la Transparencia, porque hubo cierta desprolijidad del Ejecutivo de anunciar públicamente dos nombres sin antes anticipar si contaban con el suficiente respaldo no sólo del mundo político expresado en el Parlamento, sino que también de las ONG’s que tienen una larga historia en estas materias.
Varios elementos se conjugan en este lamentable episodio, cuya consecuencia más nefasta es el peligro potencial que se corre de retroceder en todo aquello que se ha logrado avanzar en materia de transparencia en Chile.
En primer lugar, ha existido un problema de foco respecto a la forma en que se ha querido plantear el debate ante la opinión pública. No se trata de cuestionar la idoneidad profesional de los dos abogados propuestos por su participación en casos de alta relevancia pública, hecho que, por lo demás, ha gatillado la defensa corporativa del Colegio de Abogados. En la práctica, el dato de ejercicio profesional es importante cuando este nos habla de las cualidades referidas al rol que se quiere asumir, otro tipo de materias son relevantes sólo si ponen en tela de juicio la solidez ética o moral de quien busca ejercer un cargo público. En efecto, para ser miembro del Consejo para la Transparencia es de suma importancia tener algún reconocimiento de los actores relevantes del sector, contar con experiencia en la defensa del derecho de acceso a la información pública y en materias vinculadas a la transparencia. Con toda razón, en este caso, múltiples ONG’s vinculadas a los temas de transparencia en Chile han reclamado que no se les haya consultado.
[cita]Si bien se entiende que quienes votan son finalmente los Senadores, que en su mayoría representan a las dos grandes coaliciones políticas y que, por tanto, es lógico que expresen un voto de acuerdo a sus convicciones, lo cierto es que el criterio “adscripción política” debiera estar al final de la ponderación en la idoneidad para ejercer un cargo público. En esto las ONG’s también tienen un punto, porque han denunciado este hecho con fuerza.[/cita]
Un segundo elemento tiene que ver más con la tradición en el nombramiento de algunos cargos relevantes en el Estado de Chile. En un sistema de representación que se ha ido desacreditando crecientemente, es altamente cuestionable que la lógica de selección de miembros de ciertos organismos del Estado se siga “binominalizando”. Si bien se entiende que quienes votan son finalmente los Senadores, que en su mayoría representan a las dos grandes coaliciones políticas y que, por tanto, es lógico que expresen un voto de acuerdo a sus convicciones, lo cierto es que el criterio “adscripción política” debiera estar al final de la ponderación en la idoneidad para ejercer un cargo público. En esto las ONG’s también tienen un punto, porque han denunciado este hecho con fuerza.
No obstante, hay un tercer elemento que me parece es el más importante y tiene que ver, en definitiva, no sólo en cómo se puede seguir avanzando en materia de transparencia, sino que ante todo, en como evitar estancamientos o, peor aún, retrocesos de lo que hasta ahora se ha logrado.
En efecto, el impulso definitivo para la aprobación de la ley de Acceso a la información pública, que crea el Consejo para la Transparencia el 2009 (antes sólo garantizado de manera parcial) tiene origen en un recurso presentado el año 2006 contra en Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso conocido como “Claude Reyes y otros”), donde el tribunal dictó una sentencia que reconoce en el acceso a la información pública un derecho humano fundamental y estableció obligaciones de perfeccionamiento al reconocimiento legal de este derecho.
En los casi dos años de funcionamiento ha logrado avanzar correctamente en aquello que es parte de la definición de sus objetivos, particularmente cuando se ha tratado de ejercer sanciones que pueden ser ejemplificadoras ante la denegación del derecho de acceso a la información. Ello ha contribuido lentamente a instalar una verdadera cultura de transparencia en el Estado.
El siguiente desafío es, sin duda, dentro del marco de la Reforma del Estado y en un país donde prima una desconfianza importante hacia las instituciones públicas, contribuir a fortalecer el vínculo con la sociedad civil organizada y no organizada a través de la promoción de la transparencia y el acompañamiento del proceso de cambio cultural en distintos niveles (administración del Estado, gobiernos locales, estructuras de representación social, centros de pensamiento, sector privado, etc.), promover el uso de la información pública en el ejercicio de la participación ciudadana y estar en constante búsqueda de fórmulas que puedan acercar a las personas el ejercicio de este derecho.
El nombramiento de los nuevos miembros del Consejo para la Transparencia no puede abstraerse de este desafío y por ello, así como no debiera ser requisito ser abogado, tampoco basta con conseguir sólo la aprobación parlamentaria, se requiere tener credibilidad y legitimidad en estas materias, para lo cual es imprescindible contar también con el respaldo y la legitimidad de la sociedad civil, para lo cual el Ejecutivo debiera generar mecanismos de diálogo y consulta.
