Si una señora en Codegua o un caballero en Machalí no pueden ver un canal público (la red y coberturas son simplemente insuficientes) y se contrata cable para poder ver televisión ¿es razonable que estas personas deban además pagar porque su servicio incluya a los canales que el resto de los chilenos en Rancagua o Santiago ven de forma gratuita por aire?
Ocurre a ratos que el debate legislativo se complejiza cuando el ámbito u objeto de la tarea parlamentaria suele incumbir a muchas personas o grupos de interés. Lamentablemente, esta suele ser la razón por la que terminamos discutiendo proyectos quizás completamente distintos del texto que ingresó a tramitación, apartándose muchas veces de sus ideas matrices.
Algo de esto ha ocurrido con el Proyecto de Ley que regula la Televisión Digital Terrestre ( TVDT), en cuya discusión hemos escuchado argumentos “a la carta”, quizás con un “menú” más restringido para nuestro cliente más relevante: el ciudadano.
Es así como nomenclaturas tales como “must carry”, “retransmisión consent” o “dividendo digital” son reiteradas como monsergas de un lado para otro, en una argumentación que ha estado principalmente centrada —tal como lo reveló en una entrevista reciente el Subsecretario de Telecomunicaciones— en la industria, esto es: los canales de televisión abierta (agrupados en ANATEL) contra las compañías de cable.
[cita]Si una señora en Codegua o un caballero en Machalí no pueden ver un canal público (la red y coberturas son simplemente insuficientes) y se contrata cable para poder ver televisión ¿es razonable que estas personas deban además pagar porque su servicio incluya a los canales que el resto de los chilenos en Rancagua o Santiago ven de forma gratuita por aire?[/cita]
Hoy vivimos una fase clave, en segundo trámite constitucional, sorteando un centenar de indicaciones y con un tercer trámite en la Cámara en donde probablemente recibiremos un proyecto con cambios sustantivos, manteniendo al ciudadano como rehén de una discusión de industrias y privados.
Pero ¿qué es lo central a estas alturas en este Proyecto? Los canales de TV no pueden cobrar por un contenido que transita en una carretera asignada de forma gratuita. No lo pueden hacer directamente, ni lo pueden hacer indirectamente a través del cable.
Aquí se ha manipulado el argumento de la TV pública señalando que vía cable se retransmite llegando a más audiencias, generando mayores recursos en base al avisaje, cuando en definitiva lo que ocurre es que se llega a personas y lugares en los cuales los canales de televisión abierta no han hecho inversiones de cobertura.
Esto sería aún más aberrante con la entrada de la TVDT, cuando lo que tendremos será una nueva asignación del espectro (bien público) que debiera optimizar la competencia pero, sobre todas las cosas, la calidad y contenidos de la televisión, a mejores precios para los consumidores finales. Cobrar por retransmitir sería, entonces, caer en una especie de enriquecimiento sin causa para quienes pretenden argumentar esto.
En segundo lugar vale la pena hacerse la siguiente pregunta: ¿Pueden cobrar los canales por la redifusión de sus señales si la persona en su casa no tiene otra alternativa para recibir señal abierta?
Es decir, si una señora en Codegua o un caballero en Machalí no pueden ver un canal público (la red y coberturas son simplemente insuficientes) y se contrata cable para poder ver televisión ¿es razonable que estas personas deban además pagar porque su servicio incluya a los canales que el resto de los chilenos en Rancagua o Santiago ven de forma gratuita por aire?
Si la respuesta es afirmativa estaríamos en presencia, como han advertido las agrupaciones de consumidores y usuarios, de una nueva cuenta de servicios para la clase media chilena, especialmente aquella que reside a distancia de los centros urbanos, tal cual lo son la luz o el agua. Y no solamente se estaría creando esta “nueva cuenta” para ciertos chilenos, sino que además discriminándolos en razón del lugar en que viven.
¿Negocio para el cable? Por ningún motivo, la televisión por cable tendrá que competir y enfrentar similares desafíos y barreras que la televisión abierta. Es más, podría incluso conversarse sobre un límite a la facultad de cobrar por redifusión. Un límite en dos niveles: por cobertura general y por cobertura regional (para no discriminar a regiones).
Es decir, los canales abiertos deben ser capaces de exhibir una determinada cobertura real (medida dentro de los hogares), y no obtenerla sólo por hacer inversiones en los grandes centros poblados “echándose al bolsillo” a las comunas pequeñas y llegando a estas vía cobro por cable, trasladando el costo a los usuarios.
La TVDT es un debate que tiene “muchas pistas” y nuestra responsabilidad como parlamentarios es abordarlas todas: licitaciones competitivas y transparentes, estándares claros de libre competencia, desafíos de calidad a la transmisión de contenidos, reenvíos normativos eficientes a la tarea de un regulador eficaz y presente. Sin embargo hay algo que no puede estar fuera de discusión y que de una vez debemos clamar por su nombre: gratuidad a todo evento.
Disfrazar esta necesidad con ropajes “técnicos” o contrargumentarla con sofismas desde grupos corporativos no sólo hipotecará el futuro de la TVDT en Chile sino que también la credibilidad parlamentaria de quienes debemos anteponer, ante todo, el interés superior de nuestros ciudadanos.
