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Editorial: Razón y política: el vínculo perdido

por 9 julio, 2012

Editorial: Razón y política: el vínculo perdido
Es precisamente coherencia lo que parece faltarle a la política y los políticos nacionales; aspirantes o consolidados. Particularmente en dos aspectos: coherencia en la representación de los intereses sociales, no ahora que están visiblemente al alza, sino desde siempre; y, en segundo lugar, coherencia en los discursos que se propone o ha propuesto en esa representación, dando espacio a lo que se llama consistencia política.
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Pocas dudas caben que en el centro del debate parlamentario sobre el salario mínimo priman las razones electorales. De igual manera en la alianza gobernante como en la oposición. El gobierno por su parte repite el libreto de todos los gobiernos que le antecedieron: el mínimo posible de acuerdo a la coyuntura, independientemente si hay elecciones o no. Para los gobiernos, la costumbre es manejar las elecciones con bonos.

Tanto entre los partidarios del gobierno como en la oposición, los énfasis actorales sobre el salario mínimo han sido variados, por supuesto en torno a roles intercambiados. Pero el orden de los factores no ha alterado el producto. El salario mínimo sigue siendo muy bajo en relación al PIB y a la productividad de la economía. Es un mecanismo muy distante de un criterio redistributivo, y constituye un arcaísmo político que evidencia que el trabajo es en Chile un factor de menor valor en comparación con el resto, y que de no existir el criterio mínimo, las condiciones de explotación salarial serían aún peores.

Llama la atención que entre los argumentos ofrecidos por los que se niegan a un alza mayor, está el hecho de que son las PYMES y los sectores medios los que proveen gran parte del empleo de salarios mínimos, y serían prácticamente quebrados por un alza desmedida. Es decir, los anima una actitud protectora de la salud promedio de la economía. En la vereda del frente, el mayor argumento de quienes sostienen un salario de al menos 200 mil pesos, señalan que las demandas sociales por mayor igualdad se han desbordado, y que es hora de dar señales que se escucha a la gente y que se rectifica.

Que la política se haya alejado de la razón práctica en el país, significa que se ha ensimismado en sus juegos de poder más allá de toda racionalidad. Y que parece no percatarse que están desafiados los modelos de control político, de participación política y de gobernabilidad política.

Tales argumentos, al parecer llenos de racionalidad, constituyen un ejercicio que parece estar definitivamente fuera de la racionalidad. Si algo está ocurriendo en el país es que vastos sectores medios de la sociedad han sido atenazados durante mucho tiempo entre políticas que atienden el clientelismo de los bonos y la lucha contra la pobreza a través de subsidios, y políticas de libre mercado salvaje al interior de las cuales no pueden competir.

Muy pocos han razonado que la crisis de la educación se desató en toda su virulencia cuando la bancarización de los créditos para ingresar a la universidad empezó a descapitalizar no sólo a las familias avales que perdían sus casas y el poco patrimonio que poseían, sino a entregar al mercado a profesionales endeudados por veinte años o más, muchos de ellos en DICOM antes de haber siquiera entrado al mercado laboral.

Pocos también se han detenido a pensar que las enormes ganancias de los bancos provienen en su mayoría de una franja de la población no superior al 30 o 40% de la fuerza laboral, consistentes en técnicos y profesionales, pequeños empresarios, empleados medios, y que son la franja de población bancarizada, que vive pagando intereses, créditos, cuentas de servicios, tiene dinero plástico y es el target preferencial del retail, los bancos, las inmobiliarias, las ventas de servicio.

En tal escenario, las PYMES, a las cuales los bancos hasta les aplican seguros de desgravámenes (sic) en los créditos que les otorgan como empresas, el mayor riesgo proviene no del salario mínimo, sino de las rentas indebidas que la posición monopólica de los proveedores, la mala regulación y el peor control de las autoridades, les imponen, por ejemplo, en materia de seguros y garantías, para poder competir.

Que la política se haya alejado de la razón práctica en el país, significa que se ha ensimismado en sus juegos de poder más allá de toda racionalidad. Y que parece no percatarse que están desafiados los modelos de control político, de participación política y de gobernabilidad política.

Es comprensible que una lectura pragmática de la política indique que para estar en el escenario y ser un incumbente se deben poseer recursos de poder que lo permitan: popularidad, menciones mediáticas, reconocimiento, recursos económicos, amistades o círculo de poder.

Pero es indudable que son insuficientes en un escenario volátil. En este caso, el recurso más importante vuelve a ser la coherencia, pues indica una unidad de trayectoria y genera el bien más escaso: la confianza.

Es precisamente coherencia lo que parece faltarle a la política y los políticos nacionales; aspirantes o consolidados. Particularmente en dos aspectos: coherencia en la representación de los intereses sociales, no ahora que están visiblemente al alza, sino desde siempre; y, en segundo lugar, coherencia en los discursos que se propone o ha propuesto en esa representación, dando espacio a lo que se llama consistencia política.

La imagen actual es que los modos y maneras que predominan hoy la política, tanto en medios de gobierno como de oposición, son de un creciente oportunismo político, que en la desconfianza social, es una buena entrada al populismo y la crisis de gobernabilidad.

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