La necesidad de la Protección Social de la Clase Media no sólo se constituye en «moda» para captar votantes con miras a las municipales o las presidenciales, sino que adquiere relevancia para el crecimiento económico sostenido y el desarrollo a escala humana del país.
A comienzos de este mes comenzó a pagarse el Bono Solidario de Alimentos anunciado en el Discurso Presidencial del 21 de mayo, beneficio que será entregado a más de 7 millones de chilenos que se han visto afectados por el alza de más del 10% en el precio de los alimentos durante el último año. Este bono que asciende a 40 mil pesos por familia y $7.500 por niño menor de 18 años se entrega también a las familias que perciben Asignación Familiar, muchas de las cuales forman parte de la denominada clase media.
Desde el año 2011, más de 46 mil familias han sido beneficiadas por el subsidio habitacional de la clase media, que tiene dos tramos. El título I corresponde a viviendas de entre 600 y 1.000 UF, para el cual se exigen 30 UF de ahorro mínimo para la vivienda en alguna institución financiera así como un puntaje máximo de 13.484 en la ficha de protección social (FPS). Para el Título II, viviendas entre 1.000 a 2.000 UF, se exigen 50 UF de ahorro previo, mientras que no se requiere la aplicación de la FPS.
Por otro lado, el gobierno ha anunciado que las enfermedades catastróficas y de alto costo que no son totalmente subsidiadas por el Estado (por ej. cáncer, VIH o diabetes), y que actualmente no son considerados por la FPS, serán integradas en el cuestionario de preguntas de la nueva Ficha Social de manera de poder incluir las necesidades de la clase media en caso de eventos especiales que puedan afectar a las familias.
[cita]La necesidad de la Protección Social de la Clase Media no sólo se constituye en «moda» para captar votantes con miras a las municipales o las presidenciales, sino que adquiere relevancia para el crecimiento económico sostenido y el desarrollo a escala humana del país.[/cita]
Entre el año 1990 y el año 2009 se registra una importante reducción de la pobreza en nuestro país, según datos arrojados por la Casen. Con el desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población, la clase media creció hasta incluir al 56% de los chilenos, según un análisis de Icomm Investigación de Mercado, hecho en base a los ingresos familiares reales.
La denominada «clase media» es un estrato heterogéneo. Los sociólogos hablan de «las clases medias«, formadas por distintos grupos sin una identificación común. Se trata de jefes de familia con 12 años o más de educación, que trabajan en servicios, son técnicos o profesionales. Los expertos del marketing la sitúan entre los grupos socioeconómicos C2 (media) y C3 (media baja) de la población, es decir, que perciben ingresos entre $400 mil y $1,2 millón al mes, aspiran a la casa propia (que pagan con créditos hipotecarios o subsidios estatales), están endeudadas y educan a sus hijos mayoritariamente en colegios particulares o particulares subvencionados.
La clase media chilena es pobre en comparación a algunos países de la OECD que cuentan con más apoyo estatal y mejores ingresos. Se visualiza con mayor dificultad como usuaria de la red de protección del Estado y siente que se las tiene que «arreglar» por sí sola para salir adelante.
La necesidad de la Protección Social de la Clase Media no sólo se constituye en «moda» para captar votantes con miras a las municipales o las presidenciales, sino que adquiere relevancia para el crecimiento económico sostenido y el desarrollo a escala humana del país. Las estrategias de focalización e intervención social que se definan para los segmentos medios del país no pueden ser los mismos que para los grupos más pobres, si se quiere ser exitoso. Un buen ejemplo sería el sistema de postulación para los subsidios habitacionales para la clase media que se hace en línea a través de la web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, permitiendo realizar el trámite de manera rápida y desde la oficina, el hogar, la universidad o el cibercafé.
Durante el periodo de candidaturas presidenciales, hace ya un par de años atrás, Sebastián Piñera manifestó su compromiso de «mantener, fortalecer y ampliar la red de protección social para que llegue a todos los chilenos que la necesitan, pero también para que proteja a nuestra sufrida clase media». Algo parecido fue expresado por el entonces candidato presidencial y principal contrincante, Eduardo Frei.
Piñera, durante su candidatura, anunció la ampliación del seguro de cesantía, un seguro hipotecario para que las personas no pierdan su vivienda en caso de desempleo, un seguro de matrícula para que los jóvenes no abandonen su educación superior si sus padres quedan sin empleo; el bono de garantía AUGE para que las personas de clase media puedan ser atendidas en el sector privado si los hospitales y consultorios públicos no cumplen la garantía de una salud oportuna, ampliación de las becas y el acceso al crédito para que ningún estudiante quedase fuera de la educación superior por falta de recursos y la creación de un SERNAC Financiero, que proteja a los clientes de los bancos para evitar abusos (tasas de interés o cargos excesivos, entre otros).
Países desarrollados han generado medidas de protección para las familias de clase media. Dado el crecimiento paulatino de los segmentos medios en Chile al mismo tiempo que proliferan situaciones de inestabilidad y riesgo, la Protección Social de la Clase Media chilena se constituye en un desafío prioritario en el contexto del desarrollo de una sociedad de bienestar o welfare society, como lo destaca la literatura de Trabajo Social Japonés.
La naturaleza de las cuestiones sociales ha cambiado: los problemas centrados alrededor de la pobreza han dado paso a fenómenos complejos que afectan a diversos grupos en la sociedad: los efectos del envejecimiento de la población, la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, el endeudamiento y sobre endeudamiento de las personas, las dificultades de los consumidores y sus derechos, entre otros.
La tendencia del Estado se encuentra indudablemente más orientada a la clase media que hace unos años atrás, lo cual tendría impactos en las estrategias de alcance, gestión e intervención social tales como: la expansión de los segmentos de focalización y atención, las crecientes expectativas en los estándares de calidad de los servicios sociales y humanos y la entrega de servicios públicos en manos de proveedores privados. Autores como Gilbert destacan además que la clase media, en comparación con los grupos más pobres de la sociedad, tiene mayor acceso a la información relativa a los servicios de bienestar disponibles y que los trabajadores sociales y funcionarios que proveen de dichos servicios pertenecen frecuentemente a los mismos segmentos medios, lo cual facilitaría la comprensión de los comportamientos y requerimientos de estos grupos.
