El caso Huenante no es el único. En el marco de la movilización estudiantil de agosto del año pasado, otro joven —Manuel Gutiérrez de sólo 14 años— es asesinado por una bala y los responsables de su muerte fueron, también, los mismos que debían velar por la vida y la integridad de este niño: Carabineros.
La madrugada del sábado 3 de septiembre del 2005, José Huenante fue subido por dos funcionarios de Carabineros de Chile en servicio activo a un radio patrulla, en la Población Vicuña Mackenna de la ciudad de Puerto Montt. En ese momento tenía sólo 16 años y hasta la fecha no se tienen noticias de su paradero.
Pocas horas antes de ese episodio, José y otros adolescentes se habían dirigido a la «casita verde», el lugar donde acostumbraban reunirse para compartir lo que significa ser pobre, niño e indígena en un país que no los mira.
Sabemos que hubo “incidentes” entre estos jóvenes y Carabineros. Sabemos también que se pidieron refuerzos para que llegaran más efectivos, que además otro joven fue detenido, golpeado y dejado en libertad sin haber pasado nunca por un control de detención ante un juez. Existen testigos presenciales, pericias y convicción legal que demuestran que estos son los hechos. Así lo sostiene en su acusación el Ministerio Publico, así lo sostenemos como parte en la justicia ordinaria y militar y así, otros lo han sostenido ocultos en el «off».
[cita]El caso Huenante no es el único. En el marco de la movilización estudiantil de agosto del año pasado, otro joven —Manuel Gutiérrez de sólo 14 años— es asesinado por una bala y los responsables de su muerte fueron, también, los mismos que debían velar por la vida y la integridad de este niño: Carabineros.[/cita]
Podemos compartir la duda respecto de cual de todos los carabineros de la dotación de la Quinta Comisaría de Puerto Montt en servicio aquella madrugada fueron los responsables directos de la desaparición de este niño. Pero eso no permite negar los hechos. La Corte Marcial no acogió la petición de procesamiento solicitada bajo los estándares que rigen a la misma justicia militar. Ello, a pesar de la evidencia y de la convicción que se tuvo en la justicia ordinaria para acusar. Aunque se cumplió con la convicción de certeza superior para obtener un reproche penal respecto de los que aparecen inculpados, la justicia militar no aplicó las reglas que debía y desconoció la abundante evidencia contenida en más de seis tomos. Con esto, se intenta imponer olvido y la impunidad en la desaparición de José.
El caso Huenante no es el único. En el marco de la movilización estudiantil de agosto del año pasado, otro joven —Manuel Gutiérrez de sólo 14 años— es asesinado por una bala y los responsables de su muerte fueron, también, los mismos que debían velar por la vida y la integridad de este niño: Carabineros.
José y Manuel no son casos aislados. En estos 22 años desde el día que se recuperó la democracia, la cantidad de niños y niñas vulneradas en sus derechos es lamentable. Basta recordar a Matías Catrileo y Alex Lemun, muertos en el marco de la movilización por la reivindicación de derechos que el pueblo mapuche considera legítimos.
No son hechos que ya pasaron. Sólo en las últimas semanas hemos presenciado como secundarios y universitarios han sido desnudados y vejados por carabineros en el contexto de diversas acciones para frenar la movilización estudiantil. El ejercicio legitimo de un derecho, en este caso el de reunirse y manifestarse, ha sido criminalizado durante estos dos años, primero por el discurso político, luego por la aplicación de la fuerza policial, y ahora justificando el ejercicio brutal y desproporcionado de la misma, con una pretendida muy mala ley conocida por el apellido del ministro del Interior que colisiona con derechos fundamentales, como lo ha sostenido la propia Corte Suprema.
¿Qué nos ha pasado como país que hemos aceptado como una externalidad negativa de la democracia tener niños muertos, niños vulnerados en sus derechos?
¿Qué ha pasado con el Estado de Chile, que frente a los reclamos y recomendaciones de diversos órganos de control del sistema de protección internacional de Derechos Humanos, se muestra indiferente y opta por un silencio que se transforma en obsceno?
¿Hemos olvidado que existe una obligación activa y pasiva del Estado de Chile en la protección y promoción de las libertades públicas y los derechos humanos?
Resistir el olvido, tolerar la vida frente la incertidumbre de la muerte de alguien que se ama, no debiera dejarnos indiferentes. Respecto de José, intentaremos buscar la verdad y justicia, requeriremos la protección del sistema interamericano de Derechos Humanos y esperamos del Estado chileno el respeto a las normas del derecho internacional humanitario. Esperamos no correr con la misma suerte de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana en los casos Almomacid y Palamara, que demandaban la nulidad del Decreto Ley de Amnistía de 1978 y el término de la justicia militar.
El elemento común y continuo que hay entre todas las violaciones a los derechos humanos que se mencionan aquí, es el abandono que hace el Estado de estos niños y niñas. Su indiferencia, su indolencia, su olvido, se torna violenta y ni siquiera soñar con un mundo mejor les es permitido y al hacerlo, son reprimidos. Tan brutal como lo anterior es pretender poner como límite a los sueños lo posible.
*El autor es abogado de María y Cecilia Huenante.
