Opinión
Sabemos que toda aplicación de la ley y toda sanción por su vulneración, habita en la intersección entre el reglamento y la relevancia política. Formalmente dejar a un imputado por femicidio o pedofilia libre luego de su formalización puede ser procedimentalmente adecuado, pero ya es políticamente inaceptable. Y los jueces, en general, lo saben. Por esto es que resulta obvio que es distinto saber del lucro en las universidades en el año 2005 que saber del lucro en el año 2012. Hace cinco o diez años las universidades se vendieron en cien millones de dólares y nadie se preguntó por lo extraño que era que un ente sin fines de lucro fuera tan caro.
La acusación constitucional contra el ministro de educación Harald Beyer es irrefutable. Efectivamente él protegió hasta donde pudo a las universidades privadas de las denuncias, con evidencia incluida y en sus manos, sobre el incumplimiento de la ley por parte de ciertas universidades donde se buscaba el modo de extraer utilidades para los propietarios de dichos establecimientos. Para colmo, en su defensa no tuvo suerte. Negó sistemáticamente la validez del informe sobre el lucro en la Cámara de Diputados, rechazado finalmente en 2012, pero para su infortunio el tema estalló con la Universidad del Mar, con renuncia y denuncia incluidas, de su rector. Nada podía ser más evidente y tuvo que hacerse cargo de decir que, no obstante, ello era una excepción. Se dice que es el único ministro que ha cerrado una universidad por lucro. La verdad es que no tuvo otra alternativa, pero ha protegido a varias universidades poniendo por delante el chivo expiatorio.
Por cierto, desde el punto de vista estrictamente formal, todos los ministros de las últimas décadas han incumplido su deber. Si lo que importa es el espíritu de la ley y existe algún lugar donde haya un juicio final sobre todos los actos en los que dicha ley fue violada, la verdad es que todos los ministros de la Concertación debieran haber salido de su cargo. Pero el juicio final es una tesis discutible y engorrosa en un mundo tan masivo. Sabemos que toda aplicación de la ley y toda sanción por su vulneración, habita en la intersección entre el reglamento y la relevancia política. Formalmente dejar a un imputado por femicidio o pedofilia libre luego de su formalización puede ser procedimentalmente adecuado, pero ya es políticamente inaceptable. Y los jueces, en general, lo saben. Por esto es que resulta obvio que es distinto saber del lucro en las universidades en el año 2005 que saber del lucro en el año 2012.
[cita]La Concertación tendrá que hacer algo que hace mucho tiempo no hace: votar por convicción y no por cálculo. No sabemos qué pasará, pues es un hecho inédito. La Concertación se metió en un zapato chino, construyó un escenario donde ninguna resolución le rendirá beneficios claros. Si rechaza la acusación, quedará en evidencia que ni siquiera hay duopolio político, sino monopolio. Si la aprueba, toda la trenza de complicidades con el empresariado quedará dañada. Menudo problema el jugar a la democracia. [/cita]
Hace cinco o diez años las universidades se vendieron en cien millones de dólares y nadie se preguntó por lo extraño que era que un ente sin fines de lucro fuera tan caro. El 2006 Carlos Peña afirmó, en una entrevista radial con Fernando Villegas y Nicolás Vergara, que la universidad que él dirigía entonces (y que aún dirige) lucraba y que sería bueno sincerar eso en todo el sistema, pues era algo sabido. El año 2011 guardó silencio sobre educación hasta agosto, para señalar que su universidad no lucraba. Peña sabe de política y sabe que cada cosa a su tiempo y que la verdad tiene mil caras. ¿Beyer no lo sabe?
Hoy estamos a las puertas de la votación del Senado para dirimir la acusación constitucional contra Harald Beyer. Un análisis estrictamente mecánico dirá que si la Concertación se alineó en la Cámara de Diputados, debiera hacerlo en el Senado y, por tanto, Beyer saldría definitivamente del ministerio. Pero, ¿ocurrirá así? Para pensar este escenario debemos comprender qué está haciendo la Concertación con esta acusación.
Tres han sido las instancias en que la Concertación ha llegado relativamente lejos intentando generar alguna clase de vínculo con los movimientos sociales. La primera fue cuando un grupo de manifestantes irrumpió en el ex Congreso e interrumpió el trabajo de la Comisión de Educación. En ese momento Girardi no desalojó la sala, dando un aparente apoyo a los movimientos sociales. La arremetida para destituirlo acabó con su valentía en un par de horas y el esfuerzo de unir Concertación y movimientos sociales fracasó por primera vez. La segunda ocasión fue para el informe sobre el lucro en la Cámara de Diputados. La Concertación apostó a dar un apoyo formal e institucional al movimiento estudiantil. Ello estuvo en la puerta del horno, pero un par de goles de último minuto (y en off side) acabaron con el efímero vínculo. La acusación constitucional resulta ser hoy el tercer intento de la Concertación de generar algún encuentro, superficial y frívolo (pero encuentro), con los movimientos sociales y específicamente con el estudiantil.
Y los planetas parecían alineados al fin. Pero esto es política. Y resulta que la misma semana en que la Concertación ordenaba sus prohombres para votar en sintonía con el movimiento, Bachelet sale a decir que no quiere educación gratuita. Y repite palabra por palabra los argumentos que esgrimió Piñera contra el movimiento. Indistinguibles resultan así Beyer-Bachelet-Piñera respecto a educación. Y ante ese escenario, ¿se mantendrá la estrategia de hacer un gesto al movimiento estudiantil cuando Bachelet parece haber arrojado todo por la borda?
Se debatió también por la relevancia del error formal en la acusación constitucional. La derecha se aferra a ese recurso, descubierto desde la Democracia Cristiana y vociferado por El Mercurio. No sabremos hasta el miércoles si el hallazgo desde el falangismo fue una mera casualidad o si se trata de una elegante forma de lavarse las manos. A la vuelta de la esquina se puede estar generando la primera rotura real de la democracia de los acuerdos.
Es pequeña, tímida, todavía incipiente. Pero es distinto administrar el conflicto que administrar el acuerdo. La Democracia Cristiana está en su escenario más detestado: definirse. Y en el escenario actual, la Concertación ya no sabe qué es lo que le conviene, porque todo se confundió con las palabras iniciales de Bachelet, aunque el fin de semana en la proclamación que hicieron de ella el PS y el PPD, luego de la multitudinaria marcha del jueves, nuevamente intentó congraciarse con los estudiantes. Por eso, la Concertación tendrá que hacer algo que hace mucho tiempo no hace: votar por convicción y no por cálculo. No sabemos qué pasará, pues es un hecho inédito. La Concertación se metió en un zapato chino, construyó un escenario donde ninguna resolución le rendirá beneficios claros. Si rechaza la acusación, quedará en evidencia que ni siquiera hay duopolio político, sino monopolio. Si la aprueba, toda la trenza de complicidades con el empresariado quedará dañada. Menudo problema el jugar a la democracia.
Beyer, mientras tanto, mueve sus hilos. Hay muchos que lo apoyan. Está en juego algo muy importante, la energía vital de la derecha: el lucro.
