Como presidente de la Condepp (Consejo Nacional de Defensa de la Pesca Artesanal) me permito escribir sobre lo que nos parece es un hecho muy grave. Hemos dicho en muchas partes que los pescadores fuimos víctima de una encerrona de parte del ministro Pablo Longueira en toda la etapa de tramitación de la Ley de Pesca. Se nos hacía muy difícil enfrentar a parlamentarios que ni siquiera querían escuchar nuestros argumentos. El Congreso era como una oficina muy lejana. Muy pocos eran los que nos escuchaban. ¿Por qué estamos tan dolidos? Porque con el paso del tiempo una vez que se promulgó la Ley Longueira, nos hemos dado cuenta que esta ley es peor que la que teníamos. Lo más grave es haber conocido por personas lejanas a nosotros, cómo se manejaban las cosas en su interior.
La Diputada Marta Isasi ha sido la primera en reconocer su relación con Corpesca. Más tarde supimos a través de la prensa que le pagaron una buena suma de dinero por unos estudios, que en el fondo era una manera disimulada de comprar su voto en el Congreso. Mucho nos duele que la señora Isasi falte a la verdad y trate de engañar a los chilenos, porque su votación habla por sí sola. La parlamentaria voto a favor de regalar el mar de Chile a las siete familias de la industria pesquera. Además votó en contra del estatuto jurídico de los peces, es decir, para que estos fueran de propiedad del estado chileno.
Suma y sigue.
A todo lo que hemos denunciado, se suman ahora graves acusaciones en contra del diputado Jorge Ulloa, quien en el período de la discusión de la ley de pesca, tenía conflicto de interés, dado que su esposa Siomara Concha prestaba servicios en esa época y hasta la actualidad, a grandes empresas pesqueras del Bíobío, como Blumar. Lo peor de todo es que el diputado Ulloa trata de ocultar su responsabilidad diciendo que está casado con separación de bienes. Señor Jorge Ulloa, ¿se le olvida que lo único que debía hacer era inhabilitarse en la Ley de Pesca?
Como Condepp exigimos anular esta Ley de Pesca. Ella no representa los intereses de Chile ni de los pescadores artesanales, por el contrario, es fruto de la corrupción.
La Ley Longueira ha tenido efectos concretos sobre la pesca artesanal a sólo meses de su aprobación, debido a que está llena de atajos y letra chica para quienes quien seguir enriqueciéndose a costa de los recursos pesqueros que pertenecen a todos los chilenos. Por ejemplo, no existe autoridad científico-técnico. Las recomendaciones del Instituto de Fomento Pesquero (Ifop) son letra muerta. Como dijera su ex presidente Luis Pichott, no tienen independencia ni autonomía, y la reglamentación de la ley se discute entre cuatro paredes.
La sustentabilidad fue sólo una excusa para aprobar la ley, porque el mismo gobierno se ha encargado de aceptar la depredación del mar. A pesar que la Subsecretaría de Pesca señaló en su informe sobre el estado de las pesquerías del año 2012, que cerca del 50% de las especies están sobreexplotadas o colapsadas, el gobierno autorizó una cuota de captura 500% superior a la recomendada técnicamente. En las regiones de Los Ríos, Magallanes y el Bíobío, solo por nombrar algunas, la crisis de muchas pesquerías es una realidad y un drama social urgente.
Con esta realidad reitero que la ley de pesca es mala e ilegítima. Por esto, el Congreso y los candidatos presidenciales deben anular la Ley de Pesca y mostrar al país que sus únicos objetivos son los de defender los intereses de Chile, dar sustentabilidad a los recursos pesqueros, y ante todo, impedir que la corrupción avance.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
