El congreso brasileño lleva más de una década discutiendo reformas políticas sin lograr acuerdos relevantes. Todas están entrampadas hace muchos años. Por ello es que Dilma Roussef insiste en un plebiscito popular que establezca los objetivos de la reformas y de plazos específicos de aprobación a la labor del Congreso. Lo que quiere es que la voz de la calle apresure las labores del parlamento y que ello se traduzca en cambios que sean aplicables en las elecciones de Octubre del 2014. Si ello resulta sería un gran triunfo político de su gestión.
Nadie previó la inmensa oleada de movilizaciones callejeras por todo el país, que abarcó más de 500 ciudades y dos millones de ciudadanos. Aun cuando parece que la masividad declinará en las próximas semanas, es claro que la historia y el imaginario de Brasil cambiaron tal como en 1979 con las movilizaciones de los sindicatos metalúrgicos y tal como en 1992 cuando el pueblo calle logró el “impeachment” del Presidente Collor de Mello.
Si las elites y los medios de comunicación quedaron inicialmente perplejos, ahora están en medio de una intensa lucha política. Si bien el congreso ya aprobó leyes contra la corrupción y más recursos para la educación, es claro que no resulta fácil dar respuesta en el corto plazo a las vastas demandas en transporte, educación y salud. No sólo porque la maduración de las inversiones toma más de una década, sino porque actualmente la tasa de crecimiento es baja y los márgenes fiscales se han reducido significativamente.
Pero las demandas no fueron solamente sociales. También hubo una masiva crítica a todo el sistema político brasileño. Esta afectó tanto a la Presidenta que cayó fuertemente en popularidad, como a los eventuales candidatos alternativos a quienes les pasó lo mismo. La crítica se extiende a todos los políticos, incluyendo gobernadores, alcaldes y parlamentarios. En particular, la crítica social se dirigió a la corrupción endémica que afecta a Brasil, mostrando una sociedad cada vez menos tolerante a este fenómeno.
[cita]El congreso brasileño lleva más de una década discutiendo reformas políticas sin lograr acuerdos relevantes. Todas están entrampadas hace muchos años. Por ello es que Dilma Roussef insiste en un plebiscito popular que establezca los objetivos de la reformas y de plazos específicos de aprobación a la labor del Congreso. Lo que quiere es que la voz de la calle apresure las labores del parlamento y que ello se traduzca en cambios que sean aplicables en las elecciones de Octubre del 2014. Si ello resulta sería un gran triunfo político de su gestión.[/cita]
En este contexto, la madre de todas las batallas parece estar en las reformas pendientes al sistema político brasileño. En efecto, si ya resulta complejo gobernar un estado federal, más complicado es lograr que el congreso funcione adecuadamente. No es casualidad que resulta ser la institución más desprestigiada de ese país.
El congreso arrastra graves problemas. En Brasil los diputados no se eligen por distrito sino por estado, lo que determina un bajo grado de relación ciudadano-parlamentario. Ni los partidos ni las coaliciones están obligados a presentar programa y hasta hace poco cualquier parlamentario podía cambiarse de partido sin consecuencia alguna. Esto determina una fuerte dispersión política. Aunque en el Senado hay 4 partidos que concentran el 60 % de los votos, en la Cámara de Diputados los 4 partidos más importantes no reúnen el 50 % de los parlamentarios y los siguientes 10 agrupan el 45 % restante. Vale decir, hay una elevada presencia de “partidos enanos” que muchas veces venden sus votos por favores políticos, lo que determina un proceso muy lento, incierto y complejo de aprobación de leyes. Al mismo tiempo, no existe financiamiento público, ni ley de lobby a lo que se agrega procedimientos engorrosos para juzgar parlamentarios por faltas a la ética, permitiéndoles incluso renunciar a sus mandatos para ser reelegidos en el período siguiente.
Todo lo anterior muestra que Brasil requiere cambios urgentes a su sistema político. Si bien la Constitución de 1988 ha sido elogiada por democrática, es claro que contiene defectos que dificultan extraordinariamente la acción del Estado, al tiempo que lo dejan vulnerable a la corrupción. Por ello se discute avanzar hacia el fin de las coaliciones proporcionales pre-electorales para reducir el número de partidos a un grupo razonable que de mayor gobernabilidad. Asimismo se propone la elección de parlamentarios por distrito en vez de por estado. Del mismo modo se ha propuesto el financiamiento público de los partidos y la regulación del lobby para así terminar con la corrupción. Finalmente, también se ha propuesto que haya elección simultánea de todos los cargos cada 4 años, en vez de cada dos años.
Frente a ello Dilma recogió un tema pendiente desde hace más de una década y propuso un plebiscito popular para “un proceso constituyente”. Inicialmente explicitó, de forma apresurada, la posibilidad de una asamblea constituyente exclusiva para revisar los capítulos del sistema electoral trazado por la Constitución democrática de 1988. Para entender esta propuesta, es importante recordar que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso ya había propuesto una fórmula similar hace una década, ampliándola a la reforma tributaria. En las elecciones del 2010, tanto Marina da Silva como Lula había propuesto también una idea similar.
Sin embargo, la opción inicial de Dilma Roussef no concitó acuerdo en los constitucionalistas, en los parlamentarios e incluso en los ministros. Para unos, incluso miembros del equivalente al Tribunal Constitucional en Chile, era perfectamente factible una asamblea constituyente revisora de capítulos específicos de la Constitución original, que había sido democráticamente aprobada en 1988 mediante un Congreso Constituyente. Para otros, no era posible constreñir los poderes de una Asamblea Constituyente a modificar aspectos específicos de una Constitución pasada. Además las transformaciones políticas antes mencionadas no requerían modificaciones constitucionales sino cambios en las leyes respectivas.
La ronda de consultas con los partidos, constitucionalistas y organizaciones sociales no ha terminado. Pero de acuerdo a las declaraciones de sus ministros más cercanos, parece claro que la Presidenta Dilma no insistirá en el camino de la asamblea constituyente específica ¿Por qué? Primero, porque a diferencia de Chile, Brasil ya tuvo un congreso democrático que se transformó en Congreso Constituyente para aprobar la Constitución de 1988. Segundo, porque también a diferencia de Chile, la Constitución de 1988 es ampliamente aceptada en la sociedad brasileña. Y tercero, porque las indispensables reformas políticas conllevan importantes cambios legales pero no necesariamente cambios constitucionales.
Empero, el congreso brasileño lleva más de una década discutiendo reformas políticas sin lograr acuerdos relevantes. Todas están entrampadas hace muchos años. Por ello es que Dilma Roussef insiste en un plebiscito popular que establezca los objetivos de la reformas y de plazos específicos de aprobación a la labor del Congreso. Lo que quiere es que la voz de la calle apresure las labores del parlamento y que ello se traduzca en cambios que sean aplicables en las elecciones de Octubre del 2014. Si ello resulta sería un gran triunfo político de su gestión.
