Sorprende el tono que utilizan aquellos que sostienen la conveniencia de financiar la educación superior con un impuesto específico a los profesionales. Es el caso (entre otros) de Cristóbal Villalobos, criticando una columna anterior de mi autoría. Exigen seriedad al tiempo que desacreditan a quienes no opinamos como ellos diciendo que nuestros argumentos son circulares, que las dicotomías que señalamos son inexistentes o que, sencillamente, no entendemos que lo que proponen “no es regresivo y punto”.

Una revisión rápida de países que estiman que la “gratuidad” en la educación superior es una mala idea incluye naciones como Japón, Inglaterra y Corea. ¿Será que ninguno de estos países es serio?

A quienes han comentado mi última columna ridiculizando el ejemplo de los automóviles, lo primero es felicitarlos: se dieron cuenta que un argumento construido para ser ridículo efectivamente lo era. Lamento que no se haya entendido que un “argumento” que sirve para justificar cualquier propuesta ridícula no es un muy buen argumento. Pero avancemos al siguiente punto.

Primero, llamar gratuidad a la “ausencia de un precio de mercado” como se ha hecho, no sólo es mala economía, es contrario al sentido común. Lo que se paga después de obtenido con un impuesto específico no es gratis: ¿acaso un préstamo es gratis porque usted lo paga después de haberlo usado? Y eso es cierto independiente que el monto a pagar no sea conocido.

Se pueden cambiar los paradigmas, los diseños, las leyes y el lenguaje. Hasta pueden intentar cambiar la definición de “gratis” para que incluya “lo que se paga después de adquirido” (me parece un absurdo, pero pase). Pero lo que aún no hemos logrado cambiar es la naturaleza humana: la gente tiende a evitar incurrir en costos desproporcionados.

Si se implementa la propuesta de “gratuidad” con impuesto específico planteada por Claudia Sanhueza en una columna en El Mostrador (y a la que apela o de la que parece ser vocero Villalobos), una carrera universitaria que hoy cuesta $15 millones costará, de acuerdo a los cálculos de la propia Sanhueza, unos $ 45 millones, que deberá pagar bajo la forma de un impuesto especifico. Ello, si el estudiante es exitoso y termina en el 10 % de más altos ingresos, con un salario promedio de unos $ 1,2 millones mensuales. Notar que este impuesto específico afecta a los “ricos” de mañana, por lo que aplicará también a estudiantes que hoy tienen bajos ingresos.

¿De verdad nos quieren decir que ningún alumno buscará una forma de evitar esta mochila? Una opción fácil y rentable es ir a una universidad o institución que no reciba recursos  del Estado y cobre un arancel directamente al alumno en vez de ser “gratis”. Podrá ser de menor calidad, pero la diferencia de retornos justifica plenamente, no para pocos alumnos, el cambio. Si el alumno usa una fuente de financiamiento alternativa el costo que terminará pagando habrá sido igual de “gratis” que su “derecho social”. En realidad, usando la lógica de mis contradictores, sería incluso “más gratis” todavía, porque terminaría pagando sólo lo que realmente cuesta su carrera, menos que si pagara el impuesto específico asociado a su “derecho social”. ¿Curioso, no?

Obviamente, este argumento no aplica a las carreras menos rentables –quienes responden las usan como ejemplo de que a los alumnos no les interesaría el retorno de sus carreras al momento de elegirlas. Sus alumnos, por el contrario, se benefician más con el esquema propuesto: para ellos las carreras serían más baratas, e incluso es posible que para algunos sí haya gratuidad efectiva. Marginalmente, entonces, algunos alumnos podrían optar por estas carreras en lugar de otras potencialmente más rentables, ya que éstas son “todavía más gratis”, puesto que no hay que pagar el impuesto específico.

Por torcida que sea la definición de “gratuidad” que usen sus proponentes, convengamos al menos que, si uno paga en total más dinero por alguna cosa, antes o después de adquirirla, el precio de esa cosa subió. Si paga tres veces mas, subió mucho. Y por lo tanto, la “gratuidad” habrá elevado el costo de las carreras y universidades mas rentables y de mejor calidad, y reducido el costo de las carreras y universidades menos rentables. Notar lo perverso de este esquema para una persona de una familia de escasos recursos hoy, pero que ingresó a una universidad pública de prestigio que le permitirá estar en el 10 % de mayores ingresos mañana. La propuesta de “gratuidad” implica que esa persona deberá pagar tres veces el costo de su carrera, en contraposición a un esquema de crédito subsidiado donde tan sólo pagaría lo que su carrera cuesta. ¿En qué situación está mejor ese alumno hoy pobre que tiene los méritos para acceder a una buena universidad? Indudablemente que en el segundo esquema. ¿Se corre el riesgo de que ese alumno se vaya a estudiar a una universidad de menor calidad para evitar el impuesto especifico? Me cuesta ver por qué no.

Si usted aún cree que los incentivos económicos no afectan las decisiones de los estudiantes, déjeme señalar un estudio reciente que muestra que, cuando los aranceles universitarios suben, los alumnos se demoran significativamente menos tiempo en terminar sus carreras. ¿O quizás ello sea porque un mayor costo aumenta la vocación?

Estos dos efectos del sistema de financiamiento propuesto (cambios en la selección de universidades y cambios en las carreras elegidas) afectan, indudablemente, la acumulación de capital humano en el país. No veo cómo alguien que se jacta de su seriedad puede ignorar este resultado, que deriva directamente de aquellas características de las personas que es ilusorio pretender cambiar, por más entelequias y argumentos circulares que presenten en sus columnas.