¿Cuál es el valor que buscamos proteger al bregar por una ley de derechos reproductivos que incorpore la despenalización del aborto bajo algunas circunstancias? Primeramente, el derecho a que el Estado de Chile legisle para toda su población, poniendo un marco regulatorio a situaciones que, de hecho, se dan en el país.
Comienzo estas líneas con tres hechos: cinco países en el mundo no tienen ley que regule el aborto, entre ellos el Vaticano y Chile. Un estudio sobre el tema, realizado por Lidia Casas, abogada e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, indicó que el mayor temor de las mujeres que se enfrentan a esta realidad es el miedo a morir. En las últimas semanas, la opinión pública se ha enterado de una adolescente que, tras llegar grave a un hospital público por secuelas de un aborto, fue denunciada a la policía por el médico que la atendió.
Aunque las cifras oficiales son imprecisas, datos del 2011 indican que ese año se registraron en Chile 30.860 abortos: 3.387 en mujeres de 10 a 19 años, 26.996 en mujeres de 20 a 44 años y 477 en mujeres de más de 45 años. De ellos, ocho terminaron en muerte.
Por ello resulta coherente que la Presidenta Bachelet haya dicho en su mensaje del 21 de mayo que “Chile tiene que enfrentar en una discusión madura, informada y propositiva esta realidad, debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto”.
Su anuncio, ciertamente, abrió la discusión: quienes se oponen a la ley –que busca restaurar derechos existentes en Chile hasta 1989, año en que la dictadura militar terminó con esa norma, e instaló la penalización– afirman defender los derechos de quien está por nacer. Sin embargo, parecen desoír la necesidad de velar por los derechos de la mujer que, en peligro de muerte, tras una violación o enfrentada al hecho de que el feto no es viable, no encuentra amparo legal, sino riesgo y prisión si decide abortar.
[cita]¿Cuál es el valor que buscamos proteger al bregar por una ley de derechos reproductivos que incorpore la despenalización del aborto bajo algunas circunstancias? Primeramente, el derecho a que el Estado de Chile legisle para toda su población, poniendo un marco regulatorio a situaciones que, de hecho, se dan en el país.[/cita]
Tampoco escuchan la voz de las chilenas expresada en encuestas sobre el tema: la novena encuesta nacional de la Corporación Humanas 2013, arrojó que el 84% de las mujeres está de acuerdo en legalizar el aborto cuando corre riesgo la vida de la madre; el 80% lo está en caso de violación y de malformaciones fetales incompatibles con la vida.
Estas cifras muestran que las chilenas mayoritariamente creemos que nosotras somos quienes debemos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Sin embargo, hoy esa decisión está mediada por el miedo. Miedo a la muerte, como ya señalamos, y temor real a la cárcel. Porque vivimos en un país en el que no se ha enfrentado una situación de suyo dramática, la que, debido a la ausencia de una legislación humana y no sobrecargada de ideología como la actual, se presume subregistrada por los sistemas de salud.
El proyecto que despenaliza el aborto por las causales mencionadas, de acuerdo a lo planteado en el programa de gobierno, es parte de: “Una ley de derechos sexuales y reproductivos acorde a las realidades y opciones de las personas; educación sexual laica y humanista en los colegios; acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; disponibilidad efectiva de métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia”.
¿Cuál es el valor que buscamos proteger al bregar por una ley de derechos reproductivos que incorpore la despenalización del aborto bajo algunas circunstancias? Primeramente, el derecho a que el Estado de Chile legisle para toda su población, poniendo un marco regulatorio a situaciones que, de hecho, se dan en el país.
El segundo bien que protege una ley de derechos reproductivos es la autonomía de las mujeres. Cada una debe ser libre para decidir sobre su cuerpo según sus propias creencias. Y cada una debe estar bajo el alero de un marco jurídico que le permita tomar esas decisiones informadamente y en seguridad. En la certeza de que sus derechos humanos –a la vida, a la salud, al ejercicio consciente de la maternidad– estarán protegidos y le permitirán desarrollar una vida digna.
Desde el movimiento de mujeres esperamos que esta voluntad de gobierno, expresada en el proyecto de ley que anunció la Presidenta y que recoge las propuestas de una agenda de género discutida y aprobada por mujeres de todo Chile, sea acogida en el Parlamento con la rapidez que el tema amerita, lo que permitirá avanzar en el camino de la profundización de los derechos de las mujeres en nuestro país.
