Por lo tanto, la decisión de impedir nuevos ingresos, ha provocado la justificada molestia de aquellas universidades que aspiran a ser parte del sistema único de admisión, y deja de manifiesto la inconveniencia de que aspectos tan relevantes como la selección universitaria queden íntegramente entregados a los dictámenes de un grupo de interés.
La Presidenta Bachelet señaló, en el discurso del 21 de mayo, que Chile había cambiado, que la sociedad se encuentra empoderada, que demanda cambios y que éstos deben hacerse manteniendo la gobernabilidad del país. Una de las reformas centrales del gobierno y que comenzó a dar sus primeros pasos en el Congreso, es la reforma educacional.
El ministro Eyzaguirre tiene claro, desde que lanzó su primera iniciativa, que iba a transformarse en una de las autoridades más expuestas del Ejecutivo. Inició el proceso con la creación de la figura del administrador provisional en los establecimientos universitarios, la que ha venido acompañada por una batería de proyectos, como el término del lucro, la selección y el copago. Todas reformas que promueven un cambio estructural, en cómo se ha entendido el sistema educativo en nuestro país.
El debate está recién comenzando y es realista considerar que, por la naturaleza de la iniciativas, los intereses que están en juego y envergadura de las reformas, es muy probable que se constituya en el escenario en que el oficialismo y la oposición enfrenten una batalla ideológica, que pondrá sobre la mesa sus diferencias más estructurales. Por eso, es cada vez más necesario, en este llamado al diálogo constructivo que ha hecho la mandataria, que existan las instancias para un debate efectivo, provechoso y constructivo de todos los actores que participan del proceso educativo.
[cita]Por lo tanto, la decisión de impedir nuevos ingresos, ha provocado la justificada molestia de aquellas universidades que aspiran a ser parte del sistema único de admisión, y deja de manifiesto la inconveniencia de que aspectos tan relevantes como la selección universitaria queden íntegramente entregados a los dictámenes de un grupo de interés. [/cita]
No son suficientes las instancias que hoy existen. De hecho, se requiere un marco institucional, para que todos los Rectores, dialoguen, se conozcan y se pronuncien de manera regular y como actores sean partícipes de una transformación, como la que estamos viviendo del sistema de educación superior.
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH, organismo que reúne a las universidades estatales y privadas chilenas llamadas tradicionales anteriores a 1981 o que derivaran de ellas), no es esa instancia y no pretende serlo. De hecho, ha tendido a cerrarse frente a las demandas de nuevas entidades.
En una de sus últimas sesiones determinó que, al menos hasta al 2017, no se permitirá el ingreso de nuevas universidades al sistema único de admisión.
Y no olvidemos que una de las tareas fundamentales del CRUCH es la aplicación del sistema nacional de selección e ingreso , que actualmente es la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Lo hace por intermedio de la Universidad de Chile, a través del DEMRE, encargado de la administración de la PSU.
Por lo tanto, la decisión de impedir nuevos ingresos, ha provocado la justificada molestia de aquellas universidades que aspiran a ser parte del sistema único de admisión, y deja de manifiesto la inconveniencia de que aspectos tan relevantes como la selección universitaria queden íntegramente entregados a los dictámenes de un grupo de interés.
Por eso es necesario constituir formalmente, desde el Estado, una instancia que permita ser protagonistas a todos los actores de la educación superior. Debemos crear una Asamblea Nacional de Rectores, que no reemplace al CRUCH, sino que lo complemente y que lo constituyan tanto las universidades de las llamadas tradicionales como las privadas. Para que puedan dialogar, participar y encontrarse en un debate constructivo. No hacerlo, no es un problema que redunde en un acto discriminatorio hacia determinados rectores, como se pueda pensar, sino que lo es para miles de estudiantes universitarios y sus familias, especialmente las más vulnerables, que definitivamente quedan sin representación.
