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Interpelación: la normalidad del estado de excepción para los pueblos indígenas

por 25 julio, 2014

Es claro que el orden normal que se ha defendido en la interpelación es ese régimen de excepción a que estamos acostumbrados por el peso de la noche, donde los indígenas serían ciudadanos pobres de segunda clase, que no merecen el reconocimiento de una ciudadanía diferenciada con derechos colectivos y donde la república funciona para defender la iniciativa económica y propiedad de unos pocos y no los derechos de todos.
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En la interpelación del diputado José Edwards al ministro del Interior por la situación del sur, nos ha sido posible ver principalmente el inmenso camino que tenemos por recorrer para lograr una democracia plena para la diversidad cultural en nuestro país, especialmente respecto de los pueblos indígenas.

Uno de los principales obstáculos para eso es el clima de estado de excepción permanente que ciertos sectores presentan como la forma normal de definir y confrontar los problemas que tienen que ver con los pueblos indígenas y, sobre todo, con el pueblo mapuche.

La idea de que la respuesta ante cualquier situación de conflicto derivado de una demanda indígena debe ser la mano dura, que el Estado debe abandonar cualquier garantía jurídica procesal o de fondo para perseguir a sujetos a los que se considera peligrosos o incluso enemigos del Estado, constituye lo normal para el enfoque de seguridad detrás de esta interpelación. Cualquier desviación de ese estado de excepción es considerada una señal de debilidad, sea real o simplemente discursiva, y, por ello, una violación a la forma en que se imaginan el orden social en Chile.

Se nos ha planteado entonces una inversión de la realidad donde la aberración de la aplicación de la Ley Antiterrorista es tenida como la forma normal de reaccionar de un Estado frente a un conflicto con hechos de violencia social de limitado alcance, donde la mayor parte de ellos no ha llegado a causar daños a las personas –con la lamentable excepción del caso Luchsinger-Mackay–, como si pudieran ser calificados aisladamente o en su conjunto como una amenaza organizada verosímil al sistema político democrático, pues en eso consiste el fenómeno del terrorismo según los estándares internacionales.

En dicho enfoque, lo normal y legítimo es aplicar una ley destinada a defender al Estado para criminalizar con ella de manera gravísima hechos que se presentan en la protesta de ciudadanos indígenas, hechos que ya están suficientemente penalizados cuando constituyen delitos bajo la ley común. Lo normal entonces sería abusar de la falta de claridad del tipo penal de terrorismo, la subjetividad arbitraria en la determinación del efecto de temor en la población y de la falta de límites adecuados para los medios de prueba que tolera, como los testigos protegidos o la delación compensada, incluso aplicando la ley de manera oblicua a menores de edad, como ha sucedido varias veces, aunque dos reformas lo hayan prohibido de manera expresa.

Es claro que el orden normal que se ha defendido en la interpelación es ese régimen de excepción a que estamos acostumbrados por el peso de la noche, donde los indígenas serían ciudadanos pobres de segunda clase, que no merecen el reconocimiento de una ciudadanía diferenciada con derechos colectivos y donde la república funciona para defender la iniciativa económica y propiedad de unos pocos y no los derechos de todos.

Para la visión presentada en la interpelación, lo peor, sin embargo, es atreverse a levantar la cabeza de los efectos de los problemas y mirar hacia sus causas más profundas. El que fuesen el eje más importante de la interpelación las declaraciones del intendente Huenchumilla, confiesa que hablar del despojo y usurpación de tierras que sufrió el pueblo mapuche, la vulneración de sus títulos de merced, las condiciones de pobreza y marginalidad, la cotidianeidad de la discriminación y el racismo para con los pueblos indígenas, en lugar de amenazar con vigilancia y el castigo, es una perturbación grave a cómo algunos se imaginan la normalidad de este país.

Lo que ha hecho Francisco Huenchumilla es atreverse a usar la capacidad constitutiva del discurso político para hacernos avanzar más allá de lo que hasta hace seis meses creíamos posible, hablando de aquellos factores de injusticia que impiden la paz social en las relaciones interculturales, de la denegación histórica del reconocimiento de la multiculturalidad y plurinacionalidad de nuestra república. El mérito de estas palabras consiste precisamente en desafiarnos a construir las políticas más adecuadas para realizar los principios democráticos que enuncian, cosa que no había sucedido en ninguno de los gobiernos anteriores. Allí se ve la fuerza simbólica de la discusión democrática, donde la capacidad que tenemos para deliberar en público nos permite anticipar en el discurso las acciones que deseamos para nuestra vida en común, en este caso, para llevarnos a las decisiones que realicen los valores de la justicia y diversidad en las relaciones con los pueblos indígenas, consiguiendo la paz y la legitimidad que, por diversos errores históricos y recientes, ahora nos faltan.

Por dichas palabras, se ha cuestionado la capacidad de un gobierno que, en este aspecto, ha tenido el buen juicio de respaldar el sentido común de las declaraciones del Intendente Huenchumilla, en lugar de incrementar la represión policial, o la persecución judicial, recetas que han fallado estrepitosamente en la década pasada, por el sencillo hecho de que escalan la violencia en lugar de contenerla, como cualquiera puede observar en un contexto de profundas injusticias. Es absurdo empeñarse en aplicar un esquema que ha fracasado y que expande el conflicto en lugar de producir paz y legitimidad. La disputa de estadísticas que vimos entre el ministro Peñailillo y el diputado Edwards acerca de cuándo aumentaron más los atentados o cuántos policías o abogados están disponibles, o cuántas causas judiciales hay al respecto, sólo deja patente el nivel de lo accesorio y unilateral en que se ha mantenido la visión de orden y seguridad.

Es claro que el orden normal que se ha defendido en la interpelación es ese régimen de excepción a que estamos acostumbrados por el peso de la noche, donde los indígenas serían ciudadanos pobres de segunda clase, que no merecen el reconocimiento de una ciudadanía diferenciada con derechos colectivos y donde la república funciona para defender la iniciativa económica y propiedad de unos pocos y no los derechos de todos.

Los pueblos indígenas desean ver cumplidos al fin los compromisos del reconocimiento constitucional de su existencia y derechos, de representación política especial, de recuperación de tierras y aguas, de una nueva institucionalidad y agenda de desarrollo, pero con una consulta indígena que no se quede restringida por los plazos y procedimientos estrechos del DS 66, sino que aplique los principios jurídicos que tiene el Convenio 169, precisamente para hacer real el diálogo con los pueblos. Se requiere que se apliquen de manera correcta los principios del Convenio, y no se sacrifiquen en pos de los proyectos de inversión de intereses privados como viene sucediendo hasta ahora.

También es necesario que se cumpla el compromiso pendiente del programa de Bachelet, de instalar una comisión que revise los casos penales del sur, para proponer medidas tanto para las víctimas de los hechos de violencia social –de las cuales tanto se habló ayer– como para aquellas víctimas de la aplicación errada de leyes penales, la violencia institucional y abuso policial en las comunidades.

Esperemos entonces que esta interpelación nos haya servido como una buena síntesis de aquel alegato por el estado de excepción y sus temores, que la construcción de nuestra democracia nos exige dejar a un lado, para seguir adelante en un camino que hasta ahora sólo se está insinuando en algunas pocas pero significativas palabras.

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