Opinión
Chile tiene un sistema de salud altamente segmentado. Ello obedece en parte a la facultad de las isapres para rechazar a las personas con peores condiciones de salud, relegándolas a Fonasa, y además discriminar por edad y género en tarifas, lo que ha sido ampliamente rechazado por la ciudadanía.
El sistema de salud en Chile tiene problemas crónicos que ya no pueden esperar. El trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la reforma a las isapres ha levantado el tema, pero lo que se ha difundido de sus deliberaciones muestra que solo aborda las problemáticas del sistema de aseguramiento privado y no necesariamente del cerca de 80% de los chilenos afiliados al seguro público.
En Espacio Público hemos trabajado durante dos años en un diagnóstico de los principales problemas que aquejan globalmente al sector, recogiendo la visión de los distintos actores relevantes en el proceso, para concluir con propuestas de políticas públicas concretas que den solución a dichos problemas.
En el ámbito de la provisión pública, el problema no es solo de recursos para actualizar la infraestructura y resolver la urgente falta de especialistas, corrigiendo problemas de gestión se podría aprovechar al máximo la capacidad instalada.
Proponemos empoderar a los servicios de salud en su calidad de coordinadores de la red. Para ello, es fundamental modificar el esquema de financiamiento, de modo que sean los servicios de salud los que compren directamente las prestaciones a sus hospitales, y no Fonasa. Los servicios de salud deben recibir un pago desde Fonasa en función de la población inscrita en su territorio y con ajustes por factores de riesgo, lo que los incentivará a hacerse responsables de la gestión de su red. Los consultorios deberían seguir recibiendo un pago sobre la base de su población inscrita, pero contemplando fondos para financiar sus interconsultas a los hospitales. De este modo se les incentivaría a evitar la sobrederivación a los hospitales, descongestionando estos últimos.
[cita] Proponemos un plan garantizado mínimo de salud, que otorgue una protección efectiva a toda la población, con un precio fijado por un organismo independiente y al cual las isapres no puedan negar el acceso. Para su financiamiento será necesario crear un fondo que recolecte los ingresos de los afiliados y los distribuya a las distintas isapres y Fonasa, de acuerdo con el riesgo de la cartera de cada aseguradora. [/cita]
Adicionalmente, nos parece esencial empoderar a los hospitales. Es clave que los hospitales cuenten con recursos propios para mantener su infraestructura y reponer su equipamiento médico, que se genere un ajuste en su dotación que responda a sus necesidades y permitirles un control efectivo de la gestión de su personal.
Proponemos también desconcentrar la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. La primera se debe enfocar únicamente en la gestión eficiente de la red, mientras que el Ministerio a los aspectos relacionados con la salud en general.
En el ámbito del aseguramiento, se debe realizar una reforma que inyecte mayor solidaridad, competencia y eficiencia al sistema, sin echar por la borda la capacidad instalada con que cuentan las isapres.
Chile tiene un sistema de salud altamente segmentado. Ello obedece en parte a la facultad de las isapres para rechazar a las personas con peores condiciones de salud, relegándolas a Fonasa, y además discriminar por edad y género en tarifas, lo que ha sido ampliamente rechazado por la ciudadanía.
La competencia entre isapres, por su parte, ha sido débil. Esto responde a que la posibilidad de los afiliados de cambiarse se ve dificultada, tanto por la proliferación de planes comercializados (que superan los 15.000) como por la cautividad de cerca de un 40% de los beneficiarios. También la integración vertical entre isapres y prestadores limita la competencia, dado que dificulta la entrada de nuevos actores.
Para corregir estas falencias, proponemos un plan garantizado mínimo de salud, que otorgue una protección efectiva a toda la población, con un precio fijado por un organismo independiente y al cual las isapres no puedan negar el acceso. Para su financiamiento será necesario crear un fondo que recolecte los ingresos de los afiliados y los distribuya a las distintas isapres y Fonasa, de acuerdo con el riesgo de la cartera de cada aseguradora.
Proponemos que además puedan comercializarse planes adicionales estandarizados para acceder a prestaciones y prestadores diferentes a los establecidos en el plan mínimo. Finalmente, se debería poner fin efectivo a la integración vertical, o al menos regularla adecuadamente para asegurar condiciones competitivas a todas las aseguradoras.
No se debe confundir “mínimo” por “básico” en el plan universal. Su cobertura debe surgir de una discusión democrática que determine los derechos contemplados en el nuevo sistema de seguridad social propuesto. Nuestra posición es que dicha cobertura mínima debe ser ambiciosa, para asegurar a todos los chilenos el acceso oportuno a una salud de calidad, desde la prevención hasta la recuperación, incluyendo los medicamentos. De modo contrario, se repetirían los vicios del actual sistema en el nuevo orden propuesto, dejándoles una salud de peor calidad a los pobres, mujeres, ancianos y enfermos. Los planes adicionales solo deberían cubrir elementos superfluos respecto a la solución de los problemas de salud (por ejemplo, que los anteojos sean sofisticados o que la habitación no sea compartida).
La implementación de este conjunto de propuestas representaría un importante paso para otorgar un acceso oportuno y equitativo a salud de calidad a toda la población, independientemente de su edad, género o condición socioeconómica. Ningún chileno puede seguir esperando por una salud digna, más aún si existen las condiciones para otorgarla.
