Hoy por hoy no es nada sencillo rastrear cuánto, cómo y dónde están utilizando los gobiernos regionales los recursos con los que ya cuentan. Aunque el Estado disponga de múltiples medios para prevenir el uso poco transparente de recursos, siempre existirán partidas de gasto público más propensas que otras de ser usadas de manera indebida.
Todos (o casi todos) parecemos haber entendido que la excesiva concentración del poder político y económico en la Región Metropolitana es absolutamente inconducente para el país a largo plazo. Hace algunas semanas el Subsecretario General de Gobierno señalaba que para acabar con el centralismo, se requería entre otras cosas, más participación ciudadana y más gente en terreno.
A priori podría resultar no tan evidente, pero existen varias razones por las que la participación ciudadana y el control democrático son elementos claves para llevar a cabo un proceso de descentralización efectivo. Imaginemos que producto del trabajo de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, se aumenta considerablemente la cantidad de recursos con los que cuentan anualmente los gobiernos regionales. El rasgar de vestiduras de varios en la capital se escucharía probablemente en todas las regiones del país, puesto que desde la óptica capitalina, las regiones siguen siendo consideradas o muy “jóvenes” para administrar sus propios recursos o bien derechamente interdictas en materia de uso eficiente y transparente del gasto público.
Lo anterior, pone a prueba la capacidad de las regiones de administrar con eficiencia y transparencia cada peso destinado a promover la descentralización. Es aquí donde el control democrático y la participación ciudadana se vuelven necesarios. Ahora bien, para potenciar la participación ciudadana en el monitoreo del gasto público, se requiere primero saber qué tan lejana o cercana es ésta información para la gente.
Hoy por hoy no es nada sencillo rastrear cuánto, cómo y dónde están utilizando los gobiernos regionales los recursos con los que ya cuentan. Aunque el Estado disponga de múltiples medios para prevenir el uso poco transparente de recursos, siempre existirán partidas de gasto público más propensas que otras de ser usadas de manera indebida. Solo basta con echar un vistazo a casos recientes (y no tan recientes) de malversación del gasto públicos a nivel regional y veremos que recursos como los destinados a cultura, seguridad ciudadana y deportes, adquisición de equipos informáticos, vehículos y mobiliario, Fondos Regionales de Iniciativa Local, Fondos de Innovación para la Competitividad, etcétera presentan varios problemas en su asignación, ejecución y fiscalización.
Sabiendo esto, ¿sería muy disparatado construir un ranking con la susceptibilidad de malversación de los distintos recursos públicos? Los hechos de corrupción no ocurren por simple aleatoriedad. Sistematizar cuáles son las falencias de cada partida de gasto en términos de probidad y eficiencia sería una útil herramienta para identificar con mayor facilidad cuáles son aquellos focos potenciales de corrupción donde la ciudadanía debería poner más atención.
En cuanto al uso eficiente de los recursos, al día de hoy, la ciudadanía tampoco cuenta con las herramientas para saber con meridiana claridad el impacto que la inversión regional tiene sobre el desarrollo de su zona. Los índices de ejecución de presupuestos quedan sencillamente cortos al respecto y las rendiciones de cuentas públicas, si bien son un aporte a la transparencia y participación, tampoco son suficientes.
La información concerniente al monitoreo del presupuesto público no debe ser solamente de fácil acceso, si no que también entendible. El Banco Integrado de Proyectos (BIP), el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE y su versión 2.0), Chile Indica, etcétera pueden ser estupendas plataformas de monitoreo del gasto público, pero en su mayoría están reservadas y diseñadas exclusivamente para funcionarios públicos y no dan muchas luces sobre la transparencia y probidad con la que los recursos fueron licitados o ejecutados.
Por último ¿cómo resolver estas limitantes? ¿son necesarias oficinas regionales del Consejo para la Transparencia? ¿o bien observatorios regionales de transparencia y eficiencia en el gasto público? Sea cual sea la o las soluciones, se debe considerar que para fortalecer un sistema de control del gasto público a nivel regional cuyas acciones de monitoreo provengan primordialmente de la ciudadanía, resulta necesario ver cómo acercar toda esta información a la gente.
En el fondo, se trata de legitimar a través de la participación ciudadana, la transparencia y probidad del uso de los recursos públicos que son o serán utilizados en el proceso de descentralización que las regiones de este país hace años piden a gritos.
