Nuestra región, la maravillosa Aysén, posee características sobre las que es imprescindible debatir. Basta, por ejemplo, observar el mapa para constatar la enorme proporción de agua no dulce contenida en fiordos y canales, o la extensa dimensión del borde costero configurado en el perímetro de miles de islas, islotes o islitas. La cantidad de agua dulce corriendo libre en magníficos ríos incontenibles y el enorme volumen de masas de hielo que termina por configurar las reservas de agua bebestible más valiosas del planeta. Los bosques nativos, la fauna y la flora marina y terrestre, la cultura entronizada y el orgullo de la pertenencia terminan por darnos la característica de territorio único y valeroso.
El sistema acuático no continental, de fiordos, canales y mar oceánico construye ecosistemas aún no entendidos cabalmente, la biodiversidad dominada por cetáceos, carnívoros, escualos y aves marinas en permanente adaptación a la presión humana sostiene riquezas de carácter científico, económico y ambiental. Merluzas, congrios, rayas, reinetas, róbalos, rollizos, algas, caracoles, pulpos y erizos, son sólo parte de los bienes públicos que podemos encontrar en nuestro mar –porque son Bienes Públicos, de todos y todas las chilenas, recursos que pueden ser extraídos por los hombres y mujeres inscritos como pescadores artesanales– y que a causa del Sistema de Libre Mercado, terminan en las mesas de europeos o de alguna casa de ese 5% dueño de casi todo. Los esfuerzos, entonces, de pescadores artesanales, microempresarios dueños de pescaderías o restoranes, terminan por golpear con un sólido muro de indiferencia selectiva. En el lado occidental, los cuerpos de agua dulce contienen la energía suficiente para hacer despegar a nuestra República, para calefacción de los hogares y para movilizar las industrias; sin embargo, nuevamente el sistema rector actúa en contra de la ciudadanía y de los trabajadores.
La biodiversidad, la riqueza de especies por ecosistema es otro enorme valor de nuestra región y de la humanidad, se estima razonablemente que la pérdida de biodiversidad afecta negativamente las relaciones biológicas que directa o indirectamente afectan a la especie humana; la resiliencia de microorganismos patógenos asociada a la disminución de la riqueza de especies o el aumento de la dominancia específica no es sólo estimulada por el uso indiscriminado de antibióticos que aseguran altas utilidades, sino también por la pérdida de ecosistemas y biotopos.
Cabe preguntarse, entonces, ¿qué gana el pueblo con este comportamiento?
El modelo productivo de Chile ha sido altamente intensivo en la explotación de los bienes naturales, el sistema ha considerado a los trabajadores y a la materia prima como una parte de una ecuación productiva, a esto nos han acostumbrado, esto es lo que nos han enseñado. Sin embargo, siempre existe otra mirada, la fuerza de los trabajadores y la materia prima son una parte de un acuerdo social, de un acuerdo que debiera ser estudiado y sellado sobre la base de igualdad de condiciones negociadoras: por una parte el inversionista con los recursos monetarios, por otra los trabajadores con la fuerza de trabajo, y finalmente el Estado con los bienes naturales. Un trato social planteado de esta manera parece de toda lógica, pero en nuestro país existen numerosas fuerzas legislativas, incluso constitucionales, que evitan el funcionamiento del pensamiento cartesiano, induciendo a la injusticia y la inequidad.
Vamos entonces con un ejemplo: un cuarto (25,7%) de los niños mayores de 6 años están mal nutridos debido al acceso segregado a proteínas y vegetales; de esta manera, mientras una pequeña fracción de la población nacional tiene acceso a carnes de buena calidad, existe otra que sólo tiene acceso a embutidos o cortes de propiedades inferiores. Otro hecho concreto es que toda vaca, cordero, chancho, pollo o salmón tiene un dueño, y de acuerdo al pragmatismo evidente, estas fuentes de proteína no pueden ser usadas con el propósito de disminuir la segregación alimenticia. ¿Por qué no? Porque son propiedad privada y de acuerdo a esta característica fundamental su comercialización se rige por las leyes de la oferta y la demanda. Establecido este punto, volver sobre lo antes mencionado, que los peces son un bien natural y público (propiedad del Estado) al que tienen acceso extractivo los pescadores artesanales –los pescadores artesanales tienen acceso al 50% de los peces potencialmente extraíbles–, BIEN NUTRIR a nuestra población entonces no parece ser una tarea difícil de cumplir, los hechos expuestos demuestran que sólo hace falta que los peces extraídos por las y los artesanales sean utilizados para alimentar a los hijos de las obreras, a las hijas de los pobladores.
El empeño, mediante el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), está puesto en entregar todas las capacidades a esos hombres y mujeres que salen a la mar a extraer sus riquezas, mejores naves, de mayor eslora para que accedan al agitado mar fuera del sistema de canales, una planta de procesos pesqueros que transforme el músculo salado en porciones comercializables, y una unidad comercializadora que se preocupe de llevar las mejores proteínas del mundo a los niños y niñas de la JUNJI y la JUNAEB, a los enfermos de los hospitales, y al pueblo que siempre ha estado colaborando con su fuerza de trabajo a la construcción de esta República que tantas veces le ha dado la espalda.
Estamos a las puertas de empoderar a los trabajadores, de terminar con la segregación educacional, de escribir una nueva Constitución que determine cómo se estructura el pacto social que relacione las fuerzas de la nación. La tarea es ardua, pero imprescindible, todos y todas estamos llamados a ella.
