La experiencia latinoamericana considera las “cuotas de empleo” entre un 2% y un 4%, para fomentar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo, con efectos probados en mayor autonomía y con la consiguiente menor dependencia de subsidios o pensiones. El mecanismo de cuotas puede ser, entonces, la puerta no solo a un ejercicio pleno de un derecho humano sino al “alivio” para el Estado.
Con el lanzamiento de la campaña Teletón hace unos días, la discapacidad vuelve a la agenda pública. Y con ello, la necesaria concientización en un país donde el Estado no se ha hecho presente con el énfasis necesario en la rehabilitación de niños y jóvenes.
Sin embargo, la mirada sólo desde este ámbito se nos hace insuficiente a la hora de avanzar hacia la igualdad de derechos de las personas en situación de discapacidad, y es allí donde hay que puntualizar, aprovechando los exiguos momentos en que la discapacidad es objeto de discusión.
Es imperativo avanzar, entonces, hacia la inclusión plena y efectiva, que sólo se entiende en la medida en que los derechos humanos de nuevo tipo son valorados y promovidos, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al goce pleno del entorno, entre otros. En este sentido urgen bajadas concretas para que el espíritu de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y nuestra Ley 20.422, se hagan efectivas en la cotidianeidad de las personas con discapacidad. Ambos instrumentos reconocen como necesarias las medidas de acción positiva para contrarrestar una situación de desventaja, dadas las condiciones socioculturales.
[cita]La experiencia latinoamericana considera las “cuotas de empleo” entre un 2% y un 4%, para fomentar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo, con efectos probados en mayor autonomía y con la consiguiente menor dependencia de subsidios o pensiones. El mecanismo de cuotas puede ser, entonces, la puerta no solo a un ejercicio pleno de un derecho humano sino al “alivio” para el Estado.[/cita]
No se trata de privilegiar a un grupo específico por sobre otro. Se trata de corregir situaciones de desigualdad; de reconocer que hay condiciones de nacimiento o que sobrevienen y que, en interacción con el entorno, han puesto a algunos de nosotros en situaciones de discapacidad o dificultad mayor frente a la sociedad (el trabajo, la educación, la libre circulación, etc). Estas medidas sólo buscan igualar las condiciones para poder desarrollarnos todos individual y colectivamente, sin importar si estamos o no en una situación de discapacidad.
Urge entonces avanzar en inclusión educacional con la Reforma como gran oportunidad para hacer carne el carácter inclusivo que se propone, y considerar, por ejemplo, sistemas no estandarizados de evaluación en todos los niveles, que valoren la diversidad como un aporte a la comunidad educativa.
En el ámbito laboral es necesario avanzar hacia medidas de acción positiva, que no estén basadas en la voluntariedad de una determinada empresa o institución para ser parte. Por ello, la aplicación de una cuota de contratación en los sectores público y privado puede ser el catalizador que provoque un cambio cultural que, en el mediano plazo, haga innecesario el mecanismo.
La experiencia latinoamericana considera las “cuotas de empleo” entre un 2% y un 4%, para fomentar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo, con efectos probados en mayor autonomía y con la consiguiente menor dependencia de subsidios o pensiones. El mecanismo de cuotas puede ser, entonces, la puerta no solo a un ejercicio pleno de un derecho humano sino al “alivio” para el Estado.
Así, consideramos que la educación y el trabajo son dos elementos bisagra para la inclusión plena de la discapacidad, ya que son el vehículo para la participación social en igualdad de condiciones. Bajo este entendido, es necesario que estos derechos básicos estén garantizados en la práctica, aunque para ello se requieran medidas no voluntaristas por parte del Estado.
La Teletón puede aspirar a conmover a partir del “somos todos”, mientras que el Estado debe actuar para que los derechos sean, efectivamente, de todos.
En esta tarea de largo aliento que requiere voluntades urgentes, la Comisión de Derechos Humanos de Revolución Democrática sumará sus esfuerzos con la convicción de que sólo así se construye un país justo para todos.
