Los grandes medios de comunicación comienzan a desviar el debate hacia otros aspectos para que de este modo la opinión pública no se focalice en el asco que suscitan conductas reñidas completamente con la ética pública y que lesionan gravemente el funcionamiento del sistema político democrático. El problema no es el lucro, sin duda una forma de retribuir el trabajo, sino el robo, el abuso, la usura. Pero como están las cosas, todo se confunde.
En la actual época, no cabe duda que se está desarrollando un intenso combate cultural relacionado con la forma como entendemos la convivencia, cómo el modo de desenvolver la actividad económica, cómo esta se organiza en grupos empresariales poderosos que influyen en la política. Un combate cultural sobre el sentido y valor de la vida, cuando comienza ésta y cuando termina, qué amparo y protección se ha de otorgar a los nuevos seres humanos; sobre cómo se desarrollan las comunidades existentes entre las personas y el estado; sobre qué educación y cultura se quiere para el país y sobre cómo se debe desarrollar el mundo laboral al interior de la empresa.
Diversas tendencias y concepciones filosóficas, políticas, económicas e ideológicas se confrontan en los escenarios políticos, comunicacionales, económicos y gubernamentales. Algunos apuntan a una mayor intervención del estado. Otros alientan un profundo individualismo, para que las personas puedan hacer cualquier cosa, sin ningún control; así se aspira a disponer de la vida de los nuevos seres humanos, concebidos biológicamente, sin limitación alguna; la actividad política relevante, en el ámbito parlamentario y electoral aparece muy influida por el manejo del dinero; se observa una ausencia completa de conciencia de ilicitud en quienes cometen ilícitos financieros y tributarios; una persecución penal que discrimina abiertamente entre los sectores más poderosos que concurren a declarar cuando son investigados por delitos sin esposas, sin detención, bien arropados; y las personas pertenecientes a los sectores medios y popular, que cuando incurren en ilícitos penales, tales como hurto de trutros de pollo o lesiones leves, son esposados y detenidos rápidamente, pasan noches en comisarías, son llevados a las audiencias de control de detención en carros celulares y los reciben los jueces de garantía. Estos últimos detenidos por delitos como los señalados son materia de una persecución intensa e inmediata; en tanto que otros que han incurrido en ilícitos tributarios relevantes, tienen importantes defensas, son entrevistados a través de los medios de comunicación, hablan solo de haber cometidos algunas irregularidades, una suerte de diabluras, pero no reciben la condenación de sus pares. Durante la tramitación de la última reforma tributaria hubo una movilización colectiva de los sectores empresariales, ninguno de los cuales ha hablado condenando, sin embague, los hechos que conmueven a la opinión pública y que se relacionan con el financiamiento de las campañas electorales.
Parlamentarios cuyas campañas políticas fueron financiadas a través de procedimientos reñidos con la legalidad y fe pública, no se formulan un real reproche, sólo hablan de irregularidades como si se tratara de un exceso de velocidad en carretera; permanecen en sus cargos; no hay acuerdos ni de la Cámara de Diputados ni del Senado que hayan concurrido a reprochar públicamente tales conductas y a solicitar, a lo menos la renuncia y reemplazo de esos parlamentarios.
En el tema del inicio de la vida, de los nuevos seres humanos, se ha abierto un debate muy profundo sobre cuando comienza ésta; sectores autodenominados progresistas promueven con hipócrita sordina, que lo buscado es una nueva legislación que permita disponer, en cualquier modo, de la vida de los concebidos en el seno materno, antes de su nacimiento, a través de abortos que entrarían a ser legitimados definitivamente. Dentro de este debate presenciamos como algunos actores políticos las emprenden en contra de la iglesia católica y otras iglesias, y las califican de conservadoras porque defiende el derecho a la vida, en todos sus ámbitos como lo hicieron en la dictadura militar.
Todos estos temas que hemos enunciado dan cuenta de algo que puede ser a la larga muy beneficioso para el país, siempre y cuando se haga claridad. Así como la claridad debe ser la cortesía del filósofo –como sostenía Ortega y Gasset-, la claridad de igual modo debe presidir este debate cultural. Este no debe ser eludido. Es un deber esencial participar en él, hacer valer los respectivos puntos de vista y las visiones filosóficas y culturales que se tengan, sin temor de ninguna especie, y sin discriminaciones. Los partidos políticos sin duda, pero también en primera línea todas las organizaciones culturales y sociales.
Dejemos a un lado esas auto calificaciones de progresistas y los motes de conservadores. Queremos entrar derechamente al debate de las ideas.
II
Observamos que se enfrentan en Chile visiones muy opuestas sobre el respeto a la vida y desde cuando ella existe; materias en la que interviene el derecho, hasta el análisis circunstanciado de los modernos descubrimientos genéticos, en especial de la embriología. Todos los planteamientos tan antagónicos, curiosamente dicen defender los derechos humanos. Unos, de los que están por venir y que ya son personas en potencia y sujetos de derechos, no solo morales; y los derechos humanos que se invocan respecto de las mujeres que procrean, para disponer de la nueva vida concebida, con la más entera libertad. Los derechos humanos entendidos en este marco tan amplio se hacen así inconciliables y aparece una frontal lucha ideológica en el más alto sentido de la palabra. Paradójicamente se instala en Chile, con tanta fuerza como el neoliberalismo económico, una concepción de libertades sin límites, en todo orden de cosas; un verdadero neoliberalismo de nuevo cuño en el ámbito de los derechos humanos en su aplicación concreta respecto de la vida de los seres humanos.
También se enfrentan en la sociedad y no solo en lo político los deseos de constituir matrimonios de distinto tipo y distintas sociedades de ayuda mutua amparadas por audaces formas jurídicas; que por ahora se limitan a la unión de dos personas y eventualmente al derecho a adoptar que tendría cualquier forma de matrimonio que defina el legislador. Ya el matrimonio no sería entre un hombre y una mujer, que es la esencia del mismo, sino que podría ser cualquier otra cosa diferente; ya que el nuevo neoliberalismo todo lo permite, hasta cambiar la esencia de las cosas.
No contento con lo anterior se abalanza el debate sobre la vida y la muerte y, amparándose en el derecho humano personal a vivir, se incuba el derecho en casos límite a no vivir, es decir, al que un ser libre decida por sí y ante sí querer dejar de ser persona. La eutanasia, la supuesta muerte buena, ha adquirido ciudadanía en el mundo político y algunos la esgrimen también con prepotencia como bandera de lucha de un seudo progresismo. Hay mucho de radicalismo en esta nueva forma, que es muy vieja, de entender la vida. Hay que prescindir de las personas de la tercera o cuarta edad y abrirle el camino para que terminen con sus vidas, en situaciones extremas. Algunos no lo dicen con claridad: quieren abandonar a los hombres y mujeres de edad avanzada, transformarlos en una materia plenamente prescindible. Se pierde, así, completamente, el sentido de la vida y se trastrocan los valores, se esconde un profundo egoísmo tras un espejo falso, seudocientífico.
Pero no solo en este ámbito de materias se desarrolla esta lucha cultural. Cualquier observador podrá darse cuenta que en Chile se enfrentan claramente dos éticas respecto de lo que es una legítima ganancia; algunos sostienen que ésta debe ser excluida cuando se utilizan fondos o dineros públicos en materias educacionales. Incluso se pretenden tipificar delitos específicos estamos ya abordados en el ciego Código Penal. Otros afirman, que el lucro es legítimo en tales actividades. Lo cierto es que con leyes o sin ellas, el lucro ha penetrado en la sociedad chilena, no como la legítima ganancia, sino como una concepción de orden filosófico e ideológico, en el sentido que el dinero todo lo puede. La delincuencia de cuello blanco no tiene conciencia de ilicitud. El que maneja grandes cantidades de dinero, cuando delinque, no tiene un juicio de reproche; gruesos informes de derecho, avalarán sus conductas y las calificarán de meros desórdenes administrativos o irregularidades; así como en el pasado se decía que los crímenes de lesa humanidad, eran solamente simples excesos. Ahora cuando aparece el escándalo de las campañas electorales muchos actores de las mismas, piensan que sólo han incurrido en excesos, en algunas anormalidades o irregularidades, pero no en ilícitos penales.
Los grandes medios de comunicación comienzan a desviar el debate hacia otros aspectos para que de este modo la opinión pública no se focalice en el asco que suscitan conductas reñidas completamente con la ética pública y que lesionan gravemente el funcionamiento del sistema político democrático. El problema no es el lucro, sin duda una forma de retribuir el trabajo, sino el robo, el abuso, la usura. Pero como están las cosas, todo se confunde.
La discusión sobre estas materias se agrava cuando en definitiva el lucro penetra en la política y en particular en los procesos electorales; entonces la guerra cultural se plantea entre quienes desean que toda la política la financie el estado, incluyendo los partidos; y los que piensan que la actividad política, debiendo tener apoyo del estado, para igualar las condiciones en las competencias electorales, debe conceder libertad a los particulares para intervenir en las campañas o en el mantenimiento de movimientos ideológicos. Tanto una como otra posición, son visiones culturales contrapuestas y expresan modos de vida diferentes. Pero ambas llevan a la corrupción del sistema político. Si la política la financia el estado y éste controla el uso de los recursos públicos, nos hallaremos ante una actividad política fiscalizada por el gran estado. Esto a la larga conduce a la corrupción, a la pérdida de independencia. Si la política la financia el sector privado empresarial, llegamos igualmente finalmente a fuertes niveles de corrupción. Ya que dígase lo que se diga, siempre se tiene lealtad y múltiples agradecimientos respecto de aquellos que han puesto el dinero para que se llegue a ocupar cargos políticos relevantes. El señor dinero, en la trastienda del mundo político, y en la noche, cuando se elaboran acuerdos y consensos, entra claramente a funcionar. La oscuridad todo lo oculta. Sin embargo, poco a poco, se va formando una sensación pública de repudio masivo a tanto dislate.
En el plano social podemos citar dos batallas de esta misma característica. La primera la educacional, en la que lo que realmente se desea es desarrollar una gran sector educacional estatal. En este terreno se deslizan opiniones más radicales que desean terminar con la educación particular pagada y no limitarse solo a un control de la educación privada, ayudada por el estado. Se adorna el argumento muy bien ideológicamente, sosteniendo que si alguien puede recibir una educación pagada por sus padres, se crea una desigualdad de origen insoslayable y de clase, con lo cual nunca se logrará la efectiva igualdad aspirada; e incluso yendo ya más lejos, se escuchan voces que sostienen la necesidad de limitar la enseñanza de la religión, en una especie de renacimiento del viejo fantasma de lo que se caracterizaba como el opio del pueblo y por ende no solo no debería idealmente existir enseñanza religiosa en los colegios públicos ni aun en forma voluntaria y deberían desaparecer del currículum nacional los colegios confesionales y religiosos. Parece así que un sector dispara sus dardos contra la religión, lo que agregaría un grado de debilitamiento a la cultura de nuestros niños, ya que se ha debilitado adicionalmente la formación cívica a niveles inaceptables. En esta batalla algunos desean ciudadanos instruidos, en una cultura completamente laica, idealmente agnósticos; punto de vista el anterior que por cierto es legítimo sostener, en la medida que permita que los no ateos y agnósticos también reciban una formación de acuerdo con sus propios principios y valores.
En el importante tema laboral, después de muchos años, está en desarrollo una reforma legal orientada a materializar una transformación vital a lo que fue el plan laboral del gobierno militar. Lo que conocemos hasta ahora, nos parece bien inspirado; pero incuestionablemente, al igual que otras materias, echamos de menos la concepción que asocie el capital financiero, el trabajo del empresario y su patrimonio y el trabajo de las personas que laboran en la empresa. Mientras que la empresa no sea entendida como una comunidad moderna e inclusiva, una comunidad de personas, se seguirá entendiendo que la misma es únicamente una máquina destinada a producir ganancia, marginando al sector laboral y concibiéndolo como un elemento extraño que no participa al interior de la empresa, al que se visualiza como el enemigo interno y viceversa.
III
Los hechos expuestos son fácilmente comprensibles y responden a inquietudes propias de una sociedad abierta y moderna, pero por lo mismo no puede soslayarse que estas discusiones podrían producir fuertes fracturas sociales, sino se desarrollan con mucha delicadeza e inteligencia; porque los heridos y los que lo pierden todo, suelen sentirse en la orfandad respecto de su sociedad y el estado y eso resta a la unidad nacional que requiere ciertos consensos mínimos.
Alguno de estos problemas culturales llevados a la contingencia atraviesan a los partidos que dan sustento al gobierno actual y eso agrava la cuestión, ya que se requiere una gran capacidad política para mantener una unidad en las cuestiones programáticas y discrepar con real apertura, en otras, en las que no existirá acuerdo y que, a veces, son fundamentales. Por ello hay que darle la correcta velocidad a cada proceso. Hay un bien superior que debemos preservar, que es la unidad política conseguida para hacer transformaciones en democracia y sería muy alarmante que nuestros conductores no se dieran cuenta que, con toda esta KULTURKAMPF, de pronto nos encontremos todos disparándonos, todos contra todos, oposición incluida; intencional y decisoriamente sin tener claro que deseamos de la vida, de la familia, de la ética de los negocios o de la comunidad laboral o la libertad de enseñanza, en fin de la patria común.
Un debate solapado constituiría un fraude a la democracia y transformar estos grandes temas en ejes de campañas personales o de partidos una forma muy desvalorada de lo que son los ciudadanos.
Para los partidos políticos el tema no es de libertades de acción, porque ello significaría que se renuncia a toda ideología conductora de una organización vital intermedia, como son los partidos políticos que obedecen, por norma general, a concepciones de la vida, de las personas y de la sociedad, diferentes.
Aceptemos que el combate cultural puede traer un aliento favorable para el país, siempre que lo comprendamos como un debate de ideas, realizado con la máxima claridad y honestidad pública e intelectual; llamando las cosas por su nombre, no mintiendo ni defraudando a la opinión pública.
